Hay economistas que entienden que por el pacto fiscal firmado con las provincias, la Nación aumentará su déficit. Es que transferirá más recursos a Buenos Aires (por la eliminación del techo del Fondo del Conurbano) y al resto de las jurisdicciones (para compensarlas por esa medida). Sin embargo, en el mismo texto se establece que el gobierno central eliminará los subsidios diferenciales para el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) en materia energética para el ejercicio de 2019 y en transporte en 2021.
Para la consultora Idesa la “consistencia financiera” del pacto depende de la magnitud de los compromisos. En este sentido, según el documento del consenso y los datos de la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública (Asap) se estima que en el 2018 la Nación cederá $45 mil millones compuestos por $40 mil millones para Buenos Aires y $5 mil millones para el resto de las jurisdicciones.
En el 2019 cederá $75 mil millones; $63 mil millones para Buenos Aires y $12 mil millones para el resto. Los subsidios diferenciales en favor de Amba por encima de lo que recibe el interior se estima en aproximadamente unos $70 mil millones anuales.
“Estos datos muestran que el pacto es financieramente consistente y coherente con el objetivo de reducir el déficit fiscal. La Nación cede gradualmente una masa importante de recursos a las provincias que se compensa con la reducción gradual de los subsidios para inversiones y gastos corrientes que actualmente la Nación viene asignando a las empresas de servicios públicos en la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano Bonaerense”, sostiene el informe.
Para los autores del reporte, tal como está diseñado, el “Consenso Fiscal” es un avance importante en el ordenamiento del Estado: “Libera recursos en favor de quienes son las responsables de los roles públicos más importantes (las provincias) y pone fin al aberrante mecanismo por el cual con esfuerzos de todos los argentinos se financian los servicios públicos de la región metropolitana”.
En esa línea señala que la provincia y la Ciudad de Buenos Aires deben asumir rápidamente sus responsabilidades de financiar con recursos propios los subsidios necesarios para que su población más vulnerable acceda a los servicios públicos. Una reforma que ayudaría –según Idesa- a avanzar en este sentido sería también el traspaso de las empresas estatales y los entes regulatorios de servicios públicos desde la estructura nacional a la órbita de Caba y Buenos Aires, tal como ocurre en el resto de las provincias.
Córdoba fue la jurisdicción que más insistió en el tema subsidios. Ante la Corte Suprema planteó que en 2016 la zona urbana común que conforman la CABA y los siguientes 40 municipios del conurbano y concentra una población de 19,9 millones de personas recibieron $176.153 millones en subsidios al transporte automotor, ferroviario, electricidad, gas y Aysa.
Mientras que el resto del país en donde no opera Aysa en el mismo período recibió $120.468 millones. En esa ecuación, el trabajo señala que cada habitante de los distritos gobernados por Cambiemos recibió $ 8852, mientras que en los diferentes distritos del resto del país el promedio fue de $ 5085 per cápita.
Súperposición
Idesa también plantea el documento que se abre una oportunidad para desactivar el centenar de programas nacionales que se superponen con funciones provinciales y municipales. En los Ministerios nacionales de Educación, Salud, Desarrollo Social, Obra Pública y Vivienda, Medioambiente, entre otros, tienen presupuestado ejecutar en 2018 aproximadamente $130 mil millones en acciones que se superponen con las provincias.
“Destinar recursos públicos para que organismos nacionales hagan lo mismo que organismos provinciales y municipales es una de las principales fuente de derroches. Se multiplica la burocracia, se complejiza la planificación de acciones, se aumentan los riesgos de corrupción, se diluyen las responsabilidades y se generan irresistibles tentaciones a direccionar fondos para doblegar voluntades políticas”, describe.
