Por Gabriela Origlia
Las potenciales consecuencia de la ley penal empresaria que entrará en vigencia en 90 días (desde su publicación en el Boletín Oficial que debería ser esta semana) en el país y las diferentes aristas de la transparencia en el sector público y en el privado, reunió a magistrados, consultores y representantes de empresas en una jornada organizada por Amchan (Cámara de Comercio de Estados Unidos), Universidad Católica y la Fundación Mediterránea.
Un tema de comentario fue que, entre los auspiciantes, estaba el Banco Macro. La ironía del destino hizo que la reunión fuera horas después de que Jorge Brito, su dueño, fue citado por la justicia en el marco de la causa Ciccone por la que está siendo juzgado el ex presidente Amado Boudou.
El ex ministro del Interior y actual director del Instituto de Integración del BID planteó que se requiere de una “justicia reparadora” para crear confianza desde el sector público. “No sólo requerimos una legislación, sino de una sanción, de una ética con consecuencias”, planteó y arriesgó para los actos de corrupción en la administración púbica podría funcionar el esquema de juicios por jurados. “La participación de la gente reduciría los criterios de opacidad, ayudaría a ganar transparencia”, sostuvo.
Representantes del gobierno nacional señalaron que hoy son 41 empresas públicas las que “rinden cuentas”. Explicaron que tienen que abrir sus datos, transparentar su información y rendir cuentas de lo que hacen. Insistieron en que, para poder ingresar a la Ocde, las compañías deben “alinearse” con el gobierno corporativo a nivel mundial, por ejemplo asegurando la independencia de sus directores.
Bárbara Schreiber, jefa de gabinete de Asuntos Públicos del Ministerio del Interior, calificó de “muy buena” la ley penal empresaria y admitió que el desafío es su instrumentación “para que no quede en letra muerta”. La norma sancionar a personas jurídicas por delitos de corrupción contra la administración pública en los delitos de cohecho (pago de coimas); tráfico de influencias nacional o transnacional; negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas; concusión (exacciones ilegales); enriquecimiento ilícito de funcionarios y empleados, y falsificación de balances.
A pesar de las causas que se ventilan de corrupción -que involucran a privados- y de la inminente puesta en vigencia de la ley penal empresaria, los empresarios fueron los grandes ausentes en la jornada. Incluso los consultores admitieron que, salvo las grandes corporaciones, el resto “no parece registrar la importancia del tema”. Incluso mencionaron la poca dinámica en el sector de la construcción, uno de los que está en el centro de la escena por las denuncias públicas y judiciales de corrupción.
El interés de Estados Unidos -al igual que de otros países y organismos internacionales- porque saliera la ley fue transparentado por el director de Amchan, Alejandro Díaz, quien subrayó que implica un “salto cualitativo” en la lucha contra la corrupción que es “una demanda de la sociedad”. Reiteró que, con la norma, se estandarizan las exigencias locales con las que existen a nivel mundial y tendrá impacto directo no sólo en lo político sino en la manera de hacer negocios.
Luis Rueda, vocal de la Cámara de Apelaciones de Córdoba, sostuvo que la ley es “bienvenida” pero recordó que hay puntos que ya estaban en normas vigentes e insistió en que en el país “fracasó legislar pensando que así se modifica la realidad”. A su entender los problemas de aplicación pasan porque se requieren normas procesales que hoy no están porque -a su entender- el viejo Código Procesal Penal no es suficiente y el que se aprobó durante el kirchnerismo no está en vigencia. Por ejemplo, el que se aplica no prevé el conflicto de intereses en la defensa de personas físicas y jurídicas.
“La ley por sí misma no provoca un impacto social inmediato -dijo el camarista-, se percibirán cambios cuando se perfore la indiferencia de la ciudadanía ante el delito económico”.
Ana López Espinar, de la consultora KPMG, describió que la ley ayudará a bajar la categoría de riesgos de hacer negocios; Argentina está en la 6 (penúltima) y hay expectativas de que el próximo año pase a la y valorizó la posibilidad de las empresas de auto denunciarse.
