Consulta popular: UPC redobla presión e impugna la fecha

Carlos Massei anunció que se presentarán ante la justicia para impedir que se realice el referéndum que propuso Ramón Mestre en paralelo con las primarias abiertas y simultaneas.

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Carlos Massei

El justicialismo provincial parece decidido a impedir que se concrete la consulta popular que, en plena crisis por el paro de transporte público de pasajeros, planteara el intendente de la ciudad de Córdoba. Ayer, el plano de la pelea ascendió a la primera línea del oficialismo provincial.
La idea de someter al electorado cuestiones relativas a las medidas de fuerza en los servicios públicos surgió, desde el Palacio 6 de julio, en pleno fragor del conflicto que mantuvieron los choferes del transporte público de pasajeros. La indignación ciudadana con la medida de fuerza fue la base material donde se asentó la convocatoria al referéndum.
Las preguntas que el oficialismo municipal piensa hacer al electorado van desde la metodología sindical de realizar asambleas en horario de trabajo, hasta la posición sobre el encuadramiento del transporte público como servicio esencial. La convocatoria fue aprobada por la mayoría oficialista en el Concejo Deliberante días después de que Mestre la anunciara en conferencia de prensa.
Según el texto del proyecto aprobado, la consulta popular se haría el 13 de agosto, en paralelo con las primarias, abiertas, simultaneas y obligatorias. Desde el municipio capitalino se argumentó que, aprovechando la infraestructura electoral desplegada por el Estado nacional en las PASO, se podría realizar la consulta sin incurrir en gastos excesivos.
Precisamente, la fecha elegida fue el punto de la discordia entre el oficialismo municipal y el provincial. Al momento de votar en el Concejo Deliberante, los representantes de Unión por Córdoba (UpC) se pronunciaron por la negativa y acusaron al mestrismo de aprovechamiento electoral de los comicios legislativos nacionales.
Posteriormente, esta disputa excedió los límites de la Municipalidad de Córdoba cuando los intendentes que responden al justicialismo amenazaron a convocar su propia consulta popular en los municipios que gobiernan. Obviamente, las preguntas al electorado contendrían otros asuntos.
La idea de los jefes comunales de Unión por Córdoba fue preguntar a los habitantes de las ciudades y pueblos que gobiernan si están de acuerdo con una distribución de subsidios que favorece, principalmente, a la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano.
La consulta que propiciaban también se realizaría el 13 de agosto, aunque admitían abiertamente que preferían que la justicia federal con competencia electoral no autorice ninguna de las convocatorias. “Lo mejor sería que la justicia electoral no permita este tipo de consultas, en una fecha electoral. Mientras tanto, tenemos que cubrirnos de una maniobra para no quedar perjudicados”, se sinceró el intendente de Alta Gracia, Facundo Torres.
Ayer, la guerra de baja intensidad que venían manteniendo los jefes comunales peronistas con el intendente de Córdoba parece haber pasado a otro nivel. Carlos Massei, ministro de Gobierno de la provincia, confirmó que Unión por Córdoba se presentará a la justicia para solicitar que no se autorice ninguna consulta en paralelo con las primarias de agosto.
Según el hombre fuerte del Ejecutivo provincial, la justicia electoral corrió vista a todos los partidos de las presentaciones existentes y a partir de esto el justicialismo decidió impugnar la convocatoria aprobada en el Concejo Deliberante.
“Lo vamos a impugnar por un motivo muy especial. Por un lado, porque la consulta popular confunde al electorado y en segundo lugar las preguntas tratan de ver cómo llevar agua al molino de Cambiemos”, afirmó Massei en rueda de prensa.
Además, transparentó que, en conversaciones previas, el gobierno provincial había adelantado a Ramón Mestre su desacuerdo con la realización paralela de ambos comicios. “No estamos de acuerdo, ya se lo hemos dicho claramente al intendente y a los funcionarios municipales; nosotros acompañábamos esta propuesta siempre que estuviera fuera del calendario electoral”, dijo a Cadena 3.
A partir de la decisión de la plana mayor del justicialismo, la polémica sobre la realización de la consulta se instala definitivamente en el terreno político partidario. La última palabra será la del juez federal interviniente.