Por Felipe Osman
Investigaciones publicadas en la prensa brasileña vincularían a una de las oferentes que aspira a quedarse con la concesión del servicio de recolección de residuos en Córdoba al escándalo de corrupción conocido como “Lava Jato”.
Según artículos difundidos en diversos medios de Brasil, documentos que forman parte de la investigación “operación autolavado” demostrarían que el ex ministro brasileño José Dirceu y a su consultora recibieron, entre 2007 y 2009, aproximadamente 488.000 reales -más de 2,5 millones de pesos argentinos- de Solvi.
Dirceu, condenado a prisión, fue investigado por la Policía Federal y el Ministerio Público Fiscal brasileños tras constatarse que prestó asesoramiento a empresas involucradas en el “Lava Jato”. Varías contratistas admitieron haber pagado para que el ex ministro abriera caminos y facilitara contactos con gobernantes y funcionarios.
Los servicios prestados por Dirceu, facturados a través de su consultora (JD Asesoría y Consultoría), habrían consistido entonces, en la mayoría de las ocasiones, en presentar autoridades que podrían “aceitar” negocios de estas empresas.
Solvi, que concurre a la licitación por la recolección de residuos en Córdoba en tándem con Caputo S.A., opera en nuestro país bajo el nombre Vega, subsidiaria de la empresa brasileña en Argentina.
Debe recordarse que, de las cinco oferentes que semanas atrás pretendían para hacerse con la concesión de la recolección, solo tres permanecen en carrera. Por un lado Lusa, actual prestadora del servicio en el sector norte de la ciudad, presentó su oferta el pasado viernes 17 de noviembre en la Municipalidad.
Cotreco, que también se encuentra prestando servicios, pero en los sectores centro y sur de Córdoba, se unió con la gigante española Urbaser. Finalmente, la UTE integrada por Solvi y Caputo, guarda también expectativas de obtener la adjudicación de algún sector de la ciudad.
No obstante, cabe señalar algunos factores que podrían desequilibrar la balanza y tornar, al menos, más riesgosa la contratación de la UTE integrada por la brasileña Solvi y la argentina Caputo.
En primer lugar, es de público conocimiento la enemistad que separa a Mauricio Saillen, líder del Surrbac, de Hugo Moyano, histórico “capo” de Camioneros. Solvi tiene estrechísimos vínculos con este último. Tanto es así, que el clan Moyano habría tenido mucho que ver en el reciente desembarco de la compañía brasileña en Rosario, lugar en que ganó la adjudicación del servicio de recolección hace meses. Si una empresa vinculada al “moyanismo” se convirtiera en prestadora del servicio en Córdoba, parece casi inevitable que un conflicto virulento se desate entre las “tropas” moyanistas y los seguidores de Saillen.
Pero por otro lado, durante el acto de apertura de sobres en el Palacio 6 de Julio, abogados de Urbaser hicieron dejar constancia de que la oferta acercada por el tándem Solvi-Caputo incumplió condiciones formales de la presentación. Concretamente, la propuesta no fue entregada en sobres cerrados y lacrados. Según lo establece el procedimiento administrativo, la oferente se encuentra ahora en condiciones de presentar un descargo contra las observaciones realizadas por Urbaser y, llegado el caso, la UTE Urbaser-Cotreco impugnará la oferta de su competidora, de considerarlo necesario.
Finalmente, así como la cercana relación que une al presidente Mauricio Macri y al empresario Nicolás Caputo no haría lucir de gran transparencia a una adjudicación que beneficiara a este último, los vínculos señalados por la prensa brasileña entre Solvi y causas de corrupción por tráfico de influencias en Brasil podrían no constituir los antecedentes más prometedores para la selección de esta oferta.
