Por Marcos Duarte
Repentinamente, las tribus que se reconocen como tributarias de la variopinta tradición del peronismo parecen haber recuperado el interés por el control de la estructura formal del PJ. Hasta hace unos días, tirios y troyanos estaban embarcados en una disputa de cumbres políticas por fuera de los ámbitos orgánicos partidarios.
Durante la última década, el desprecio por el debate interno y los sectores minoritarios dentro del justicialismo fue una constante. De hecho, no es la primera vez que la jueza María Servini de Cubría ordena la intervención judicial del PJ.
En el año 2005 dictó una resolución en el mismo sentido y designó interventor a un dirigente cercano a Alberto Fernández. Los fundamentos eran casi idénticos y el mayor beneficiado fue Néstor Kirchner quien pretendía hacerse con el control partidario. La situación no cambió desde entonces, el kirchnerismo fue pródigo en el desprecio hacia lo que denominaron peyorativamente “pejotismo”.
A pesar de esto, la designación de Luis Barrionuevo como interventor partidario y el consecuente desplazamiento de la conducción actual produjeron un despertar del sentimiento de pertenencia hacia la histórica sede se la calle Matheu. Todos los actores involucrados expresaron su punto de vista sobre la situación.
José Luis Gioja, hasta hace unos días presidente del PJ nacional, intentó generar una ola de solidaridad en rechazo a la intervención judicial. Convocó a todos los gobernadores peronistas a una reunión que, al no poder realizarse en la sede partidaria, tuvo que mudarse a la sede de una fundación vinculada a dirigentes afines.
Sin embargo, el abanico de apoyos que consiguió no difirió del que asistió a la última reunión del Consejo Nacional Justicialista realizada unos días antes de que la justicia emitiera el fallo en cuestión.
Los únicos mandatarios provinciales que se arrimaron a la cumbre fueron el puntano Alberto Rodríguez Saá y la catamarqueña Lucía Corpacci. El resto de los caciques territoriales prefirieron, en el mejor de los casos, enviar mensajes de consternación por la situación del partido. La plana mayor del kirchnerismo también se acercó a acompañar al sanjuanino.
En el mismo sentido, la bancada de senadores que orientan Miguel Pichetto y Carlos Caserio emitieron un comunicado en el que expresaron su lectura sobre el tema. “Como integrantes del Poder Legislativo Nacional respetamos los actos de otro poder del Estado, como lo es el Judicial. Sin embargo, en relación al fallo de la jueza federal María Servini de Cubría, que dispuso a través de una medida cautelar la intervención del Partido Justicialista Nacional, advertimos sobre la inconveniencia de la judicialización de los procesos políticos que se desarrollan en la vida de los partidos”, rezó el texto que firmaron los representantes del PJ en la cámara alta.
En otro párrafo, el documento deja entrever la pobre consideración del sector que responde a los gobernadores sobre la gestión del sanjuanino al frente del partido. “Más allá de las opiniones y valoraciones que cada uno pueda tener y hacer acerca del desempeño de las autoridades del PJ Nacional, no es el proceso judicial el ámbito en el que deben dirimirse cuestiones que hacen a la reorganización y la renovación que juzgamos indispensable para que nuestro PJ vuelva a ser una opción real y posible de gobierno en nuestro país”, afirmaron los senadores.
Carlos Caserio, quien además preside el justicialismo cordobés, se expresó en un sentido similar resaltando el divorcio político que mantiene hace tiempo el peronismo local con la conducción nacional. “Estamos sorprendidos. Hace mucho tiempo que, si bien somos el Partido Justicialista en Córdoba, no somos parte del PJ nacional; no hay ningún representante nuestro a nivel nacional, porque no compartimos las políticas y decidimos no participar”, sostuvo en declaraciones a Cadena 3.
Además, afirmó que la mejor manera de encauzar la situación es una convocatoria a elecciones internas, un viejo reclamo del PJ Córdoba.
Gioja, por su parte, convocó a un congreso partidario desde su exilio político. Paradójicamente, era uno de los temas que debía haber tratado el Consejo Nacional que sesionó antes de la intervención, pero no consiguió aunar criterios entre los asistentes. La fecha que propuso el sanjuanino es el 19 de mayo. Por ahora, no hay indicios de que corra mejor suerte que los intentos anteriores.
