Cannabis medicinal: UNC propone acciones

La ley sancionada en marzo puso la obligación de organizar el cultivo y la producción de medicamentos en cabeza del Estado nacional, pero no hay avances. Hemoderivados anunció que trabaja en un proyecto al respecto

Por María Viqueira

Según la ley sobre uso medicinal del cannabis que el Senado aprobó a fines de marzo, el Estado nacional deberá impulsar a través de laboratorios de producción pública de medicamentos la extracción de derivados de la planta y su industrialización.
Así, quedó en cabeza del Poder Ejecutivo la obligación de organizar todo lo relacionado con la investigación y el cultivo de la especie, a través del Conicet y del INTA, pero a más de tres meses de la sanción de la normativa casi no hay avances, ya que falta reglamentarla.
Mientras el diseño del esquema de siembra y tareas afines está pendiente, el Laboratorio de Hemoderivados de la UNC anunció que trabaja en un proyecto para que la provincia se perfile como productora de aceite de cannabis y, eventualmente, ayude a abastecer el mercado.
Hemoderivados precisó que firmó un convenio con la Facultad de Ciencias Exactas Físicas y Naturales y que ya hay gestiones en marcha con la Administración Nacional de Medicamentos (Anmat) y una veintena de laboratorios públicos.
En paralelo, ante la falta de precisión sobre los plazos que insumirá poner en marcha la cadena de producción de la medicación a base de marihuana y otros aspectos, como la investigación científica y la capacitación de los profesionales del arte de curar, resurgen las quejas de quienes propugnaron otro modelo de legislación; especialmente, para que se permita el cultivo personal.
Si bien referentes de organizaciones como Mamá Cultiva se mostraron conformes con la normativa, pese a sus límites, y la definieron como “perfectible”, ayer, con el tema instalado en los medios por el caso de Uruguay, en donde la substancia se vende en farmacias, referentes del Frente de Izquierda cordobés propusieron la liberación integral del consumo y del cultivo, para todos los fines, y denunciaron que con la actual regulación se busca “que el producto sea monopolio de laboratorios”.
El año pasado, cuando comenzó a debatirse la ley, la Nación y casi todas las provincias –entre ellas, Córdoba- acordaron “bloquear” los intentos para liberar del autocultivo. En diciembre, un mes después de que Diputados le diera media sanción al texto, Mauricio Macri tomó en cuenta el pedido de la Pastoral Social y declaró la emergencia nacional en materia de adicciones.
El grupo encabezado por José María “Pepe” Di Paola reclamó la puesta en marcha de medidas preventivas y sanitarias y, con su decreto, Macri siguió la recomendación de los religiosos y de otros sectores, al plasmar como objetivos de la medida el tratamiento y la inclusión social.
Entre otras pautas, el Poder Ejecutivo instruyó a la Sedronar para que tomara acciones y jerarquizó el rol de la repartición, que fue dejada de lado por el kirchnerismo durante su gestión.
En la provincia, se creó la Red de Asistencial de las Adicciones (RAAC), que contempla un sistema único e integral, de carácter preventivo y asistencial, para todas las complejidades.
En la misma sintonía que la Administración nacional, el Gobierno de Córdoba decidió dirigir recursos estatales hacia las personas, tomando la hoja de ruta sugerida en el documento que difundió la Iglesia, que sostiene que la recuperación debe ser priorizada.
Al consenso a la hora de no promover la legalización del uso o cultivo de marihuana se arribó, entre otras cosas, por las conclusiones del Plan Nacional de Reducción de la Demanda de Drogas 2016-2020, elaborado por la Sedronar, que sostiene que la “tolerancia social” es uno de los motivos del aumento de casos de abuso.
De esa manera, la política de Estado se encaminó a prevenir y tratar el consumo problemático, dejando de lado la mirada “ideológica”.

Arriola
Los reproches a la normativa vigente provienen de distintos sectores y seguirán, pero pese a sus falencias y a las demoras a la hora de su implementación lo cierto es que por primera vez hubo un resultado concreto para la “militancia cannábica”; al menos, relacionado a una de sus causas.
Cabe recordar que luego de que en el 2009 la Corte declarara inconstitucional el castigo de la tenencia de drogas para uso personal (“Arriola”) el activismo no abandonó sus consignas, pero se politizó y se convenció de que de que el “modelo” iba a promover una reforma de la ley de estupefacientes seria y respetuosa de las libertades individuales, algo que no sucedió.
En el 2012, Aníbal Fernández apareció en la tapa de la revista THC, una publicación especializada en cannabis, y anunció que iba a presentar una iniciativa. Lo hizo, pero fue intrascendente, y todo quedó en meras declamaciones.
En el 2014, Cristina Fernández de Kirchner intentó capitalizar la repercusión que logró el uruguayo José “Pepe” Mujica con su idea despenalizadora e instruyó a sus legisladores para que impulsaran el debate sobre el uso terapéutico, pero tampoco pasó nada.
Entre otras razones, quienes se opusieron al cultivo personal sostienen que la práctica podría acelerar los tiempos de la discusión del uso recreativo, un debate que no quiso abrir.
La idea del kirchnerismo, que con el respaldo del la izquierda y del socialismo propugnó el autocultivo, era más audaz, pero se apartaba de las recomendaciones de los expertos, que coinciden en que es necesario que haya más investigación y que que se profundicen los estudios clínicos.