Relación gobernadores-Nación marcada por un federalismo desarmado

La realidad mostró que sin los mandatarios provinciales Cambiemos no puede avanzar en cuestiones claves, como las reformas. El reparto de recursos requiere de un rediseño de la coparticipación.

Por Gabriela Origlia

federralismoMás allá de las idas y vueltas, con la aprobación de las reformas y el presupuesto 2018 en el Congreso se demostró que los gobernadores tienen un rol fundamental en esta etapa del país. Sin su apoyo, la gobernabilidad no se garantiza. Finalmente, los enrolados en el peronismo “republicano” lograron imponerse sobre los que prefieren una línea combativa y de confrontación.
En las negociaciones, también llevaron “agua para su molino”, lo que se traduce en más recursos, sea para financiar el rojo previsional de las cajas no transferidas, sea para obras. A cambio, el presidente Mauricio Macri logró sacar la medida más impopular de su gestión, como fue el cambio del cálculo para el aumento de las jubilaciones.
“¡No son gobernadores peronistas, son prostitutas del presidente Macri!”, vociferó la diputada rionegrina del Frente para la Victoria Emilia Soria durante el debate de la reforma previsional. La referencia es a que los mandatarios cambian apoyo por recursos.
No es una novedad en la Argentina, desde que el federalismo empezó a deshilacharse y la coparticipación se maneja por una suma de parches, son moneda corriente las “procesiones” a la Casa Rosada para conseguir recursos. Lo que va cambiando, en todo caso, son los distritos favorecidos. Pero la cuestión de fondos es siempre la misma, la dependencia de los ingresos que vienen desde la administración central y la falta de eficiencia en el manejo del dinero.
Los kirchneristas –como en otros aspectos donde también “olvidan” sus gestiones- deberían recordar que en sus años en el poder, las transferencias arbitrarias a las provincias fueron récord. Así lo muestra un trabajo del Ieral.
Desde que Cambiemos llegó al poder se redujo el volumen de esos giros, también se privilegia a determinadas provincias. Las transferencias discrecionales son las que van por fuera de la coparticipación; entre 2004 y 2015, “las 16 jurisdicciones que más de estos per cápita recibieron eran aliados del gobierno nacional”, señala el reporte del Ieral y enfatiza que Corrientes, con uno de los niveles de pobreza más altos del país, estuvo entre las más relegadas.
La masa de recursos que la Nación reparte entre las provincias incluye transferencias automáticas (fondos cuya distribución está determinada por ley) y transferencias no automáticas, las cuales incluyen los ATN.
Por ejemplo, entre 2004 y 2015, el 40,9% de los recursos nacionales que recibió Santa Cruz fueron discrecionales. Le siguieron La Rioja (29,7%); Jujuy (26,8%); Buenos Aires (24,3%); Misiones (24%) y Chaco (23,2%).
Todas esas jurisdicciones tuvieron por arriba del promedio consolidado, que es de 19,3%. La contracara fueron San Luis (8,4%); Catamarca (10,5%) y Corrientes (11,6%). Entre las provincias más grandes, Córdoba –enfrentada con la Nación desde la crisis del campo- quedó con el 16,6%.
En el pacto entre Nación y provincias finalmente no se acordó que los ATN se repartan automáticamente. El fondo de ATN se compone con el 1% del total de los impuestos coparticipables y por ley se afirma que “se destinará a atender situaciones de emergencia y desequilibrios financieros de los gobiernos provinciales” y “será previsto presupuestariamente en jurisdicción del Ministerio del Interior”. Pero lo cierto es que desde hace tiempo se usan para atender problemas estructurales.
Son las provincias mejor administradas las que lograrán cortar lazos de dependencia con la Rosada; mientras más dinero se destine a gastos corrientes –el empleo público provincial creció por encima de la población en la última década- más difícil será evitar las visitas a los presidentes. También, de una vez por todas, se debe rediseñar la ley de coparticipación. Son las vías para limitar la “prostitución” que le preocupa a la diputada Soria y, a la vez, poder aliviar la carga que el Estado (en todos sus niveles) le genera a la actividad privada.