Por María Cayre
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El gobierno nacional y los gobernadores (salvo San Luis) firmaron un pacto fiscal que consta de 11 ítems de compromisos comunes, 9 ítems de compromisos asumidos por el Estado nacional y 8 de compromisos asumidos por las provincias, más la CABA. ¿Qué gana cada uno en este pacto fiscal que parecía imposible hace unos días atrás? ¿Qué fue lo más importante de este acuerdo histórico? Hay mucho por decir del documento firmado, veamos los puntos más relevantes.
Uno de los hechos más significativos es el compromiso a aprobar y adherirse al proyecto de Ley de Responsabilidad Fiscal y Buenas Prácticas de Gobierno antes del 10 de junio de 2018. Proyecto que sienta las bases para comenzar con un esquema de coordinación fiscal absolutamente necesario entre el gobierno nacional y los gobiernos sub-nacionales.
Además, se acordó consensuar en conjunto una nueva Ley de Coparticipación Federal de Impuestos, algo que estaba estipulado en la Constitución Nacional del 94 y nunca se llevó adelante por la falta de un marco político que permitiera algún grado de éxito en semejante discusión. Esto derivó en que actualmente se esté conviviendo con un ley de coparticipación sancionada en 1988.
Por otro lado, se estipula impulsar en conjunto las modificaciones a la Ley de Movilidad de las Prestaciones del Régimen Previsional Público, de manera de que los ajustes de las jubilaciones se realicen trimestralmente y en términos de la inflación oficial más algún extra (aún por definir), garantizando el 82% móvil para quienes tengan 30 años de aportes efectivos y eliminando las jubilaciones de privilegio.
También se acordó sancionar una nueva Ley de Modernización del Estado que impulse un marco ordenado y coordinado de información entre la Nación y las provincias con foco en la eficiencia, la transparencia y la calidad de los servicios. Es indispensable que todos se comprometan a poner a disposición de los ciudadanos información actualizada del uso de los recursos estatales. Hoy el nivel de disparidad que existe ente las provincias es enorme; ni hablar entre los municipios.
Impuestos importantes
Sobre el Impuesto a las Ganancias, se comprometen a derogar el artículo 104 de la ley vigente del Impuesto a las Ganancias, un artículo que establecía un mecanismo retorcido de distribución de los recursos obtenidos por el impuesto. A cambio, se establece una compensación para que las provincias sigan recibiendo, a través de transferencias diarias y automáticas, el equivalente al que recibirían con el esquema actual. La compensación será administrada por cada jurisdicción y tendrá que ser destinada a inversiones en infraestructura. Esta compensación se actualizará trimestralmente en base a la inflación.
En lo relacionado al Impuesto a los Créditos y Débitos Bancarios se acordó prorrogarlo, con el destino del 100% de lo recaudado a la ANSES, hasta que se sancione una nueva ley de coparticipación (o diciembre del 2022, lo que ocurra antes). De todas maneras, en el proyecto de ley de reforma tributaria se establece un mecanismo para ir descontando este impuesto de Ganancias cada vez en mayor proporción. El sistema de compensación a las provincias por lo que pierdan por esta modificación es exactamente el mismo que para Ganancias explicado en el párrafo anterior.
En relación al Impuesto a los Ingresos Brutos, se acordó desgravar automáticamente todo lo relacionada a actividades de exportación (con algunas excepciones), establecer un mecanismo de devolución automática al contribuyente que tenga saldos a favor en un lapso no mayor a los seis meses, y aplicar un cuadro ya estipulado de exenciones y reducciones de alícuotas hasta el 2022.
Se establecieron también pautas sobre otros impuestos como sellos, impuesto inmobiliario, transferencia de gas y energía eléctrica, combustibles, etcétera.
Litigios Nación/provincias
Acordaron compensar a la Provincia de Buenos Aires con un aporte de $21.000 millones para 2018 y $44.000 millones a partir de 1019 (actualizable por inflación); a cambio, la gobernadora bonaerense desistirá del juicio que tiene en la Corte Suprema por el Fondo del Conurbano. Siguiendo este lineamiento, se comprometen todos los firmantes a abstenerse de iniciar procesos judiciales relativos al régimen de coparticipación y cuestiones relacionadas a la transferencia de recursos, por cualquier hecho anterior a la firma de este nuevo pacto fiscal, como así también desistir de los ya iniciados. Para cerrar este punto, el Estado nacional emitirá un bono a 11 años para todas las provincias y la CABA (excluyendo PBA) que genere servicios por $5.000 millones en 2018 y $12.000 millones a partir de 2019, y que será repartido entre ellas según los coeficientes efectivos de distribución de la coparticipación. Hecho tentador para los gobernadores que aplicaron la máxima “más vale pájaro en mano que cien volando”.
El pacto firmado entre la Nación y las provincias es histórico, no solo porque sienta las bases de un proceso de reformas inmensamente necesario en la economía argentina poniendo el foco en el mediano plazo, y terminando con el excesivo cortoplacismo que por años ha caracterizado a la dirigencia política del país, sino también, porque nos muestra que la política argentina también puede desarrollarse sobre la base de diálogos, consensos y acuerdos.
