Basura: veto de un Ombudsman fantasma

La Defensoría nacional está vacante desde hace ocho años tras la renuncia en 2009 de Eduardo Mondino. ¿Quién, y con qué legitimidad, objeta el enterramiento de la basura en el predio de Cormecor?

Por Felipe Osman

Una nueva voz se ha sumado al barullo del asunto Cormecor. La Defensoría del Pueblo de la Nación envió a la UNC un informe técnico en el cual sugiere buscar un nuevo emplazamiento para el predio de disposición final de residuos. Recordemos que la casa de estudios debe expedir un dictamen que respalde o no la ubicación de este en la vecindad de Villa Parque Santa Ana.
La intervención del organismo nacional parece innecesaria. La UNC no carece de los medios necesarios para realizar el estudio que la Cámara le ha requerido, y el informe que la Defensoría de la Nación arrimó no reviste, en absoluto, carácter vinculante. Hasta aquí, solo fuegos de artificio.
Pero hay algo más grave aquí. La Defensoría del Pueblo de la Nación se encuentra vacante desde hace ocho años. La misma Corte Suprema desconoció su legitimidad cuando intentó tomar parte en el conflicto suscitado por el llamado “Tarifazo” de Aranguren (ministro de Energía y Minería), a mediados del año pasado. Podrá decirse que la legitimación procesal solo es requerida para la participación en un proceso judicial. ¿Pero qué legitimidad política tiene esta oficina? ¿Quién, y con qué legitimidad, objeta el enterramiento de la basura en el predio de Cormecor? Palabras más, palabras menos, y sin tecnicismos jurídicos, la Corte Suprema les dijo: Quien tiene legitimidad procesal y política es el Ombudsman, no sus empleados administrativos.
Más propio, aunque más azaroso, sería contar con un pronunciamiento de la Cámara Contencioso Administrativa de la Provincia, con una decisión final que zanje la cuestión antes de que la situación se torne insostenible. Desde la Crese, empresa estatal actualmente a cargo del enterramiento, las luces de alarma ya se encuentran encendidas y en reiteradas oportunidades se han otorgado prórrogas a los municipios que circundan la capital y que acuden a diario a volcar allí sus residuos. El predio de piedras blancas, a pesar de los esfuerzos de la prestadora, ya no tiene capacidad para alojar más desechos.
La decisión que la Cámara debe tomar es espinosa. Aunque no de otra naturaleza serán los conflictos que lleguen a su entendimiento. Desde luego, ningún otro fallo que una negativa rotunda al emplazamiento del predio en las proximidades de Villa Parque Santa Ana dejará satisfechos a los ambientalistas ni a los vecinos de la localidad. En fin de cuentas, nadie querría de vecina a toda la basura del Gran Córdoba. Pero, aún así, ella no desaparecerá. Y el predio de Piedras Blancas (actual destino de los residuos) terminará por desbordar.
El reciente fallo del “2 por 1”, aunque en la órbita federal, puso de manifiesto la delicadeza con la que algunas cuestiones deben tratarse para que la opinión pública no monte en cólera en contra del Poder Judicial. De no haber contado la referida sentencia con una sólida fundamentación jurídica, probablemente los magistrados hubieran encontrado difícil sostener sus cargos ante el vendaval de indignación que se desató en buena parte de la ciudadanía.
Debe entenderse que la necesidad de contar con un nuevo predio para el enterramiento de los desechos producidos en el Gran Córdoba exceden los intereses del municipio capitalino. Diez municipios y comunas resolverían sus problemas de disposición final de residuos de habilitarse el nuevo predio. Se trata ya de un problema de escala provincial, y fue justamente la Provincia quien expropió el terreno.
Ahora bien, la decisión final, tantas veces postergada, es necesaria. ¿Qué otro factor podría incidir en la demora de esta decisión? ¿Es imaginable que existan otros intereses que demoren este proceso? La justicia ha reclamado autonomía presupuestaria sin obtener el apoyo del gobierno provincial. ¿Sería ya territorio de muy finas elucubraciones tener en cuenta este factor?
Probablemente lo sea. Probablemente la decisión se haga esperar durante algún tiempo más a causa de la extrema cautela con la que los magistrados se manejan en asuntos que erizan fácilmente la susceptibilidad popular, encabezada por el pequeño pero combativo grupo de ambientalistas que bogan (también) por intereses colectivos.

Reunión.
Hoy a las 10.30, en el marco de una reunión convocada por el concejal Fernando Masucci, en su carácter de vicepresidente de la comisión de Servicios Públicos, concejales de distintos bloques políticos recibirán a los vecinos de Villa Parque Santa Ana que solicitaron un espacio para exponer sus observaciones y razones de su oposición a la instalación de Cormecor S.A. en el predio ubicado entre la ruta nacional N° 36 y ruta provincial N° 5, en cercanías de la localidad de Villa Parque Santa Ana.
“La problemática de Cormecor desnuda contradicciones que requieren profundizar para buscar la verdad en lo que hace a la salud ambiental. Es un proceso que tiene idas y vueltas y sobretodo mucha improvisación en materia de residuos” sostiene el concejal de Fuerza de la Gente.