Contraataque de municipios PJ, con receta UCR

Los intendentes de Unión por Córdoba accionarán en conjunto. Preparan una lluvia de proyectos de ordenanza para reclamarle al gobierno de Cambiemos una equitativa distribución de fondos federales administrados por Rogelio Frigerio.

Por Yanina Soria
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pjLa guerra política iniciada por los intendentes de Cambiemos bajo el comando del radical Ramón Mestre contra el gobierno de Juan Schiaretti, suma una nueva batalla. Ahora, son los jefes comunales de Unión por Córdoba (UPC) quienes saldrán a disparar munición gruesa contra la administración de Mauricio Macri también por el reparto por los fondos, pero en este caso, federales.
Mientras la liga de alcaldes UCR-PRO busca mantener encendida la llama del reclamo por más recursos coparticipables pese a que la Provincia planchó la discusión y delegó la resolución del conflicto en la Justicia, las comunas oficialistas se preparan para dar el contragolpe.
La primera acción fue hace unos días cuando, en pleno conflicto de Cambiemos vs Provincia, los jefes locales del interior le reclamaron públicamente a la Nación haber distribuido ya $ 1.800.000.000 -dijeron- exclusivamente entre municipios gobernados por Cambiemos y sólo la ciudad de Río Cuarto haya recibido $ 30.000.000. Documentación mediante, apuntaron al ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda que conduce el influyente Rogelio Frigerio. En ese momento, el bloque de intendentes de UPC bajo la dirección de Facundo Torres (Alta Gracia) resolvió formalizar un pedido de audiencia “con carácter de urgencia” con el funcionario macrista. Desde Buenos Aires la respuesta no tardó en llegar y se rechazó de plano la acusación y se cerró la puerta a la posibilidad de un encuentro con Frigerio por este asunto.
En la nota, los peronistas decían que motivaba ese requerimiento, “la imperiosa necesidad que los municipios y comunas gobernadas por nuestro signo político (PJ – UPC), sean incorporados como beneficiarios de los Programas Nacionales administrados por la cartera a su cargo que bajan directamente a los municipios sin conocimiento del Gobierno de la Provincia de Córdoba; y hasta el día de la fecha hemos sido excluidos de esa distribución de fondos”.
Además, por “la gravedad Institucional” de lo denunciado, el pedido de audiencia fue refrendado también por el senador Carlos Caserio, en su condición de presidente del PJ cordobés.
Ahora, los jefes comunales oficialistas preparan en sus respectivas localidades proyectos de ordenanzas mediante las cuales buscan ser facultados para iniciar un reclamo formal a Frigerio y solicitar la incorporación de cada uno de esos municipios como beneficiarios de los programas administrados por esa cartera.
La idea que surgió del bloque que los congrega es que, entre esta semana y la que viene, los intendentes justicialistas puedan aprobar esas iniciativas, pero además que los concejales de aquellos pueblos y ciudades donde UPC no es gobierno, también puedan poner en la mesa de discusión legislativa la supuesta discriminación que denuncian.
De esta manera, esperan que el tema penetre en la opinión pública y amortice la embestida de Mestre a quien acusan de montar una maniobra política disfrazada de planteo institucional.
Hasta aquí, la movida de los dirigentes peronistas responde -según sostienen con informe técnico en la mano- a un justo reclamo por diferencias en la bajada de fondos nacionales. Claro que en un contexto que ya combina el clima preelectoral con un planteo de gestión, la lectura no puede ser menos que política.
En términos generales, el justicialismo cordobés le reclama a la Nación lo mismo que Cambiemos le demanda al gobierno provincial. Sin embargo, el peronismo mientras espera la resolución judicial que ponga fin a la discusión con los intendentes de Cambiemos, activa mediante sus intendentes todos los mecanismos de defensa y blindaje ante las críticas contra Schiaretti.
Desde el bloque PJ dijeron que el macrismo “viola las reglas del federalismo e igualdad de oportunidades que deben guiar los destinos de nuestro país” y contraponen el accionar del Gobierno de Córdoba que, según dicen, distribuye los fondos según el índice de Coparticipación.