Los judiciales se van de vacaciones con quejas

Protestaron todo el año por la feria y se negaron a debatir. En el tramo final del 2017 dejan los tribunales con lamentos por la posible extensión del horario de atención al público.

judicialesLos judiciales cordobeses protestaron durante todo el año por la posibilidad de que la duración de la feria sea debatida y, en su caso, moderada o reformulada.
En el tramo final del 2017, plantearon sus quejas por la eventual extensión del horario de trabajo, un tema que figura en el proyecto de reforma laboral que impulsa el Gobierno nacional y en la iniciativa Justicia 2020.
Hace unos días, Federico Corteletti, secretario General de la Asociación Gremial de Empleados del Poder Judicial (Agepj), aclaró que en el caso de Córdoba no se trata de una prolongación de la jornada, ya que seguirán trabajando seis horas. Sin embargo, la entidad hizo una asamblea esta semana porque también se resiste a que las barandillas estén activas 60 minutos más. Según argumenta, los dependientes no tendrán tiempo para enfocarse en las causas.
La Agepj alega que se van a acumular expedientes y que el plantel de funcionarios no podrá sacarlos adelante porque “la gran fuerza de trabajo en tribunales son los empleados”.
Además, como es usual, le atribuyó casi la totalidad de las falencias del Poder Judicial a un asunto presupuestario.
Ningún anuncio del Gobierno nacional ni las propuestas enmarcadas en la plataforma Justicia 2020 le cayeron en gracia al sindicato que comanda Corteletti.
En enero, cuando el ministro de Justicia de la Nación, Germán Garavano, anunció posibles cambios en la feria, reaccionó con vehemencia.
Aunque Garavano aclaró que el asunto pertenecía a la agenda del 2018 y que la Corte y el Ministerio Público Fiscal definirán la cuestión, el gremio cordobés se pronunció con dureza. Vía comunicado, sin predisposición para el intercambio de ideas, se opuso rotundamente a la iniciativa; adujo que era una “intromisión” del Poder Ejecutivo y denunció que Justicia 2020 busca “avasallar derechos adquiridos”.
En noviembre, después de que Mauricio Macri confirmara que su Administración impulsará reformas enmarcadas en el “plan de consensos básicos” que presentó en el Centro Cultural Kirchner (CCK), la controversia se profundizó.
Sin datos concretos sobre las alteraciones, la Agepj lanzó otro parte e interpretó que los dichos de Macri implicaban la puesta en marcha de un ajuste. “Una Justicia ágil y moderna no se logra recortando derechos adquiridos”, sostuvo.
Pese a las quejas, el proceso de reforma comenzó. La Corte Suprema le encomendó al secretario Cristian Abritta que elabore un proyecto de modificación del reglamento de la Justicia, que incluye suprimir de la feria de julio, reprogramar el comienzo y el fin de la de verano y limitar licencias especiales y faltas por razones particulares.
El Alto Cuerpo le envió otra señal al Ejecutivo cuando, vía resolución, autorizó a la Cámara Federal de Tucumán a extender la atención al público hasta las 18, lo que implica que el personal -que estuvo de acuerdo- desdoble sus horarios.
Al darle luz verde al reclamo, aclaró que el reglamento de la Justicia Nacional permite que modificaciones como la que permitió, ya que indica que en el interior del país regirá el horario “que establezcan las respectivas Cámaras, con aprobación de la Corte”.

Corporación
Tal como vaticinó a comienzos de año Torcuato Sozio, titular de la Asociación por los Derechos Civiles (ADC), la corporación judicial cerró filas. Horas después de que se conociera la novedad en Tucumán, la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional (AMFJN) reaccionó y le envió una nota a la Corte.
El grupo rechazó los cambios, expresó su malestar por los dichos del presidente y estimó que con las ideas del Ejecutivo no se lograrán los beneficios deseados.
En relación a las declaraciones de Macri sobre la lentitud de la Justicia y sus conceptos sobre el régimen de licencias -al que definió como “muy generoso”- consideró que fueron “inmerecidos y agraviantes”.
Además, opinó que las medidas bajo estudio son “efectistas” y que no modificarán las deficiencias del Poder Judicial de la Nación, que se deben, según analizó, a “la falta de atención presupuestaria y de adecuación legislativa”.
Salvo excepciones, los actores del sistema no registran que la pauta para abordar reformas se centra en las necesidades de los ciudadanos y en la pertinencia de evaluar qué pasos son conducentes para que, en el caso de la feria, el descanso de los judiciales no perjudique sus intereses.
Asimismo, hay acuerdo entre los expertos en cuanto a que llegó el momento de dar una discusión sobre un tema que, en última instancia, se puso válidamente a consideración de la sociedad. Por citar, la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) estimó que lo ideal sería que el sistema funcione todo el año. La Fundación de Estudios Para la Justicia (Fundejus) se expresó en sentido similar y recordó que se trata de un servicio que no puede interrumpirse.
Por otra parte, cabe recordar que en septiembre el Instituto para el Desarrollo Social Argentino (Idesa) difundió un lapidario informe sobre la actuación de la Justicia en el país y sostuvo que sus problemas no se deben a la insuficiencia de dinero, sino a la falta de gestión y de responsabilidad.
Así, especificó que según datos del Ministerio de Hacienda en el 2004 la Justicia nacional y la de todas las provincias contó con un presupuesto consolidado equivalente al 0,68% del PBI por año, y que en el 2015 (el último disponible) llegó al 1,2% del PBI.
El grupo precisó que el gasto público en el sector creció al triple de lo que aumentó la producción y que se favoreció con “una enorme redistribución de recursos”.
Finalmente, asoció la situación crítica del servicio con el hecho de que uno de los temas prioritarios de la “agenda judicial sea sumar beneficios y clamar por más presupuesto.