Efecto PASO: avanzan causas contra Jaime, De Vido y Moreno

Casanello amplió el procesamiento del cordobés en la pesquisa por enriquecimiento, al dar por probado que es el dueño del yate secuestrado en Uruguay.

jaimeA horas de terminadas las PASO, se complica el panorama judicial para varios miembros del anterior Gobierno; en especial, para el cordobés Ricardo Jaime.
El juez Sebastián Casanello amplió su procesamiento en la causa por enriquecimiento ilícito, al dar por probado que es el propietario del yate Altamar 64, valuado en 1 millón de dólares, cuya adquisición no pudo justificar.
A fines de julio, mientras en el Congreso el kirchnerismo, sus aliados fuera del clóset y la izquierda arropaban a Julio De Vido con sus fueros, el premio consuelo para la parte de la sociedad que presenciaba agobiada ese espectáculo fue la exhibición de la embarcación decomisada. La ministro de Seguridad Patricia Bullrich la presentó como un bien “recuperado de la corrupción” y anunció que será utilizada por la Prefectura Naval.
El navío fue detectado en el 2013, en Uruguay, y nadie lo reclamó. Antes de ser amarrado en Piriápolis había navegado las aguas de Brasil, un destino habitual del ex secretario de Transporte y sus allegados.
El paso que dio Casanello apuntala la sospecha de que fue una de las tantas coimas que recibió durante su gestión como “recaudador K”. Puntualmente, los investigadores sostienen que fue un “regalo” de emisarios de TBA, la firma que explotaba el Ferrocarril Sarmiento hasta que sucedió la denominada “Tragedia de Once”.
Se trata de uno de los tantos bienes que Jaime adquirió entre el 2005 y el 2007, mientras era figura en los palcos de los actos del kirchnerismo, aunque ya sobrevolaban denuncias por corrupción.
En tanto, el efecto post-PASO se extendió a De Vido, consorte procesal de Jaime en varias causas criminales. La Corte rechazó dos recursos de su defensa en el marco de las actuaciones por Once. Uno cuestionó su procesamiento y el otro objetó la validez del auto de elevación a juicio, pero ninguno prosperó.
La tarea del Poder Judicial para desentrañar los negocios del diputado del FpV durante su época como ministro recién comienza. Pese a que se defina, al igual que otros “compañeros”, como un “perseguido político”, y aunque sus abogados trabajan a destajo para demorar la tramitación de los expedientes, le queda poco margen. Suma cinco procesamientos y decenas de imputaciones y denuncias. Debe explicaciones por Once; por el direccionamiento de obra pública a favor de Lázaro Báez, por la compra de chatarra ferroviaria a España y Portugal; por subsidios irregulares a líneas de colectivos y por enriquecimiento ilícito, una pesquisa que la Casación Penal reabrió recientemente, para su horror.
A medida que las causas pasen a debate, como sucedió con Once, y se acumulen, la cárcel se perfila como su próxima residencia, tal como le ocurrió a su ex subordinado Jaime.
El malogrado candidato Guillermo Moreno también enfrenta un escenario difícil. Ayer, la querella en el debate por el contillón anti-Clarín que fue solventado con unos 200 mil pesos del Estado pidió seis años se prisión, por malversación de caudales e intimidación. Además, reclamó que el “soldado del modelo” sea inhabilitado por 10 años para ejercer cargos públicos. Al alegar, el letrado del grupo, Hugo Wortman Jofre, lo definió como “un militante devenido en funcionario que nunca se avino al cumplimiento de la ley”.