Licencia de Gils Carbó aceleró pases de factura

El fiscal Rívolo fustigó a los agentes alineados con el kirchnerismo que atacaron a sus colegas “críticos”. Sin dar nombres, objetó comportamientos como el de Enrique Senestrari

Eduardo Casal tomó el control interino de la Procuraduría General de la Nación la última semana de noviembre, luego de que, sorpresivamente, Alejandra Gils Carbó adelantara su alejamiento de la función.
Aunque su renuncia iba a hacerse efectiva el 31 de diciembre, al menos hasta el 10 de este mes, si su salud se lo permite, no estará en su despacho, ya que pidió licencia por “enfermedad de largo tratamiento”.
Como era previsible, el cambio de planes aceleró las reformas y el procurador ante la Corte Suprema dispuso cambios en la estructura del área, para facilitar su conducción en la etapa transitoria que se avecina.
La pausa que se tomó Gils Carbó también propició que se aceleraran los pases de factura a sus fiscales “leales” por parte de los críticos.
El presidente de la Asociación de Fiscales y Funcionarios de la Nación, Carlos Rívolo, viene haciendo duras declaraciones. A horas de que se formalizara que Gils Carbó dejaría su despacho antes de lo previsto, aseguró que la militancia política dentro del Ministerio Público no debe existir. En esa línea, citó el caso de algunos colegas que llamaron “golpistas” a los agentes que marcharon para homenajear al fiscal Alberto Nisman.
El mensaje se direccionó principalmente a los integrantes de Justicia Legítima y, sin dar nombres, fustigó comportamientos como el de Enrique Senestrari.
Cabe recordar que aunque el reglamento de la Justicia nacional determina que los funcionarios judiales pueden participar en política, la mayoría dejó de lado el decoro que le impone su función y militó abiertamente en el kirchnerismo.
Los referentes locales de la agrupación no ocultaron nunca sus simpatías ideológicas. Se sumaron a las filas del oficialismo k, reivindicaron la politización de los actores judiciales y fustigaron a los “opositores”.
El accionar de Senestrari es un claro ejemplo, ya que sus declaraciones y acciones trascendieron lo relacionado al debate ideológico sobre el modelo judicial vigente. No se privó de hacer planteos de alto voltaje partidario, tanto ante los medios como en las redes sociales.
Lo mismo hicieron otros miembros de la “filial cordobesa” de Justicia Legítima, como el juez Hugo Vaca Narvaja y la camarista Liliana Navarro. Uno de sus últimos actos de flagrante militancia fueros sus opiniones sobre la marcha que se hizo en la ciudad tras la muerte de Nisman, en febrero del 2015. Con un repentino ataque de asepsia política, repudiaron la iniciativa y acusaron a los pares del investigador de inmiscuirse “de modo flagrante en acciones completamente ajenas a su función”.
Fiel a su estilo, Senestrari fue más allá: interpretó que quienes anunciaron su asistencia al homenaje “tenían problemas” con el Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner y opinó que era “aberrante” que dijeran que era un acto neutral.
Ninguno se solidarizó con Guillermo Marijuan, Ricardo Sáenz, Carlos Stornelli y José María Campagnoli, entre otros, cuando se los sindicó como integrantes de “sectores opositores” que usaban “la muerte violenta de una persona y colega con fines políticos o de posicionamiento personal”.
Por otra parte, nunca cuestionaron las decisiones de dudosa calidad institucional que tomó la procuradora, como la selección discrecional de los jurados de los concursos, una maniobra que la Justicia, a su turno, puso en evidencia y objetó.
Ahora, Rívolo apela a la unidad de los representantes del Ministerio Público, no sin dejar en claro que si bien cada uno puede pensar lo que quiera, para estar dentro de la institución “tienen que pensar en la institucionalidad”. Otro tiro por elevación a Senestari, actualmente sumariado por su expresión de deseos de que “cayera” del Gobierno de Mauricio Macri, en junio. En su momento, lejos de pedir disculpas, aseguró que fuera de su oficina tenía derecho a expresarse. “Las políticas neoliberales no me gustan y creo que la sociedad las tienen que evitar”, añadió.
Ni su propia referente estuvo de acuerdo con él. Su falta de mesura tuvo consecuencias y poco antes de renunciar Gils Carbó ordenó que se instruyera un sumario administrativo en su contra.
Senestrari había ensayado una defensa alegando que habló “a título personal” y en ejercicio de su libertad de expresión, pero Gils Carbó le puso los puntos. “En una sociedad democrática los funcionarios están más expuestos al escrutinio del público que los demás ciudadanos”, escribió, explicando que sus actividades salen del dominio de la esfera privada para insertarse en la del debate social.
De esa manera, destacó que al asumir sus cargos se someten voluntariamente a recibir más críticas. Además, estimó que en el caso no estaba en juego la libertad de expresión, ya que Senestrari pudo explicitar sus ideas. “Lo que se someterá a discusión es el alcance de su eventual responsabilidad ulterior”, precisó.
La grieta entre los fiscales existe desde hace tiempo y, según Rívolo, superar la división no va a ser fácil. “Si no nos ponemos como norte la institución, no salimos más”, opinó.
Asimismo, valoró que “no existió política de persecución de la corrupción en la última gestión” y sostuvo que el ex procurador Esteban Righi tuvo que irse “porque eligió ser procurador de la Nación y no de un Gobierno”, opinando que, por el contrario, Gils Carbó hundió al organismo es una crisis “porque eligió ser la Procuradora de un Gobierno y no de la Nación” .
Sobre la agrupación Justicia Legítima, contó su participación en la primera reunión. “Salí espantado”, aseguró, narrado que en el primer panel dijeron que la Corte “tenía que acompañar con sus fallos al gobierno”.