Liga de gobernadores versus Vidal

La gobernadora de Buenos Aires quiere que la Corte Suprema actualice el monto originario del Fondo de Reparación Histórica (650 millones de dólares). Este eufemismo oculta el hecho, de por sí evidente, de que el resto de las provincias deberá pagar por tal indexación.

Por Pablo Esteban Dávila

gobernadoresLa famosa liga de gobernadores peronistas ayer tuvo su día. Reunidos en la casa de Entre Ríos en la Capital Federal, los 14 mandatarios que integran esta gravitante confederación se despacharon en contra de las pretensiones de la provincia de Buenos Aires para que el fondo del Conurbano se refuerce con unos 50.000 millones de pesos. Sospechan, con toda razón, que esta cifra será detraída de las finanzas de sus jurisdicciones.
Buenos Aires está gobernada por María Eugenia Vidal y es la única provincia auténticamente PRO en la geografía nacional. También es la más disputada por el kirchnerismo, debido a que es el último distrito que todavía manifiesta lealtades incondicionales para con Cristina Fernández. En el medio de esta polaridad política se encuentran sus problemas financieros: para La Plata –vaya paradoja– los fondos nunca son suficientes.
No escapa a nadie que Vidal es la niña mimada de la Casa Rosada y que, por este motivo, siempre contará con los auxilios financieros que fuesen necesarios. Sin embargo todo puede tener un límite, especialmente para un gobierno cuyo apriorismo se trata del cambio. Una de las cosas a modificar, precisamente, es el manejo discrecional de los fondos nacionales que el kirchnerismo realizó a lo largo de una década. Mauricio Macri no desea ser visto como un cómplice tardío de aquellas prácticas con el único objetivo de beneficiar a su protegida.
Este sentido de la proporción, tan propia del PRO, recomienda a Vidal buscar recursos por otro lado para matizar el mangazo constante hacia el Ministerio que comanda Nicolás Dujovne. Una de las ollas a rascar es, precisamente, la del fondo del conurbano bonaerense.
Este instituto fue establecido a comienzos de los ’90 como una forma de compensar la cesión de determinados puntos de coparticipación que Buenos Aires había hecho en los años de Raúl Alfonsín para permitir la aprobación de la ley actualmente vigente. En el momento de su creación se le asignó una cifra sideral para la época, unos 650 millones de pesos – dólares. Sin embargo, la inflación terminó convirtiéndolo en una asignación más cercana a un subsidio para la construcción de un par de kilómetros de cloacas que a una auténtica política de Estado.
Vidal entiende que la Corte Suprema debe poner las cosas en su lugar, disponiendo que el monto originario sea convenientemente actualizado. Este eufemismo oculta el hecho, de por sí evidente, de que el resto de las provincias deberá pagar por tal indexación. Naturalmente, la liga de gobernadores justicialistas no quiere saber nada con esto. Sostiene que Buenos Aires ya recibe cifras largamente superiores en subsidios sin parangón en otras jurisdicciones. Estos recursos compensan largamente los perdidos en las brumas inflacionarias.
Pero, por detrás de este enojo mecánico, en cierta manera inevitable, se esconde un fastidio real por la forma en que el gobierno nacional trata a los gobernadores de la oposición. No hay quejas, por supuesto, sobre las maneras que les dispensan ni el presidente ni Rogelio Frigerio, su eficiente ministro del Interior, sino porque los errores a los que es tan afecta la Casa Rosada los pone en aprietos con demasiada frecuencia sin que ello redunde en beneficios concretos para sus administraciones.
Tómese el caso de la fallida expulsión de Julio De Vido. En el fondo, ninguno de los gobernadores peronistas le tienen mucho afecto, pero algunos de ellos le deben favores de peso (la lista probablemente roce el infinito). El berrinche de Cambiemos por echarlo de la Cámara de Diputados supuso exponerlos a una votación en la que ninguno quería participar, especialmente cuando quienes la impulsaban sabían que al final la perderían. Fue así que los diputados que les responden quedaron fracturados entre los que se opusieron, los que se abstuvieron y los que la aprobaron, con los resultados conocidos y el consabido escrache para quienes colaboraron con la permanencia del exministro K.
La gratuidad de la iniciativa (y el costo de su desenlace) desencanta a mandatarios que, en esencia, son realistas y quieren hacer buenos gobiernos. Y que, para ello, necesitan plata. Probablemente por esta razón, y sin que ninguno lo diga abiertamente, siga siendo Juan Schiaretti quien los motorice activamente para hacer oír sus voces a modo de un coro político perfectamente entonado. El cordobés es un verdadero “boina verde” en el difícil arte de conseguir recursos y un ejemplo a seguir por parte de sus colegas. Aunque la reunión haya sido en la Casa de Entre Ríos, el tufillo a peperina se hizo inocultable.
Schiaretti tiene, además, un gusto especial por el tema impositivo. Sabe que el gobierno nacional está en deuda con sus promesas de campaña y que son crecientes los reclamos para hacer más racional un sistema que es tan distorsivo como asfixiante. El viernes pasado, por ejemplo, el economista Dante Sica presentó una encuesta encargada por IDEA que representa la opinión del 90% del PBI. Los resultados fueron unánimes: debe incrementarse la competitividad argentina por vía de una baja de impuestos. Pero la expectativa del empresariado tiene su contracara fiscal: menos impuestos significan, al menos en un primer momento, una disminución de los recursos a distribuir con igual gasto público. Es un combo explosivo que cualquier gobernador de nota debe exorcizar antes que sea armado.
Seguramente Macri comenzará a trabajar sobre el tema tan pronto inicie la segunda mitad de su mandato. Como en todo lo relativo a impuestos deberá trabajar con el Congreso, lo que significa vérselas con cierta frecuencia con los gobernadores. Este será el momento que Schiaretti espera que llegue, imaginándose como aquel que interprete la posición de sus colegas frente al poder central. Con Buenos Aires alineada a la Casa Rosada, será él quien lidere al interior contra los impulsos centralistas tan propio de cualquier presidente, invariablemente devoto de los 10 millones de sufragios que residen en derredor de la Capital Federal.
Es una meta ambiciosa, por supuesto, que esconde también otra pretensión: ser el peronista institucional que se contraponga a una Cristina potencialmente rediviva en la principal provincia argentina. No sólo porque de ello podría obtener un rédito nacional que aliviase en cierta forma la difícil posición en que se encontrarían tanto Macri como Vidal, sino también en defensa propia. Si fuera reelecto en 2019, su suerte posterior sería muy distinta con la señora de Kirchner sentada nuevamente en el sillón de Rivadavia.
Así las cosas, la advertencia de ayer de la liga de gobernadores, perfectamente institucional y sin golpes bajos, es una nueva manifestación de la fortaleza de Schiaretti dentro del bloque. Incluye además una advertencia sobre que, más allá de las bondades y de la necesidad de una reforma impositiva (que nadie discute), será necesario tener muy en cuenta sus opiniones e intereses y evitar, en el futuro próximo, someterlos al tipo de estrés innecesario que tuvieron que vivir durante el episodio de De Vido o, si se quiere, el que están padeciendo en la actualidad por culpa de la pasión de Durán Barba, responsable de haber resucitado a la expresidente. No debería olvidarse que ella es tan enemiga de Cambiemos como de la mayoría de los peronistas que ayer decidieron advertirle a la Corte que no se meta con sus bolsillos bajo el pretexto de Vidal y de los eternos problemas de su provincia.