El Gobierno presentó programa de reformas procesales

El ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Provincia, Luis Angulo, explicó que las modificaciones apuntaran a reducir la duración de los procesos. La reforma sería integral, llegando a los fueros Laboral, Penal, Civil y Comercial.

Por Felipe Osman

reformaEl Ejecutivo provincial presentó ayer un proyecto de ley destinado a reformar los procedimientos judiciales de naturaleza Laboral, Penal, Civil y Comercial. Este programa de reformas tiene por objetivo, según señaló el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Luis Angulo, disminuir la litigiosidad, ampliar la oralidad en los distintos fueros y avanzar en la digitalización de los expedientes, para lograr así acortar los tiempos de los procesos judiciales.
En ocasión de su presentación, el gobernador Juan Schiaretti expresó su satisfacción por el proyecto. “Me parece importante el consenso que estamos traduciendo hoy en proyecto de ley, para agilizar el funcionamiento de nuestra Justicia. Hay una revolución científico-técnica en marcha que debe ir hacia todos los estamentos del Estado, y también hacia la Justicia, para agilizar los procesos judiciales”, señaló el titular del ejecutivo provincial, y agregó: “Siempre es bueno revisar los procedimientos para que la gente, que es la recurre a la Justicia, tenga las resoluciones más rápido y para que se respeten los derechos humanos de aquellos que litigan y de quienes están detenidos”.
A su turno, Angulo habló de una “oportunidad histórica” para disminuir la litigiosidad en materia laboral, en sintonía con lo pretendido por el Gobierno nacional. Además, indicó que si bien los procedimientos laborales fueron “buenos” en su momento, porque plantearon la oralidad de la instancia, hoy los tribunales se encuentran abarrotados. Y consideró que ese problema no se solucionará con nuevos tribunales; sino impulsando reformas de corte procedimental.
Con la finalidad de evitar procesos prolongados que generan abarrotamiento de causas, se propiciará la utilización del “Expediente Digital”. Si bien este recurso ya viene siendo implementado por el Poder Judicial a través del Sistema de Administración de Causas (SAC) en los juicios ejecutivos fiscales, notificaciones electrónicas en el Fuero Laboral y órdenes de pago electrónicas en los distintos Fueros; la idea es incrementar el uso de la tecnología para los procesos judiciales.
Con la reforma de los procedimientos, sumada a la utilización de nuevas tecnologías o su mejor aprovechamiento, el Gobierno se entusiasma con reducir la duración de los procesos judiciales. Esto significaría, según sus proyecciones, que en el caso de un juicio laboral, cuya término promedio es de tres años y medio, podría rondar los seis meses, dependiendo el tipo de juicio. En el caso del fuero civil, causas por daños y perjuicios que hoy demoran unos cinco años, podrían sustanciarse en un año.

Penal
Se propone una reforma parcial al Código Procesal Penal para agilizar los procesos estableciendo nuevos “plazos fatales” (aquellos que caducan sin necesidad de que la otra parte lo solicite).
Implica además, y entre otros aspectos, posponer la resolución de recursos interpuestos en la etapa de investigación penal preparatoria para la finalización de la misma; destacando también la oralización en la resolución de los recursos ante el Juez de control.

Laboral
Se implementarán dos nuevos procedimientos especiales -orales y abreviados- que buscarán acotar los tiempos de sustanciación en causas con alta verosimilitud en el reclamo, que no exigen un amplio debate causal ni la producción de un gran volumen de prueba, tales como despidos incausados, despidos directos por fuerza mayor, por falta o disminución del trabajo, salarios en mora, o derivados de la Ley de Riesgos del Trabajo.
Serían diseños procesales más sencillos, que beneficiarían a los trabajadores al otorgarles más rápidamente la satisfacción a sus créditos laborales, como también a los empleadores, que verían reducidos sus costos.
A través de la digitalización de expedientes, se buscará reducir tiempos y costos en los procesos.
Se crearán también Juzgados del Trabajo de primera instancia: Cinco en la Ciudad de Córdoba y tres en el interior, en San Francisco, Villa María y Río Cuarto.

Civil y Comercial
Se modificará la actual Ley de Mediación implementando la Mediación Prejudicial obligatoria en las causas civiles. Según el Gobierno, se pretende con esta propuesta lograr un “cambio de paradigma” en los ciudadanos y actores del sistema, que implique pasar de la litigiosidad a la solución del conflicto por “métodos no adversariales”.
En lo que respecta al proceso civil, se proyecta la implementación de una prueba piloto de oralidad, con un procedimiento que amplía las facultades del juez para delimitar los hechos y la prueba (habrá que estar atento a lo que la doctrina, siempre reticente a que se vulnere el principio dispositivo del proceso civil, opine de esto).
También contempla una audiencia complementaria donde se concentre la producción de la prueba en forma oral, los alegatos y la sentencia.
Por último, con la creación de una Justicia vecinal se acercaría al ciudadano un servicio ágil y oral para cuestiones de menor gravedad. El Juez de Paz Letrado Vecinal tendría jurisdicción territorial en barrios o localidades y se apoyará en el Expediente Digital, y podría atender casos referidos a la vecindad o medianería, como así también en torno a derechos del consumidor y del usuario.