¿Qué implica la Ley de Responsabilidad Fiscal?

La semana pasada se aprobó en el Senado un combo de leyes que forman parte de las reformas con las que el oficialismo quiere comenzar la segunda parte del mandato Macri.

Por Maria Cayre

Entre los fundamento de la Ley de Responsabilidad Fiscal, que obtuvo media sanción en la cámara alta el miércoles pasado, se puede leer: que el presente proyecto, viene a mejorar el vigente a los fines de contextualizarlo a las necesidades y objetivos de la nueva realidad macro-fiscal del Gobierno Nacional, de las Provincias y de la CABA, convirtiendo a la responsabilidad fiscal y a la transparencia en una verdadera política de Estado que trascienda a distintas gestiones de gobierno provinciales y nacionales.
Es una ley importante, por cuanto puede generar el marco para comenzar a imprimir políticas de mayor coordinación entre los distintos niveles de gobierno, y con una mirada de más largo plazo; y empezar a dejar atrás el costoso cortoplacismo argentino en materia fiscal. De terminar de sancionarse en diputados y cumplirse en los hechos, esta ley significará un antes y un después en las finanzas de los gobiernos nacionales y sub-nacionales actuales y futuros. Analicemos algunos de los aspectos más significativos.
Por un lado, se pretende dotar de mayor transparencia y homogeneizar parte de la información fiscal que las provincias dan a conocer a los ciudadanos. Realizar estudios de comparación entre las finanzas de distintas provincias es una tarea muy compleja; la información es incompleta y en casos inexistente, se utilizan frecuencias de publicación dispares y procesamientos metodológicos distintos. Mediante esta nueva ley se debería difundir información trimestral sobre la ejecución presupuestaria, gasto, stock de deuda pública (incluso deuda flotante), programas de financiamiento y pago de servicios; para lo cual se utilizarán criterios metodológicos compatibles. Esta nueva medida imprimirá transparencia a la información y permitirá mejorar el análisis y la comparabilidad entre las finanzas públicas de los estados sub-nacionales y el gobierno nacional.
Además, la tasa nominal de incremento del gasto público corriente, tanto de la Nación como de las Provincias, no podrá superar la inflación. O sea, no podrá haber aumento real del gasto público corriente (con algunas excepciones estipuladas y algunos beneficios para las jurisdicciones cumplidoras). Esto permitirá poner una cota al aumento discrecional del gasto público. Interesante aspecto particularmente para aquellas gestiones que han hecho un uso político de los erarios públicos.
Por otro lado, se pone un tope a la contratación de empleados públicos. Todos los gobiernos se comprometen a no incrementar la relación de cargos ocupados en el sector público, por arriba de la proyección de población indicada por INDEC para cada jurisdicción. Este punto es crucial para cuidar los recursos públicos y aumentar la eficiencia del funcionamiento del estado, sin permitir que los cargos públicos sigan siendo, en muchos casos, la moneda de cambio de devolución de favores o la solución parcial a la falta de empleo privado. Además, durante los últimos 6 meses del fin de mandato de gobierno, no se puede realizar incrementos del gasto corriente que sea de carácter permanente (con algunas excepciones).
Así mismo, todos los firmantes se comprometen a acordar políticas tributarias tendientes a armonizar y no aumentar la presión impositiva legal, sobre todo a los gravámenes aplicados al trabajo y la gestión o financiamiento productivo; con esto se propone una búsqueda conjunta del crecimiento de la economía nacional y las economías regionales.
Otro aspecto, es el tema de la deuda pública. Se comprometen a no aumentar su nivel de endeudamiento por arriba del 15% de los recursos corrientes de las jurisdicciones (esto es neto de las transferencias por coparticipación a municipios); o sea, que no podrán aumentar los impuestos ni la deuda discrecionalmente.
Sin dudas el proyecto es ambicioso, instala mecanismos de control en variables claves para los gobiernos como el gasto público, la deuda, la planta de empleados públicos y la trasparencia fiscal. Las sanciones para los incumplidores irán desde: divulgación o “escrache” entre todas las demás provincias y votantes, restricción del derecho a votar en el Consejo Federal de Responsabilidad Fiscal, cancelación de otorgamiento de avales y garantía nacionales, hasta limitación en aquellas transferencias que el Gobierno Nacional aún tiene discrecionalidad para realizar.
La Ley de Responsabilidad Fiscal y Buenas Prácticas de Gobierno tiene un espíritu necesario, el de promover e implementar reglas de juego claras y más trasparente para acercarnos a finanzas publicas más orientadas a objetivos sociales; como mejorar la calidad de la provisión de los servicios públicos y promover la actividad productiva. Si la aplicación real de la norma se hace posible y logra materializar, aunque sea una parte de ese espíritu, ya estaremos un par de pasos más avanzados en la lucha por un mejor y mas responsable federalismo fiscal.