El TSJ ya designó a los miembros del Tribunal de Ética Judicial que deberán velar hasta el 2019 por el cumplimiento de las previsiones del Código de Ética para Magistrados, vigente desde el 2003.
Se trata de Armando Andruet (h), por el Poder Judicial; de Marco Rodeyro, por la Federación de Colegios de Abogados; de Raúl Bruera, por la entidad que nuclea a los letrados de la ciudad, y de Juan Fernández López y Carlos Eppstein, por la Asociación de Magistrados.
Al nombrar a los representantes de las instituciones, la Máxima Instancia tomó en cuenta las propuestas que efectuaron. En el caso del Poder Judicial, pesó la idoneidad moral e intelectual y la experiencia en la materia.
El Código de Ética fija las pautas que jueces y funcionarios deben observar, bajo la premisa de que deben cumplir sus tareas con “independencia, imparcialidad y ejemplaridad”. El tribunal entiende en consultas sobre cuestiones deontológicas. También está facultado para interesarse reservadamente (de oficio) en comportamientos que, en principio, considere que constituyen conductas alcanzadas por la normativa, e interviene si hay denuncias, entre otras atribuciones.
Si acoge una denuncia, deberá resolverla en un tipo de “recomendación”, que podrá ser “simple” o “con elevación al TSJ”. En el primer caso, se supone que detectó que se afectó de alguna manera alguna buena práctica judicial que debilita la credibilidad en la magistratura pero que, a pesar de ello, puede ser restaurada con la indicación al denunciado de que se abstenga de persistir en esas acciones. En el segundo supuesto, se pide que se instruya un expediente.
Al tratarse de pronunciamientos de jurisdicción deontológica, carecen de instancia revisora y los miembros del cuerpo no sólo que no tienen vinculación funcional con el TSJ, sino que además tampoco son jueces, toda vez que se trata de ex magistrados y abogados de la matrícula jubilados.
En el 2013, cuando Andruet todavía formaba parte de TSJ, se difundió un trabajo del ex juez sobre el funcionamiento del cuerpo, con datos estadísticos. En el texto plasmó que “la función judicial es un servicio a los otros” y que, como tal, “presupone una exigencia de compromiso que no queda reducida a los aspectos meramente formales, como puede ocurrir en otros servidores públicos”, porque ninguno de ellos posee el atributo de decidir sobre la hacienda y la libertad de las personas. Así, razonó que los sujetos pasivos de la decisión de un juez pretenden no sólo la que sea justa y razonable, sino el resultado de una actividad intelectual y volitiva de una persona a quien poco se le puede achacar moralmente.
Entre otras previsiones, el Código de Ética define como “jueces confiables” a los conocidos por su diligencia y “moderación en las pasiones” y establece que “el ejercicio de la administración de Justicia es incompatible con las actividades político-partidarias y con la emisión pública de opiniones que trasluzcan una filiación partidaria”.
Más allá de lo normado, en Córdoba sería insólito que un juez se pronunciara ante los medios o en las redes sociales de la manera en la que lo hacen muchos funcionarios del ámbito Federal, y si lo hiciera su comportamiento tendría consecuencias.
Aunque el reglamento de la Justicia nacional prohíbe que los funcionarios participar en agrupaciones políticas, los integrantes de Justicia Legítima abandonaron el decoro que les impone su función y militaron abiertamente en las filas del kirchnerismo. Nunca ocultaron sus simpatías ideológicas, se subieron a los palcos en los actos, reivindicaron la politización de los actores judiciales y fustigaron a los “opositores”.
En diciembre del año pasado, Justicia Legítima presentó su versión cordobesa. La filial quedó encabezada por la camarista de Familia María Bonzano de Saiz. La secunda el defensor oficial Jorge Perano y el vocal del Trabajo Rodolfo Zunino se desempeña como secretario.
Fuentes del Poder Judicial evaluaron al plantel como “militantes moderados” que entiende que deben adecuarse al estilo y a las reglas de la Justicia cordobesa
Las estrellas mediáticas del kirchnerismo, los fiscales federales Senestrari y Gonella, fueron desplazados a puestos secundarios.
El intento fue sacarlos del foco de atención, pero Senestrati no deja de cometer exabruptos y Gonella está a un paso de ir a juicio por prevaricato, por su irregular actuación en el tramo inicial de la causa conocida como “la ruta del dinero K”, mientras encabezaba la Procelac.
El lanzamiento quedó un tanto empañado por la presentación de la Asociación Civil Usina de Justicia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos pidiendo que el “gurú” del grupo, el ex juez de la Corte Eugenio Zaffaroni, fuera excluido por su persistente accionar contrario a la ética judicial.
La entidad recordó que la Convención Interamericana de Derechos Humanos y el estatuto del Máximo Tribunal regional establecen que sus miembros no pueden hacer manifestaciones que afecten su independencia e imparcialidad.
El reclamo se generó por las declaraciones del ex ministro sobre el tenor de la exposición del fiscal Alberto Nisman en contra de la ex presidenta. “Si Nisman estuviera vivo, creo que lo ahorco porque me hizo leer su denuncia”, aseguró.
En su planteo, Usina de Justicia incluyó una extensa enumeración de las actividades de Zaffaroni.
