Ya bien entrado en su séptimo año de gestión al frente de la Municipalidad de Córdoba, Ramón Mestre ingresó en una cuenta contra reloj para la adjudicación del servicio de recolección de residuos en la ciudad, aunque también pende el remate del proceso licitatorio para el reciclado y disposición final de esos residuos domiciliarios.
El proceso se ha demorado. Luego de algunas especulaciones, en el discurso inaugural del ciclo ordinario de sesiones del Concejo Deliberante, el 1 de marzo, el intendente dio vía libre a las propuestas técnicas de las tres oferentes (Lusa, Cotreco y Solvi-Caputo), pero no otorgó la adjudicación final del servicio, trámite que quedará, según informaron fuentes municipales, para fines de mayo, luego del estudio de las propuestas económicas contenidas en los sobres del segundo tramo del proceso.
El concurso público nacional e internacional se ha demorado, como decíamos, y también se ha tornado más complejo. Por sólo mencionar los principales problemas, es público y notorio que una de las tres oferentes, la UTE Solvi-Caputo, generó ruido en un primer momento por los vínculos políticos y de negocios de Nicolás Caputo con el presidente Macri (de quien Mestre es aliado en la alianza Cambiemos), disipados parcialmente cuando Caputo había vendió el 82% de su compañía a la constructora TGLT, en una operación de 109 millones de dólares. Trascendió que los compradores no tendrían mayor interés en seguir con el negocio de la basura.
No obstante, la UTE integrada por la gigante brasileña Solvi y su reciente nuevo socio, TGLT, respondió a requerimientos y especificaciones (información suplementaria por dudas o párrafos no muy claros en la oferta) solicitadas por la Municipalidad, lo que torna difusos sus verdaderos intereses.
Debe recordarse que la pata de la oferta que está en la UTE desde un principio, la gigante Solvi (opera en la Argentina con el nombre de Vega) se encuentra en Brasil en una situación judicial compleja, por estar implicada en la mega causa de corrupción brasileña llamada Lava Jato. A este antecedente y también en diciembre pasado, se sumaron denuncias por presuntos delitos de “polución atmosférica, polución hídrica, construcción de obras potencialmente contaminantes sin licencia ambiental, y elaborar un estudio ambiental total o parcialmente falso o engañoso”.
Andrada
El otro problema para el poder concedente, el municipio, es la pésima relación que existe entre el gremio local de los recolectores, el Surrbac comandado por Mauricio Saillén, y el mandamás de los camioneros, Hugo Moyano, al cual responde Marcelo Andrada, secretario general del Sindicato de Recolectores de la Provincia de Santa Fe, en donde Solvi (Rosario) presta el servicio en cuestión. Obviamente con los obreros encolumnados en el gremio que maneja Andrada, a su vez federado en Camioneros. El sindicalista formuló declaraciones cautas pero igualmente nítidas. “Nosotros estamos en contra de los sindicatos por empresa y si, como algunas versiones indican, la licitación termina en manos de Solvi, trataremos de convencer a los trabajadores para federarlos”. Agregó que “las empresas Lusa y Cotreco tampoco están nucleadas en la Cámara Nacional de Empresas de Recolección de Residuos, a diferencia de Solvi que sí lo está”.
Pascual Catrambone, secretario de Rama e Interior del Surrbac y alter ego de Saillén, formuló sombrías advertencias sobre un posible futuro conflictivo para el vital servicio en la ciudad. Sobre las expectativas del gremio rosarino y la posibilidad de federarlo nuevamente en Camioneros, dijo que “Solvi no ha tenido ni siquiera la delicadeza de sentarse a conversar con el Surrbac”.
“Empezaron con el pie izquierdo. Me parece que va a haber problemas y más si quieren sacarnos los trabajadores. Además, Camioneros es un gremio conflictivo; nosotros somos exigentes en la negociación pero después trabajamos y cumplimos. No sé qué quiere Solvi pero si sigue así va a venir acá para fundirse”, remató.
