Por María Viqueira
La polémica por la posible reforma de la feria comenzó en enero, luego de que el ministro de Justicia Germán Garavano anunciara que ese y otros temas figuraban en la agenda 2018.
La controversia se profundizó luego de que Mauricio Macri confirmara que su Administración impulsará reformas en la Justicia, enmarcadas en el “plan de consensos básicos” que presentó en el Centro Cultural Kirchner (CCK).
Pese a que no hay certezas sobre cuáles serán las modificaciones en el sistema de vacaciones del Poder Judicial de la Nación, la unión de empleados que encabeza Julio Piumato organizó un paro a mediados de mes, que incluyó una movilización hasta la Plaza de Mayo. En Córdoba, durante la misma jornada los federales abandonaron tareas y los provinciales hicieron asambleas.
Tal como adelantó hace meses la Asociación por los Derechos Civiles (ADC), la “corporación judicial”, integrada por jueces, empleados y abogados, se resiste a cualquier alteración y no se cuestiona su rol en el deterioro estructural.
No obstante, la Corte Suprema tomó nota de los reclamos de Macri y de otros sectores y le encomendó al secretario Cristian Abritta que elabore un proyecto de modificación del reglamento de la Justicia.
La iniciativa -cuyo borrador estaría listo antes de fin de año- incluye suprimir de la feria de julio, reprogramar el comienzo y el fin de la de verano, extender la jornada y limitar licencias especiales y faltas por razones particulares.
Tucumán
En tanto, la semana pasada, el Alto Cuerpo le envió otra señal al Ejecutivo. Vía resolución, autorizó a la Cámara Federal de Tucumán a extender el horario de atención al público hasta las 18, lo que implica que el personal desdoble sus horarios. La medida involucra a la Mesa General de Entradas, que cerraba a las 13.
El tribunal fundó su petición en la necesidad de mejorar la calidad en la gestión del servicio de Justicia, y la Corte accedió, aclarando que la ampliación no implicará gastos porque los dependientes que tienen a cargo la oficina estuvieron de acuerdo y se organizaron para cumplir con el flamante sistema.
Horas después de que se conociera la novedad en Tucumán, la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional (AMFJN) reaccionó y le envió una nota a la Corte.
El grupo rechazó los cambios que sugirió la Máxima Instancia, expresó su malestar por los dichos del presidente y estimó que con el plan trazado por el Ejecutivo -en principio, avalado por la Corte- no se lograrán los beneficios deseados.
Sobre las declaraciones de Macri sobre la lentitud de la Justicia y su opinión sobre su régimen de licencias, al que definió como “muy generoso”, consideró que fueron “inmerecidas y agraviantes”.
Indirectamente, el ministro Ricardo Lorenzetti recibió una suerte de ultimátum tendiente a que tome partido en la disputa. “Resaltamos nuestra esperanza de que, una vez más, la Corte sea resguardo de la independencia de los jueces”, disparó la AMFJN.
Además, la entidad sostuvo que las medidas bajo estudio -sobre las cuales se la consultó oportunamente- son “efectistas” y no modificarán las deficiencias del Poder Judicial de la Nación, que se deben, según analizó, a “la falta de atención presupuestaria y de adecuación legislativa”.
En ese sentido, se quejó por las insuficiencias en materia de recursos humanos, por las vacantes de jueces y por las deficiencias en la implementación de la Ley de Flagrancia.
Paralelamente, aseguró que falta “una mirada federal” y consideró que las propuestas de reforma deben partir de “la propia Justicia”.
Pese a las objeciones que recibe la iniciativa gubernamental, la pauta para encarar una modificación se centra las necesidades de los ciudadanos y en la pertinencia de evaluar qué medidas son conducentes para que las vacaciones de los judiciales no perjudiquen sus intereses.
Por otra parte, hay acuerdo entre los expertos en cuanto a que es hora de dar una discusión sobre un tema que, en última instancia, se puso válidamente a consideración de la sociedad.
La Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) ya planteó que lo ideal sería que el sistema funcione todo el año.
La Fundación de Estudios Para la Justicia (Fundejus) se expresó en sentido similar y recordó que se trata de un servicio que no puede interrumpirse.
Por otra parte, cabe recordar que en septiembre el Instituto para el Desarrollo Social Argentino (Idesa) difundió un lapidario informe sobre la actuación de la Justicia en el país y sostuvo que sus problemas no se deben a la insuficiencia de dinero, sino a la falta de gestión y de responsabilidad.
Así, especificó que según datos del Ministerio de Hacienda en el 2004 la Justicia nacional y la de todas las provincias contó con un presupuesto consolidado equivalente al 0,68% del PBI por año, y que en el 2015 (el último disponible) llegó al 1,2% del PBI.
El grupo precisó que el gasto público en el sector creció al triple de lo que aumentó la producción y que fue beneficiado con una enorme redistribución de recursos desde el resto de la ciudadanía en su favor. “La enorme expansión del gasto con tan malos resultados hace presuponer que lo que falta no son recursos sino capacidad para innovar en la gestión”, escribió.
Idesa asoció la situación con el hecho de que uno de los temas prioritarios de la agenda judicial sea sumar beneficios. “La reacción más común es clamar por más presupuesto”, vaticinó.
En Córdoba, los judiciales insisten con el presupuesto y vienen cerrando la posibilidad de discutir posibles reformas. Siguen organizando acciones en contra de la iniciativa “Justicia2020” y hay reuniones previstas para el resto de la semana en defensa de derechos que estiman adquiridos.
