Misión por el “caso Zaffaroni” para Negri y Massot

Suscribieron un proyecto de resolución que insta al Poder Ejecutivo a poner en marcha “todos los medios legales y constitucionales a su alcance” para que el argentino sea apartado de la CIDH.

zaffaroniEl último de los muchos exabruptos con alto voltaje político y militante del ex ministro de la Máxima Instancia nacional y actual juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Eugenio Zaffaroni, está lejos de haber pasado al olvido.
La misión de los representantes oficialistas para que el “caso Zaffaroni” tenga consecuencias está en marcha. Con el respaldo del cordobés Mario Negri, el diputado nacional Fernando Iglesias presentó un proyecto de resolución para que la Cámara Baja pida la remoción del penalista del tribunal internacional, en virtud de lo que al autor del texto definió como “su manifiesta inhabilidad moral, su actuación partidista incompatible con sus funciones y su reiterada desvalorización de los principios democráticos”.
Paralelamente, en la iniciativa que suscribieron también Nicolás Massot y Pablo Tonelli, Iglesias insta al Poder Ejecutivo Nacional a poner en marcha “todos los medios legales y constitucionales a su alcance” para que el argentino sea apartado de la CIDH.
Al igual que otros detractores del ex supremo, los promotores del reclamo desplegaron munición gruesa y apuntaron a uno de los temas más espinosos para el gurú de Justicia Legítima: su pasado. Así, valoraron que la designación de un juez de la última dictadura militar argentina en la Corte Interamericana fue contraria al sentido de protección de los derechos humanos del organismo.
Cabe recordar que Zaffaroni fue nombrado magistrado nacional en lo Criminal de la Capital Federal por Jorge Rafael Videla, en 1976.
Negri, Iglesias, Massot y Tonelli se encargaron de precisar que el abanderado del garantismo juró su cargo por el Estatuto del Proceso pocos días después de derrocado el gobierno constitucional y que está demostrado que rechazó sendos hábeas corpus presentados por familiares de desaparecidos.
Paralelamente, manifestaron que las conductas inapropiadas de Zaffaroni y su desprecio por la democracia evidenciado en sus últimas declaraciones, cuando propaló que era su “deseo personal” que la actual Administración no llegue al 2019, son motivos más que suficientes para que sea removido del cargo que ocupa desde el 2016.
Además, en los fundamentos de la resolución recopilaron el extenso historial de actos indecorosos del juez y alentaron a sus seis pares en el organismo a ponerle un freno, bajo la premisa de que carece de imparcialidad e independencia.
Hace dos semanas, a poco menos de un año de asegurar que si Alberto Nisman estuviera vivo lo ahorcaría por obligarlo a leer su denuncia en contra de Cristina Fernández de Kirchner y de varios integrantes de su gobierno por el presunto encubrimiento del atentando a la AMIA, Zaffaroni protagonizó otro episodio escandaloso y nuevamente se inmiscuyó en asuntos de política interna.
Los dichos del juez generaron una catarata de críticas de distintos sectores y le dieron mayor sustento al punto de vista de la Asociación Civil Usina de Justicia, que a mediados del 2016 objetó su conducta e impugnó su cargo ante la CIDH por segunda vez.
La ONG fundada por la filósofa Diana Cohen Agrest planteó que la Convención Interamericana de Derechos Humanos y el estatuto del Tribunal regional establecen que sus miembros no pueden hacer manifestaciones que afecten su independencia e imparcialidad y aseguró que Zaffaroni ignora sistemáticamente esas disposiciones.
En el escrito que presentó ante la CIDH incluyó una extensa enumeración de las actividades del jurista reñidas con la dignidad y citó, entre otras conductas, que despliega una intensa actividad tendiente a descalificar los procesos políticos que se desarrollan en Argentina; que asesora a la ex mandataria en procesos criminales y que descalifica a Mauricio Macri y denosta su elección democrática.
En esa línea, consideró que el accionar del penalista afecta a la CIDH y -sin éxito hasta ahora- le solicitó que le recomiende a la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos su exclusión.
Tras los últimos acontecimientos, el grupo expresó vía comunicado que aunque se supone que la CIDH es integrada por juristas con “alta autoridad moral” y con “reconocida competencia en materia de derechos humanos”, ese no es el caso del argentino porque se desempeño como juez penal durante la dictadura y no hizo nada para salvar vidas.
Como era previsible, la desmesura del jurista tuvo repercusiones. El ministro de Justicia Germán Garavano opinó que debería renunciar a la CIDH y el Colegio Público de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires también tomó partido. Histórico detractor de Zaffaroni -en el 2003 impugnó su candidatura a la Corte Suprema y hace un año lo cuestionó con firmeza por su grosera aseveración sobre Nisman- argumentó que los dichos del juez “exceden el ámbito de la libertad de expresión”.
Las objeciones se sumaron con el correr de los días y no surgieron solamente del arco oficialista.
En una carta, el fiscal Marcelo Romero definió las teorías del ex supremo como “pseudo doctrinas berretas que han perturbado severamente el juicio crítico de los funcionarios que deben impartir Justicia” y el abogado de Andrés Rosle, especializado en Oxford y profesor de Filosofía del Derecho en la UBA, difundió en su blog un artículo en el cual manifestó que Zaffaroni es un “punitivista selectivo” que “cree en los derechos humanos, pero no de todos los seres humanos”.