CGT Nacional usa mala praxis de UTA para treta contra Macri

El dirigente Carlos Smichd anunció que pedirá a la OIT la impugnación de la ley de servicio esencial impulsada por el gobernador Juan Schiaretti. En el marco de la campaña electoral y en un claro intento de agitar los fantasmas del límite del derecho a huelga que llegaría después de octubre, la central se nutre de la normativa que no se aplicó para terminar con el paro de choferes.

Por Yanina Passero
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cgtContinúa generando utilidades la revuelta de delegados díscolos de UTA Córdoba que jaqueó el transporte de la ciudad de Córdoba por nueve días y expulsó del sistema a dos centenas de choferes que apoyaron el paro ilegal. En la nueva oportunidad, el sujeto de la noticia no es el intendente Ramón Mestre quien, naturalmente, intentó sacar rédito político de su enérgica actuación para licuar el conflicto ocurrido en junio pasado.
El metrónomo electoral no sólo marca el tempo a aquellos que están involucrados de lleno en la próxima compulsa legislativa nacional, como es el caso del responsable del Palacio 6 de Julio. Incluye además a nuevos actores que ya realizaron sus apuestas. Por ejemplo, los sindicatos. Y tampoco se refiere a los caciques locales.
Esta vez, fueron “los gordos” de la CGT nacional quienes se valieron de una de las consecuencias materiales de la huelga ilegal de colectiveros –la sanción de la ley que amplía los servicios esenciales en Córdoba- para plantar una nueva tetra contra el gobierno liderado por Mauricio Macri.
El triunviro de la central obrera nacional, Juan Carlos Schmid, aseguró ayer que impugnará ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT) la iniciativa aprobada en la Legislatura de Córdoba, el 14 de junio. En declaraciones a un medio porteño, el dirigente indicó que la ley “restringe el derecho de huelga” y dirigió un duró cuestionamiento a los delegados cordobeses que llevaron adelante una protesta en el marco de la ilegalidad.
“Cuando los conflictos son llevados con una carga ideológica precisa y no ofrecen alternativas de negociación es cuando aparecen los problemas no deseados. (La ley de servicios esenciales) fue obra de un reclamo mal conducido por un sector altamente ideologizado”, disparó Schmid con la evidente intención de destacar la militancia trotskista de los líderes de la huelga, Marcelo Marín (Aucor) y Sonia Beas (Tamse).
No es nueva la preocupación de la CGT Nacional por los presuntos límites que quiere imponer el macrismo y sus aliados en el territorio al consagrado derecho a huelga. De hecho, en la última asamblea anual de la OIT que se llevó a cabo en Buenos Aires, el mes pasado, los líderes cegetistas y las dos CTA resolvieron actuar en bloque para impedir el avance de “medidas neoliberales”, como definieron en un documento.
Decíamos, la nueva tetra quedó expuesta porque la dirigencia gremial sabe, mejor que nadie, que el marco legal que regula las relaciones laborales no requiere de actualizaciones refinadas para contener el evidente clima de efervescencia gremial. Quedó demostrado con el sistema de emergencia que montó el intendente Mestre para acercar un paliativo a los miles de usuarios que quedaron a pie.
Los corredores troncales comenzaron a cumplir sus recorridos con fuerte custodia de fuerzas de seguridad, provinciales y nacionales. Directivos e inspectores de las empresas prestadoras, choferes que entendieron el nivel de irracionalidad que demostraron quienes dicen representarlos y voluntarios con carnet habilitante, fueron la base fundamental de la estrategia para desarmar la huelga que día tras día perdía adherentes.
Los delegados díscolos envolvieron con versiones falaces a los empleados con el simple objetivo de mantener viva la protesta. La mentira duró poco cuando fueron los propios afiliados quienes comenzaron a experimentar el despido masivo más importante que registró la historia del transporte de Córdoba. Si alguien los hubiera alertado 48 horas, cuando realmente el poder concedente y Fetap estaban dispuestos a cancelar las cesantías y los descuentos a cambio del restablecimiento del servicio, la historia hubiera sido otra.
La alianza entre peronistas y radicales en la Legislatura fue el remate político del conflicto. “Cuando el ejercicio de una medida de acción directa involucre o comprometa la interrupción o suspensión de actividades que pueden tener consecuencias para el goce de los derechos constitucionales a la vida, la salud, la seguridad, la justicia, el acceso a la energía eléctrica y gas y al agua potable, sea por tratarse de servicios esenciales (Ley Nº 25.877), relaciones de empleo público o prestaciones de servicios públicos, deberá garantizarse un conjunto básico de prestaciones y personal, a fin de asegurar su continuidad y regularidad, bajo las pautas y modalidades previstas en la presente ley”, rezaba el primer artículo de ley que materializó esa alianza.
Como se evidencia, su nacimiento era innecesario porque el municipio utilizó el compendio legal disponible para dar una respuesta conforme a derecho. Desarticuló un paro y, a un mes de la revuelta, los choferes cesanteados no han podido revertir su situación. De hecho, los interventores de la UTA Córdoba, avanzaron en la revocatoria del mandato de los dirigentes rebeldes y los empresarios tramitan el desafuero.
A esta altura parecería evidente que la CGT Nacional también aprovechó la revuelta gremial del transporte para encender sus juegos de artificio en tiempos electorales.