Mayor transparencia financiera de la política

La asistencia pública partirá de un fondo conformado por $ 96.425.000, mientras que el aporte privado ascenderá exactamente al doble.

Por Gabriel Osman

Signado tal vez por la polémica de presunto fraude en los comicios de 2 de septiembre de 2007, montada aparatosamente por Luis Juez, su competidor en aquel duelo, y desmentida en forma concluyente por la justicia electoral (la jueza Marta Vidal llegó a abrir más del 10% de las urnas a pedido del apoderado legal del partido del entonces intendente de Córdoba), Juan Schiaretti pasará a la historia como el más profuso impulsor de reformas al sistema electoral provincial.
Es probable que Schiaretti no quiera pasar a la memoria colectiva como un perfeccionador de leyes electorales. A juzgar por sus primeros cuatro años como gobernador y por lo ya hecho en su segunda administración, optaría seguramente por el de “hacedor”, dada la notable vastedad de su obra pública. Pero preferencias del titular del Ejecutivo al margen, las energías políticas puestas en la actualización normativa de las reglas de juego de la competencia electoral son muy visibles.
La semana pasada tomó estado parlamentario un proyecto de ley de financiamiento de las campañas electorales, que trata de superar las previsiones de la ley 9.571, que también lleva el cuño de su administración. Lo presentó la segunda autoridad de la Provincia, el presidente provisorio de la Legislatura, Oscar González, y lo suscribió al dorso el presidente del bloque de Unión Por Córdoba, Carlos Gutiérrez. Es decir, tiene claramente el tilde del peronismo en el poder, y debe suponerse un tránsito sin sobresaltos en el debate legislativo.
Brevemente. El primer gobierno de Schiaretti implementó el sistema de boleta única; luego, la ley 9.571 de financiamiento de las campañas electorales; poco después limitó a dos mandatos consecutivos a los legisladores provinciales y otros cargos electivos, como vocales del Tribunal de Cuentas e intendentes o jefe comunales, en este caso con una corrección a la Ley Orgánica Municipal que rige para los municipios que no tengan Carta Orgánica. No es el caso de la ciudad Capital, como otros municipios de primera categoría (más de 10 mil habitantes) que ya había impuesto este límite en la Convención Municipal de 1995.
El proyecto de González no es una enmienda a la ley 9.571. Tiene 42 artículos y un sinnúmero de incisos que importan una reformulación de sus alcances, aunque la reforma descansa sobre cuatro puntos principales, aumentando los aportes públicos y privados para el financiamiento de las campañas electorales y fijando restricciones y condiciones.
Multiplica casi por tres el aporte público para el financiamiento de las campañas electorales, que pasa del 1,3 por mil al 3,5 por mil del salario mínimo, vital y móvil, por elector habilitado para votar.
El 30 por ciento de este fondo se reparte por igual entre todos los partidos políticos o alianzas participantes de los comicios, y el 70 por ciento restante se distribuye en forma directamente proporcional a la cantidad de votos obtenidos.
Se flexibilizan requisitos para acceder a estos repartos: actualmente se exige haber alcanzado el 3 por ciento de los votos, rebajando esta exigencia al 1 por ciento.
Eleva los aportes privados casi en la misma proporción que los públicos, pasando del 2 por mil al 7 por mil del salario mínimo, vital y móvil
Desde el 1 de enero, con vigencia hasta el 30 de junio, el salario mínimo, vital y móvil es de $ 9.500 y el padrón electoral de la provincia roza ya los 2.900.000 electores habilitados para votar. A valores actuales, el fondo de financiamiento público ascenderá a $ 96.425.000 y el privado, a exactamente el doble. En números redondos, la asistencia pública y privada sumará, como tope, $ 300 millones. Una cifra más realista, aunque tal vez no totalmente realista.
Se descuenta un tratamiento legislativo sin mayores sobresaltos, tal vez de casi todo el arco político, aún de los partidos políticos chicos, convidados en el reparto, incluidos algunos sin bancas en la Legislatura. Y también rápido como lo podría exigir el calendario electoral. Nadie sabe con certeza la fecha que elegirá Juan Schiaretti para las elecciones gubernamentales, pero se supone que cuando más las despegue a las nacionales, mejor para sus posibilidades. Con seguridad serán en el primer semestre; probablemente en mayo o aún en abril, según vaticinan los más audaces.