Cambiemos apura a Schiaretti con el caso Odebrecht

Precandidato lilista presentó denuncia penal. UCR pidió explicaciones en la Legislatura.

odebrechtEn los últimos días de la campaña, cualquier traspié cuesta caro. El martes, el gobernador Juan Schiaretti dijo en uno de los habituales cruces con periodistas que la empresa Odebrecht no pagó coimas para la obra pública en la provincia de Córdoba porque “no lo dejamos”. Ayer, desde Cambiemos manifestaron, con palabras y con acciones, que Schiaretti debe dar explicaciones en los Tribunales.
El precandidato de la Coalición Cívica-ARI en Cambiemos, Gregorio Hernández Maqueda, presentó ayer una denuncia penal contra Schiaretti. En ese marco, pidió a la Justicia que cite al gobernador para que “explique el alcance y el significado de sus declaraciones públicas y que brinde toda la información que obre en su poder respecto al posible ofrecimiento de coimas por parte de emisarios o representantes de la firma Odebrecht al Gobierno de la Provincia de Córdoba”.

“Lo que el gobernador declara lo condena por su omisión de denuncia de un hecho a todas luces ilícito, que debería haber merecido la inmediata intervención de la Justicia, con la consecuente investigación de las personas que intervinieron en el mismo, y cuáles fueron los contactos que realizaron con los funcionarios de otras áreas provinciales, para resultar beneficiadas en las licitaciones oficiales”

El lilito recordó que “el mero ofrecimiento de coima es un delito autónomo”, de acuerdo con el Código Penal, cuyo artículo 258 señala: “Será reprimido con prisión de uno a seis años, el que directa o indirectamente diere u ofreciere dádivas”.
“En virtud de una interpretación literal de las declaraciones públicas realizadas por el gobernador Juan Schiaretti –razonó el precandidato-, el pago de coimas no se habría consumado en Córdoba porque a los empresarios ‘no los dejaron’. Por consiguiente, se desprendería prima facie el conocimiento por parte de la autoridad de un delito de acción pública el cual no habría sido oportunamente denunciado. Esta situación constituiría un incumplimiento de los deberes de funcionario público toda vez que el artículo 317 inciso 1 del Código Procesal Penal de la Provincia de Córdoba impone a los funcionarios públicos la obligación de denunciar la comisión de delitos perseguibles de oficio que llegaran a su conocimiento”.
Hernández Maqueda advirtió que los funcionarios públicos tienen la obligación de denunciar si conocen la existencia de un delito, como es el ofrecimiento de una coima, aunque esta no se concrete.

Legislatura
En la Legislatura, los radicales pretendieron debatir en el recinto un proyecto para expresar el “más enérgico rechazo” a las declaraciones de Schiaretti, pero la mayoría de Unión por Córdoba se opuso. Los legisladores de la UCR pidieron al gobernador que “de inmediato formule denuncia de los hechos que dice saber ante la Justicia Provincial, a los efectos de iniciar las investigaciones del caso y hallar los responsables” de ofrecer coimas.
Miguel Nicolás afirmó que “sorprendentemente el señor gobernador ha declarado ayer públicamente que el gobierno provincial no aceptó en Córdoba ninguna coima, con lo que da por sentado entonces, la verdadera existencia de estas maniobras delictivas en nuestra provincia”.
“Lo que el gobernador declara lo condena por su omisión de denuncia de un hecho a todas luces ilícito, que debería haber merecido la inmediata intervención de la Justicia, con la consecuente investigación de las personas que intervinieron en el mismo, y cuáles fueron los contactos que realizaron con los funcionarios de otras áreas provinciales, para resultar beneficiadas en las licitaciones oficiales”, agregó.
En tanto, el aguadista Gustavo Carrara sostuvo que Tribunales “es el lugar apropiado para signar a las personas que lo entrevistaron a él o a los ministros o funcionarios de cada área, para iniciar las acciones legales correspondientes, y además, se determinen las implicancias jurídicas que puede tener la causal de omisión de denuncia por parte de los mismos”.