La argucia enarbolada por la conducción nacional de la Confederación General del Trabajo (CGT) para acometer contra el presidente Mauricio Macri, por la que denunciarán la recientemente sancionada ley cordobesa de Servicios Esenciales, tuvo ayer una inesperada ramificación tierras adentro de esta provincia.
A pesar de faltar poco más de tres semanas para las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO), en las que Unión por Córdoba intentará revalidar sus credenciales de primera fuerza provincial, el titular de la CGT Regional Córdoba, José “Pepe” Pihen, adhirió ayer al planteo de su central nacional, en contra de la ley aprobada por la Legislatura cordobesa.
Llama la atención la desatención de Pihen hacia el partido al que pertenece y por el que ocupa una banca en dicha Legislatura; no por el gesto de autonomía, que el dirigente gremial ha exhibido en otras instancias, sino por la delicada oportunidad en que ha decidido hacerlo: plena campaña electoral.
Polémica ley
A comienzos de junio, los choferes de UTA Córdoba tuvieron en vilo a la ciudad durante nueve días. Entre las principales consecuencias del paro ilegal no sólo se cuenta la estrepitosa caída de la imagen pública de los dirigentes sindicales y la expulsión de casi 200 choferes, sino también la sanción de una ley provincial que intenta moderar el impacto de las medidas de fuerza hacia adelante.
El miércoles 14 de junio, tan sólo un día después de la deposición final de las protestas por parte de los delegados díscolos, la Unicameral aprobó la ley 10461, denominada “de Servicios Esenciales”, con el apoyo abrumador de 57 de los 70 legisladores. Tan solo parlamentarios del bloque kirchnerista o de perfil gremial optaron por oponerse o ausentarse al momento de la votación.
Entre otras disposiciones, esta ley establece que en todas las actividades comprendidas los gremios deberán dar preaviso de sus paros de actividades “en forma fehaciente y con cinco días de anticipación a la fecha en que realizará la medida”. Además, la ley obliga a la fijación de servicios mínimos, los cuales deberán ser detalladamente informados, con previsión de sanciones para los trabajadores que eventualmente incumplieran la prestación de los mismos.
La ley define que está comprendida aquellas actividades “que pueden tener consecuencias para el goce de los derechos constitucionales a la vida, a la salud, a la seguridad, a la justicia y el acceso a la energía eléctrica, al gas y al agua potable”.
Además, el articulado especifica que “los servicios de transporte público de pasajeros y los relacionados con la protección ambiental quedan expresamente comprendidos”, en una alusión a las medidas de fuerza de UTA, protagonista del conflicto en ese momento, y a Surrbac, que fue el principal sostén de la protesta, por decisión de su dirigente Mauricio Saillén.
De la misma manera, podrán quedar alcanzados por la ley los trabajadores municipales de aquellos municipios que adhieran a la misma.
Denuncia internacional (y electoral)
El triunvirato que conduce actualmente la CGT Nacional expresó esta semana, a través de su integrante Juan Carlos Schmid, la decisión de impugnar la ley cordobesa ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT), al considerar que “restringe el derecho de huelga”.
Schmid no ahorró críticas hacia el conflicto que los rebeldes delegados de la UTA Córdoba sostuvieron por más de una semana, aprovechando para criticar a la militancia gremial del trotskismo, que alentó a los referentes cordobeses.
Tras ello, el secretario general del Sindicato de Empleados Públicos y de la CGT Regional Córdoba se apresuró a remitir ayer una nota al Consejo Directivo de la central nacional, en la que “adhiere y celebra la decisión de denunciar ante la OIT la ley provincial 10461”.
En ello, Pihen parece no haber reparado en que la jugada de la CGT Nacional, a pesar de estar pensada principalmente contra el macrismo y, en segundo orden, como pase de factura al trotskismo, igualmente impactará contra Unión por Córdoba.
El oficialismo cordobés tiene quorum propio en la Unicameral, y garantizó como principal bloque la sanción de la ley. Dentro de la bancada, solamente el propio Pihen e Ilda Bustos (titular de los Gráficos) se ausentaron de la votación.
Si bien Pihen ha enarbolado su proveniencia gremial en más de una oportunidad como razón suficiente para apartarse del accionar principal de su partido, llama la atención en este caso que el gremialista no haya considerado la inconveniencia de su gesto, al ubicarse en plena campaña electoral.
Los pasos de Pihen podrían ser seguidos por los referentes de listas que, desde posiciones minoritarias, pugnarán por ingresar al reparto de escaños y hacerse así con, al menos, la novena banca. El kirchnerismo puso a la cabeza de su lista Córdoba Ciudadana al titular de la CTA Córdoba, Pablo Carro, y el Frente de Izquierda y de los Trabajadores conformó su nómina con referentes gremiales del trotskismo. Ambas coaliciones buscarían aprovechar la jugada de la CGT Nacional para profundizar sus críticas hacia los oficialismos nacional y provincial.
