Rige la nueva fórmula, pero está pendiente la reforma previsional

La modificación para determinar subas de haberes recorta el gasto en jubilaciones del Estado pero lo estructural sigue pendiente. Hay que darle sustentabilidad al sistema. El Gobierno pagó un costo político por los cambios pero son insuficientes.

Este mes hizo su debut la nueva fórmula de movilidad previsional. La actualización considera un 70% inflación y un 30% salarios y sustituye el antigua cálculo que operaba en base a dos ecuaciones; la primera establecía que las jubilaciones se ajustaban en partes iguales según la evolución de los salarios y los recursos tributarios con destino a Anses y estaba condicionada por una segunda que fijaba que el aumento nunca podría superar el incremento en los recursos per cápita de la Anses más un 3%.
La polémica que se produjo el año pasado cuando el tema se debatió en el Congreso –y que provocó un golpe a la imagen del Gobierno- no fue la fórmula sino el “empalme”; es decir, desde cuándo regía. Este mes se debería haber aplicado la vieja, en cambio se usa la nueva y los jubilados pierden con ese cambio.
Un trabajo de Idesa califica a la vieja fórmula como “compleja, poco transparente” y señala que condicionaba la actualización de las jubilaciones a la disponibilidad de recursos. Esto contribuyó a que no se aplicara correctamente. Un primer desvío se produjo cuando se decidió excluir a las moratorias del cálculo del ingreso per cápita del sistema.
“Esto evitó que la movilidad fuera afectada por la caída en los ingresos per cápita debido al otorgamiento masivo de beneficios sin aportes. Luego, se decidió no considerar en el cálculo la reducción de ingresos que produjo el fallo de la Corte devolviendo a las provincias el 15% de la masa coparticipable”, agrega.
Una manera de evaluar el impacto de estos desvíos es medir cuáles habrían sido los incrementos de jubilaciones entre 2009 y 2017 según fórmulas alternativas: con la antigua fórmula tal como se aplicó los haberse aumentaron un 950%. Aplicándola correctamente -sin dejar de lado las moratorias ni la pérdida del 15%- el aumento de las jubilaciones habría sido del 620%.
Si se hubiese aplicado la nueva fórmula el incremento habría sido del 770%. Estos datos surgen de estimaciones aproximadas pero muestran que si se hubiese aplicado estrictamente el antiguo cálculo, los aumentos nominales de las jubilaciones habrían estado por debajo de la inflación (estimada en el orden del 765% para el período).
Para Idesa fue necesario apartarse del diseño original “para evitar una licuación de los haberes en línea con la erosión financiera que produjeron las moratorias y el fallo de la Corte Suprema”. Un dato referencial interesante es que si se hubiese aplicado la nueva fórmula los aumentos habrían sido más moderados que los efectivamente aplicados pero superiores a la inflación.
El reporte apunta que, lamentablemente, estas consideraciones fueron obviadas al discutir el cambio de fórmula: “Cuando en lugar del debate sereno y racional prevalecen la improvisación, los prejuicios y el oportunismo el proceso de formulación de políticas se vuelve inconducente. Si a esto se agrega violencia, el resultado es el retroceso institucional”.
A criterio de la consultora, la consecuencia más negativa es que se generó un contexto muy adverso para abordar el desafío más importante que es acordar reglas que contribuyan a la sustentabilidad financiera y corrijan la gran cantidad de inequidades que tiene el sistema de previsión social. En síntesis, la reforma previsional de fondo.
La agenda de reforma debe revisar las reglas de acceso a la pensión derivada ya que con el diseño actual se promueve la duplicación de beneficios y se deja sin cobertura a hijos que la necesitarían; terminar con los regímenes de privilegio que jubilan a personas con menores edades o aportes y/o con mayores beneficios.
También debe fijar reglas de determinación del haber inicial que tengan en cuenta el salario durante toda la vida activa y que incentive, mientras sea viable, la postergación del retiro.
“Los cambios son urgentes, no solo porque seguir apelando al endeudamiento público para financiar déficit fiscal es una estrategia riesgosa y costosa, sino también porque el envejecimiento de la población tiende a agravar los desequilibrios”, plantea el texto.