Mejor no jugar a los dados con la RAM

Las actividades de la ilegal Resistencia Ancestral Mapuche (RAM) cobraron relevancia tras la muerte de Santiago Maldonado y la más reciente de Rafael Nahuel.

Pablo Esteban Dávila

Las actividades de la ilegal Resistencia Ancestral Mapuche (RAM) cobraron relevancia tras la muerte de Santiago Maldonado y la más reciente de Rafael Nahuel. Maldonado, según se comprobó fehacientemente, murió ahogado tras escapar de un avance de Gendarmería Nacional que, cumpliendo órdenes de la justicia federal, desalojó un corte de la Ruta Nacional 40 en proximidades del río Chubut. Nahuel habría fallecido tras recibir un disparo de personal de Prefectura cuando se intentaba desalojar un predio tomado por aquella organización en Villa Mascardi, dentro del Parque Nacional Nahuel Huapi. Ambos casos han dado visibilidad a un tema que ya hace tiempo tiene a mal traer a comunidades enteras de la Patagonia argentina.
La RAM no es una inocente ONG de personas que dicen tener (y que tal vez la tengan) ascendencia mapuche. Sus integrantes no creen ni en el diálogo ni en los acuerdos; quieren, simplemente, instaurar un Estado indígena en tierras que, siempre según ellos, les habrían pertenecido a sus ancestros y que el hombre blanco –el Huinca, se las habría arrebatado.
Para lograr esta meta no dudan en recurrir a la violencia. El mecanismo es simple. Luego de proclamar que tal o cual extensión es “territorio sagrado”, proceden a ocuparla o a acosar a sus moradores con amenazas o atentados. Esta metodología ha resultado ser particularmente violenta en Chile, en donde la CAM (Coordinadora Arauco Malleco) revindica la autonomía del pueblo mapuche atacando la propiedad privada y pública con incendios, desalojos y conflictos armados.
Uno de sus líderes es Facundo Jones Huala, actualmente encarcelado en Esquel y a la espera del trámite de extradición para ser juzgado por incendiar campos y estancias en el país trasandino. Jones Huala reclama una ascendencia mapuche pese a que su padre es británico. Aunque cualquiera tiene derecho a definirse como le venga en gana (el tema de la sangre no deja de ser un concepto racista, así lo enarbole un indígena o un catalán), lo cierto es que la mixtura de orígenes de este supuesto “Lonko” no deja de ser un símbolo que, al menos en esta Argentina aluvional, es difícil pensar en razas arquetípicas que hayan desafiado en soledad el paradigma impuesto por la Constitución nacional desde 1853 en adelante.
Jones Huala, amén de su improbable pureza mapuche, es, sin embargo, un ideólogo de barricada del más puro estilo occidental. Sin vueltas, afirma que no se siente argentino y que su deseo máximo es generar una secesión patagónica a favor de sus peñis. Es un programa simple, al estilo de Carlés Puigdemont que, más allá de sus complejidades, es capaz de movilizar a la acción a unos cuantos radicales. Por supuesto, todo el combo se encuentra envuelto en el infaltable celofán anticapitalista y antiliberal, un clásico de cualquier rebelde que se precie de tal.
El problema es que no hay simpatía alguna hacia su causa en la comunidad que dice representar, excepto la de sus flacos seguidores. Muchas mapuches se sienten decididamente extrañados de la violencia de la RAM y de su programa político. En rigor, desde la reforma constitucional de 1994 (prohijada por Carlos Menem) el país se ha empeñado en dar respuestas más o menos orgánicas a décadas de injusticias. Según publica el matutino Clarín en su edición de ayer, “en los últimos 15 años, según organizaciones civiles, los gobiernos provinciales y confederaciones indígenas del sur, (los mapuches) han ocupado y logrado permanecer legalmente en más de 300 mil hectáreas de la Patagonia”.
Esta realidad parece contradictoria con los agravios que la RAM dice tener contra el Estado argentino. ¿Por qué plantear una lucha armada cuando existen mecanismos legales (uno de ellos, la ley N° 26.160 de emergencia indígena) que permiten contemplar adecuadamente, bajo la tutela de la justicia, este tipo de reclamos territoriales?
Una respuesta posible es la necesidad de visibilidad para obtener apoyos internacionales. El indigenismo militante sabe perfectamente que, para lograr tal cosa, es necesario escandalizar al mundo a través de acciones espectaculares, falsos relatos y el uso de las redes sociales, tecnologías capitalistas que les hubieran resultado extrañas a Vicente Catrunao Pincén. Al presentarse como una nación secuestrada por un Estado que, en esencia, es una creación del huinca, Jones Huala y los suyos sugieren que los mapuches se encuentran en un pie de igualdad con otras causas nacionales alrededor del mundo.
Este es, claramente, un desafío al orden político constituido. Los países son construcciones complejas y, en muchos casos, nada inocentes. Sin embargo, la humanidad también lo es. Es frecuente que, tanto en Argentina como en Francia o en la Filipinas, existan comunidades que reclamen preexistencias más o menos documentadas a la organización estatal. Pero volver hacia atrás el tiempo es una operación imposible. Tampoco, en la mayoría de los casos, sería incluso deseable. La estructura social y política del mundo indígena no tenía nada de democrática, a pesar de que sus descendientes reclamen tal cosa para justificar sus peticiones. El pasado que se reivindica dista de ser una arcadia en cuyo retorno se redimirían los agravios recibidos.
¿Cómo reaccionar ante esta provocación? La primera respuesta es con la ley en la mano. Las autoridades no pueden ceder ante supuestas preeminencias religiosas, étnicas o culturales. El proyecto político del país es, o debería serlo, el de la Constitución. Por lo tanto, los reclamos violentos y los ilegales deben ser tratados en forma condigna. En esto no puede haber negociación; de lo contrario la caja de Pandora será abierta, con las funestas consecuencias que es fácil adivinar.
La segunda es procurar la adecuada reparación de los conflictos indígenas pendientes. Muchos de ellos son pertinentes y requieren de un adecuado tratamiento. Los beneficios de hacerlo son múltiples. Desde cancelar la supuesta legitimidad de la RAM hasta ordenar lo que, en rigor de verdad, podría convertirse en un festival de reclamos retroactivos imposibles de comprobar por medios más o menos racionales.
Pero en lo que no puede transigirse es en el entendimiento de la naturaleza del grupo que comanda Jones Huala. La primera pista la ha dado la vicepresidente Gabriela Michetti, al afirmar que “algunos de sus actos parecen terrorismo”. Es un concepto acertado. Según la ONU, el terrorismo es “cualquier acto destinado a causar la muerte o lesiones a un civil o un no combatiente cuando el propósito de dicho acto sea intimidar a una población u obligar a un gobierno o a una organización internacional a realizar un acto o abstenerse de hacerlo”. Esta definición que le viene como anillo al dedo a la RAM. Tolerar sus desmesuras a la espera de que se desinflen por el paso del tiempo es jugar con fuego. Sus reclamos no son del tipo transaccional sino teleológico. Esto equivale a decir que, para ser satisfechos, necesitan que la otra parte, es decir, el Estado, sea derrotado o que abdique de su potestad sobre los territorios que se prescriben como suyos.
A diferencia de otras bandas de antaño, tales como el ERP o Montoneros, que pretendían llegar al poder por la violencia para desde allí establecer sus dictaduras del proletariado o lo que quiera que hayan pretendido hacer, la RAM pretende la secesión para establecer su propio régimen indigenista. Qué significa tal cosa vaya uno a saber. Si nos guiamos por lo que se sabe de las organizaciones políticas precolombinas, pocas esperanzas deberían tener los súbditos de semejante ucronía. Ni hablar de derechos humanos; mejor no jugar a los dados con sus desvaríos.