Por Felipe Osman
El 22 de marzo el Concejo Deliberante votó otorgar preferencia a un proyecto de resolución presentado por el bloque Vamos para que fuera tratado en la sesión de ayer. En él, los concejales capitaneados por Tomás Méndez proponían invitar a representantes de las tres empresas que buscan hacerse con el mayor contrato de la ciudad: el servicio de recolección de residuos, al que el municipio tiene previsto destinar 14.000 millones de pesos durante los próximos ocho años.
Sin embargo, llegada la oportunidad, el cuerpo decidió desestimar esta preferencia. En rigor, no se votó en contra del proyecto, pero se decidió que éste vuelva a la Comisión de Servicios Públicos, para ser tratado allí.
Se desconocen las razones de este paso atrás, pero resulta al menos llamativo que lo que hasta hace poco menos de un mes parecía un certeza –a saber, la comparecencia las oferentes ante el Concejo- no cuente ahora con el apoyo de la gran mayoría del bloque oficialista. Desde la bancada de Juntos por Córdoba dicen que nada. Pero sólo los ediles que responden al Legislador Provincial Miguel Nicolás, que suelen tener juego propio, sostuvieron su apoyo inicial a la iniciativa de Méndez. El resto, votó su regreso a comisión.
Entonces, ¿qué cambió entre el 22 de marzo y la sesión de ayer? Si hablamos de la licitación de la basura, muchas cosas.
El pasado miércoles 4 de abril se conocieron las ofertas económicas de las tres competidoras por la adjudicación del servicio de recolección. Y hubo sorpresas. Lusa, actual prestadora del servicio en el norte de la ciudad, presentó la propuesta más competitiva en los sectores Norte y Sur de; y la Ute Solvi-Caputo, la oferta más económica en la zona central, y la segunda mejor oferta en la zona sur.
Este escenario sería muy promisorio para el tándem compuesto por la brasileña Solvi y Caputo. Sobre todo porque Lusa, aún ofertando el precio más competitivo en las zonas norte y sur, no puede obtener la concesión de ambas, ya que resultaría monopólico. Y más aún si se toma en cuenta que forma parte del Grupo Ersa, que tiene bajo su control más del 60 por ciento de la prestación del servicio de transporte.
Pero las debilidades de la oferta de Solvi se encuentran, principalmente, en otro sitio. El equipo legal de Cotreco prepara -como adelantó Alfil en su edición del lunes- una impugnación que golpeará a la propuesta de su competidora brasileña bajo su línea de flotación. Como se adelantó, altos directivos de Solvi se encuentran procesados -en algunos casos, incluso condenados- por delitos ambientales y defraudaciones al Estado. Y los pliegos de contratación y demás normativa municipal establecen que no podrán competir en licitaciones con el municipio empresas que hayan sido condenadas –o incluso sólo procesadas- por esta clase de delitos.
Si los representantes de las oferentes eran invitados a concurrir ante el Concejo, no caben dudas de que los enviados de Solvi serían quienes deberían dar más explicaciones y, por lejos, también las más difíciles. Si por otro lado rehusaban la invitación, tampoco hubiera esto lucido bien.
A su tiempo, desde el Palacio 6 de Julio necesitan a que una tercera competidora llegue con buenas chances a la etapa de mejoramiento de ofertas, que tendrá lugar en los próximos días, y que funciona como una “ronda de regateo” en la que el municipio buscará abaratar las propuestas económicas de las oferentes.
¿Podría leerse entonces este paso atrás del Concejo, que ha decidido devolver a su tratamiento en comisión la iniciativa del bloque Vamos, como una “ayuda” a Solvi?
Oferta económica
La impugnación que Cotreco presentará tiene, además, un costado puramente económico. La actual prestadora de la zona sur indica que existen inconsistencias en la elaboración de las ofertas económicas de sus competidoras, y que esto les ha posibilitado presentar propuestas más competitivas a costa de hacer cálculos inexactos de los costos que insume la correcta prestación del servicio.
En el caso de Lusa, en el propio cuerpo de la oferta económica se incluyó una nota aclaratoria de que los valores cotizados no tienen en consideración el último aumento de sueldos del Surrbac, lo que incrementaría el precio en un 12 por ciento. Un cálculo que tuviera en cuenta este elemento, haría que la oferta de Cotreco fuera más competitiva en las zonas centro y norte.
La Ute integrada por Solvi-Caputo, por otro lado, interpreta el costo salarial bajo un convenio que no es el vigente (Surrbac), sino el de Camioneros. Además, no considera la previsión para indemnizar al personal, que según la regulación debe ser indemnizado cada vez cambie la empresa que ejecuta la prestación del servicio, y no incluye los costos asociados a la tercera frecuencia de recolección diaria (zona central), establecida en pliego. De esta manera en su cotización no está considerado el costo de cuarenta y dos operarios que quedarían sin trabajo.
