Fetap incomoda a Mestre: presiona por subsidios

A título individual, las prestadoras presentaron sus estudios de costos para pedir asistencia financiera al municipio, ante el congelamiento del boleto que planea la gestión. En tiempos electorales, buscan movilizar a los miembros de Cambiemos que, desde distintos extremos, son los formadores de precios en el sistema.

Por Yanina Passero
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fetapLógico: las empresas que explotan el servicio de transporte urbano de la ciudad aprovecharán tiempos electorales para acelerar el curso de sus pedidos al municipio, contralor de la prestación que moviliza a más de 750 mil pasajeros por día. Es cierto, se trata de una jugada habitual a esta altura del año pero que, esta vez, tiene condimentos especiales.
La alianza macrista-radical arrasó en Córdoba. Al parecer, el electorado no compró la lectura política del gobernador Juan Schiaretti y su troupe de candidatos sobre la “Córdoba discriminada”, marcada por una fuerte inequidad en la distribución de subsidios nacionales entre Buenos Aires y el interior.
Sin embargo, el transporte urbano de pasajeros es un cabal ejemplo de estas expresiones. El diario La Nación publicó recientemente el ranking de precios de la tarifa plana de las principales ciudades argentinas. La lista es abierta por Río Gallegos ($15,90), Córdoba se ubica en el cuarto escalón ($12,55), y cerrada por dos distritos populosos: Capital Federal y La Plata. En ambos casos, el pasaje arranca en los $6, cifra que no registra actualizaciones desde abril de 2016.
Lo cierto es que los formadores de precios –la Nación y el municipio- comparten triunfos electorales en la provincia, pero aún no han zanjado las diferencias en materia de redistribución de fondos no reintegrables.
El Ministerio de Transporte de la Nación, controlado por el macrista Guillermo Dietrich, había prometido aumentar las partidas subsidiadas del transporte para evitar otro golpe al bolsillo a los usuarios. Así, el ciclista de la primera línea del gabinete del presidente Mauricio Macri trataba de aplacar los insistentes pedidos del intendente Ramón Mestre, quien en sociedad con su par de Rosario, Mónica Fein, planteó en enero la necesidad de rever el esquema de partidas, para evitar costos políticos y las fugas de las cajas municipales para paliar el crecimiento de costos de las prestadoras.
La declaración populista más tarde fue rectificada por el mismo funcionario: no llegarían fondos frescos al interior, más allá de los pautados para el ejercicio. Las tratativas de los funcionarios municipales continuaron, aunque sin avances.
Como se esperaba, las empresas nucleadas en Fetap trasladaron la presión al intendente Mestre. Los empresarios ya han sido informados sobre la decisión del Ejecutivo: no percibirán un aumento inmediato del precio del boleto. El recálculo del cuadro tarifario se hará, como corresponde que suceda, pero luego de las elecciones, según fuertes trascendidos. Al fin y al cabo, la gestión otorga un aumento anual que suele aprobarse entre noviembre y diciembre, y contiene con subsidios la ansiedad de la cámara empresaria.
Fetap ya realizó sus presentaciones en la Secretaría de Transporte de la Nación, primero, para renegociar el precio del gasoil subsidiado que sufrió un recorte en enero de este año; después, con la misión de pedir un anticipo de las partidas que reciben regularmente para cubrir el bache en la recaudación que dejó el paro de nueve días de UTA Córdoba. Agotadas las instancias de diálogo, los cañones quedaron apuntados hacia el municipio.
Autobuses Córdoba realizó ayer un pedido de subsidios municipales por 32 millones en concepto de desajuste de abril a julio. La gerenciadora de la compañía más pequeña del sistema se sumó más tarde a la demanda de asistencia. Se calcula que Ersa requiere 64 millones de pesos para cubrir gastos, especialmente los asociados al sostenimiento de la masa laboral. En tanto, al cierre de esta edición no se pudo confirmar si Coniferal se agregaría a la exigencia, aunque fuentes extraoficiales aseguraban que el déficit es similar a la de su par correntina.
El juego es claro: incomodar al socio local de Cambiemos para presionar, por extensión, a la pata de la coalición que tiene la última palabra en materia de recursos.