Luz y Fuerza y Epec renegociarán su convenio a partir del lunes

El Ministerio de Trabajo de la Provincia se declaró competente para entender en la denuncia del convenio colectivo de trabajo cursada por Epec, por la cual la empresa demanda renegociar con los sindicatos de Luz y Fuerza varios puntos del acuerdo. La cita sería el próximo lunes a las 16.

Por Felipe Osman

La iniciativa que la semana pasada presentó Epec, buscando renegociar una serie de ítems en el convenio colectivo de los empleados de Luz y Fuerza, generó una gran resistencia en el combativo sindicato capitaneado por Gabriel Suarez (secretario general) que no sólo decidió realizar asambleas diarias sino que, ante la firmeza de la empresa estatal, convirtió a estas asambleas en paros.
Pero este endurecimiento del reclamo no obró el efecto esperado. Al contrario. El gobernador Juan Schiaretti respondió con una nueva muestra de tenacidad y envió a la Legislatura un proyecto para establecer el ingreso por concursos públicos a “todo organismo dependiente o controlado por el Estado”.
Esta normativa impulsada por el gobernador no tiene, en realidad, nada de novedoso. Simplemente dispone lo mismo que la Constitución Provincial en su artículo 174, que en su secundo párrafo reza: “El ingreso a la Administración Pública se hace por idoneidad, con criterio objetivo en base a concurso público de los aspirantes, que asegure la igualdad de oportunidades…”. Pero, eso sí, prevé que esta normativa se aplicará incluso a aquellas dependencias que, hasta el momento, hubieran estado regidas por leyes, convenios colectivos o estatutos que establecieran una modalidad diferente. El texto alude inequívocamente a Epec, aún sin nombrarla.
Pero el mero cumplimiento de estos principios constitucionales ya choca con lo dispuesto por el convenio colectivo lucifuercista, que establece en su artículo cuarto que el sindicato manejará una “bolsa de trabajo” y la empresa, ante la necesidad de cubrir vacantes, deberá solicitar al gremio que proponga a los trabajadores necesarios para ocupar los puestos en cuestión. Que, como es de esperarse, no son los más idóneos, sino los hijos, sobrinos, hermanos y primos de.
Ante la entrada de este proyecto al recinto legislativo, portavoces de Luz y Fuerza se apresuraron a declarar que una ley provincial no podría alterar la vigencia del Convenio Colectivo de Trabajo lucifuercista, por ser este de carácter nacional.
Pero más tarde, el célebre abogado laboralista y ex ministro de Trabajo de la Provincia, Jorge Sappia, opinó –en declaraciones a Cadena 3- que el Ministerio del Trabajo de Córdoba debía intervenir. Y fundó su postura en varias razones.
En primer lugar, Sappia entendió que el convenio colectivo en cuestión, que data de 1975, fue aprobado por un decreto del interventor federal de la provincia (el brigadier Raúl Oscar Lacabanne), antes de ser homologado por el Ministerio de Trabajo de la Nación. Y que además debía tenerse en cuenta que en ese momento la Provincia había delegado sus potestades en materia de relaciones de trabajo a la Nación, y no tenía ningún organismo vinculado con la materia laboral en la provincia. El especialista explica, entonces, que no existía otra posibilidad que que la homologación del convenio se llevara a cabo por el Ministerio de Trabajo de la nación, porque había una delegación en materia laboral hacia esa cartera nacional.
La postura adoptada por el ministro de Trabajo de la Provincia, Omar Sereno, es más próxima a la de Sappia que a la de los abogados de los sindicatos de Luz y Fuerza.
El Ministerio de Trabajo provincial se declaró ayer competente para entender en la denuncia del convenio colectivo de trabajo presentada por Epec, y así lo notificó a los gremios de Luz y Fuerza de Córdoba, Río Cuarto y Villa María. Además, cito a las partes a una audiencia para iniciar las negociaciones, que tendrá lugar el próximo lunes a las 16.
Entre los principales ítems del convenio que se discutirán están el régimen de descuentos en el servicio a los empleados (que cuentan con una cuota de kilovatios gratuita y subsidios de hasta un 80 por ciento en los excedentes), el establecimiento de parámetros más acotados para el otorgamiento de una Bonificación Anual por Eficiencia (que actualmente reciben indistintamente todos los empleados), el régimen de licencias por enfermedades inculpables (actualmente las carpetas médicas pueden durar hasta tres años, cuando la Ley de Contratos de Trabajo -normativa de principios mínimos- establece un año como máximo), y modificaciones en el mecanismo de ingreso a la empresa, en el que el sindicato tiene actualmente una enorme injerencia.