Por María Viqueira
El miércoles, en el Congreso Nacional, el kirchnerismo, sus aliados fuera del clóset y la izquierda lograron arropar al diputado Julio De Vido con sus fueros.
Mientras se desarrollaba un espectáculo dantesco -en el cual intervinieron varios legisladores con claras limitaciones intelectuales, dolencias psiquiátricas, pseudología fantástica y/o disonancia cognitiva-, el premio consuelo para la parte de la sociedad que lo presenciaba abochornada fue la exhibición del yate que se le decomisó a Ricardo Jaime.
La ministro de Seguridad Patricia Bullrich presentó la embarcación “recuperada de la corrupción” del ex secretario de Transporte y consorte procesal de De Vido en varias causas criminales, que será utilizada por la Prefectura Naval para varias tareas. Ahora, los nuevos marineros se formarán en un navío que vale más de un millón de dólares y que, entre otras prestaciones de lujo, cuenta con baño en suite, jacuzzi, freezer y home theatre.
“Esto es muy simbólico”, aseguró ingenuamente la funcionaria desde el Dique 3 de Puerto Madero. Entre tanto, a diez cuadras en línea recta, algunos representantes de pueblo, en pocas palabras, decían que estaba mal destituir a De Vido porque no se hace lo mismo con otros ladrones. Nada nuevo, solo un argumento similar al que despliegan cuando se refieren a la situación de Milagro Sala, que podría resumirte en que “hay que soltarla hasta que no encierren a otros”.
En marzo, el Consejo de la Magistratura liberó una partida de 990.000 pesos para que las autoridades judiciales argentinas saldaran gastos portuarios y trasladaran el yate.
El reclamo lo cursó el juez Sebastián Casanello, quien junto a fiscal Carlos Rívolo tiene a cargo uno de los capítulos inconclusos de la causa por enriquecimiento ilícito por la que el ex funcionario ya fue procesado y enviado a juicio oral.
La solicitud data de noviembre del año pasado, cuando pidió fondos para que el barco fuera repatriado, con el fin de asegurar su conservación para un eventual recupero de activos.
La embarcación quedó amarada en Piriápolis, Uruguay, en el 2013, luego de ser detectada e inmovilizada por la Justicia argentina. Es uno de los tantos bienes que Jaime adquirió mediante testaferros -como casas en un country de Córdoba capital, autos, una residencia de fin de semana en San Isidro, un hotel en Carlos Paz y un avión valuado en cuatro millones de dólares- entre el 2005 y el 2007, mientras era un asiduo acólito de los actos del kirchnerismo. Ya sobrevolaban denuncias por corrupción y se lo sindicaba como “recaudador serial de dinero”, pero siempre hubo un lugar destacado para él en los palcos.
Ya se acreditó que detrás de la compra del yate, concretada en el 2009, hay ejecutivos de la firma Trenes de Buenos Aires, que explotaba ferrocarriles y colectivos. Fue adquirido por una empresa fantasma con sede en Estados Unidos, poco antes de que Jaime dejara el cargo, y se sospecha que es una de las tantas coimas que le pagaron los empresarios a los que debía controlar.
Mensaje
El miércoles, el mensaje de los representantes que intercedieron por De Vido quedó claro: no están en contra de la impunidad. Sus arengas no ocultan que renunciaron a la facultad que el artículo 66 de la Constitución Nacional les da para decidir sobre la suerte de sus integrantes.
Los reparos que plantearon -que no se puede expulsar a los “electos por la voluntad popular”; que hay que “respetar la investidura”; que “sentaría un mal precedente” y que se trataba de “oportunismo electoral”- son intrascendentes si se tiene en cuenta que aquella prerrogativa implica que, en principio, el Legislativo es soberano puertas adentro.
El resultado de la votación no es un triunfo para De Vido. La semana que viene empieza la tarea del Poder Judicial y pese a que se defina, al igual que sus “compañeros” Jaime y Sala, entre otros, como un “perseguido político”, y aunque los planteos en sus abogados puedan demorar la tramitación de los expedientes, no habrá margen para discursos estructurados como “lugar común – la dictadura- lugar común -neoliberalismo- lugar común- el pueblo- lugar común- los trabajadores- lugar común”. El diputado suma cinco procesamientos, decenas de imputaciones y denuncias y el resultado de las causas dependerá de las pruebas.
El otrora omnipotente ministro deberá dar explicaciones en las actuaciones en curso por la Tragedia de Once; por el direccionamiento de obra pública a favor de Lázaro Báez, por la compra de trenes chatarra a España y Portugal; por subsidios irregulares a líneas de colectivos; por la renegociación de contratos ferroviarios y por enriquecimiento ilícito, una pesquisa que la Cámara Federal de Casación Penal reabrió recientemente, para su horror. Es solo el principio, pero a medida que las causas pasen a juicio oral y se acumulen, sus posibilidades de que ir preso serán cada vez mayores, tal como le ocurrió a su ex subordinado Jaime.
Para el Gobierno, la derrota en el Congreso podría posibilitar que “pegue retrocediendo”, ya que mejora las razones para que los votantes anti-k no oficialistas apoyen a Cambiemos.
