Jubilación Daniele: Mestre insiste y apela a la Cámara

Desde el Palacio 6 de Julio entienden que la cuestión en torno a la jubilación de Daniele se ha tornado abstracta, toda vez que ya hay una nueva conducción electa. Aún así, continuaran la disputa legal.

Por Felipe Osman

La Municipalidad de Córdoba presentó ayer, ante la Cámara del Trabajo, un recurso de casación para que se deje sin efecto la sentencia que declaró la nulidad del decreto jubilatorio de Daniele. La Asesoría Letrada del Palacio 6 de Julio busca así revertir el fallo por el cual la jueza de primera instancia, Sofía Keselman, invalidó –o intentó invalidar- la resolución del intendente, la semana pasada.
Contextualicemos. El 27 de julio el intendente Ramón Mestre firmó un decreto por el cual dispuso el “estado jubilatorio” de Rubén Daniele (aún secretario general del Suoem). La jugada apuntaba a imposibilitar la postulación del gremialista a otro mandato al frente del sindicato que lidera, sin pausa, desde el regreso de la democracia. Pero el sindicato municipal recurrió el decreto ante la justicia, alegando que, por encontrarse amparado por la tutela sindical (establecida en la ley de asociaciones sindicales) el intendente debía antes pedir su desafuero para luego poder decretar su estado jubilatorio.
Concretamente, la Ley de Asociaciones Sindicales prescribe, en la última parte de su artículo 48, que: “(…) Los representantes sindicales (…) no podrán ser suspendidos, modificadas sus condiciones de trabajo, ni despedidos durante el tiempo que dure el ejercicio de su mandato y hasta un año más, salvo que mediare justa causa.” Ahora bien ¿Puede equipararse la jubilación a un despido?
Los abogados del Suoem arguyeron que sí, y Keselman, que no falló entonces sobre el fondo del asunto, sí otorgó al gremialista una medida cautelar por la cual posibilitaba su postulación a un nuevo mandato al frente del sindicato.
Pero aún con esta venia judicial Daniele decidió –por voluntad propia- bajar su candidatura, dado que un posterior fallo en contra sobre el fondo de la cuestión podía dejar acéfalo al sindicato, y el Ministerio de Trabajo de la Nación tendría entonces la mesa servida para disponer sobre él una intervención. Téngase en cuenta que el Gobierno nacional comparte con la actual administración municipal un mismo espacio político.
Entonces, el líder gremial, lejos de respaldar una sucesión que lo alejara del sillón que después de más de treinta años considera propio –el de la Secretaría General del Suoem- urdió un intrincado plan para aferrarse al cargo. El primer paso fue impulsar la elección de Beatriz Biolatto (su pareja) como secretaria general. Lo logró. El segundo, aguardar que un fallo definitivo y favorable sobre el fondo de la cuestión aclarara su situación judicial, para luego pedir a la nueva conducción que renuncie a sus cargos, llamar a una asamblea general, acortar el mandato de Biolatto, convocar a una nueva elección y, ahora sí, postularse como candidato.
Daniele dice haber logrado un “acuerdo interno” por el cual la dirigencia electa del Suoem respaldará este rebuscado plan de acción. La fecha hasta la cual –presume- este pacto seguiría vigente: mediados del 2018. Hasta entonces habría tiempo. Hasta entonces –entiende- sus “compañeros” de la conducción que asumirá el 3 de enero próximo estarán contentos de renunciar a sus cargos para abrir las puertas a su regreso.
Pero aún confiando en una supuesta “lealtad inquebrantable” de sus compañeros, que los lleve a renunciar a sus puestos para ungirlo, por decimosegunda vez, como secretario general, aún así, las posibilidades de que la causa judicial llegue a puerto favorable a las pretensiones de Daniele son remotas.
En primer lugar, desde la Municipalidad creen que la cuestión ya se ha tornado abstracta. En el recurso de apelación presentado ayer ante la Cámara Laboral sostienen, como uno de sus argumentos más fuertes, que Keselman obró excediendo sus facultades al disponer la nulidad del decreto que resolvió el estado jubilatorio del gremialista. La jueza, que sí tiene competencia en materia derivada de la Ley de Asociaciones Sindicales (en este caso, tutela sindical), carece de competencia para declarar la nulidad de un acto administrativo (el decreto). Sólo podría haber declarado su inoponibilidad a Daniele.
Pero además sostienen que el gremialista omitió recurrir, en sede administrativa, el decreto en cuestión en el plazo oportuno (30 días hábiles). Perdió entonces la posibilidad de cuestionarlo, con lo cual el acto administrativo quedó firme.
Por otro lado, la Asesoría Letrada niega que la Municipalidad estuviera obligada a iniciar el proceso de exclusión de la tutela sindical establecido legalmente, ya que este procedimiento es necesario cuando se pretenda despedir a un empleado por “justa causa”, pero no cuando simplemente se busque decretar la jubilación de un agente. Entienden, como lo señalaron al contestar la acción legal iniciada por el sindicato, que jubilar a un empleado no es asimilable a despedirlo, ya que “la jubilación es un supuesto de extinción de la relación laboral una vez cumplidos los requisitos previstos en la ley, independientemente de la protección sindical de la que (Daniele) goza”.
Finalmente, y si las circunstancias hasta aquí expuestas no fuesen suficiente obstáculo para el “plan Daniele”, debe destacarse que aún en el caso de que la justicia diera la razón al gremialista, la resolución llegaría, muy probablemente, demasiado tarde para que pudiera completar el intrincado plan que lo devuelva a la Secretaría General del Suoem. Es decir, después del julio próximo, aparente “fecha de vencimiento” del “acuerdo interno” enunciado por el líder sindical.