Ex Batallón: vecinos desistieron de pleitos; comienzan las obras

La tensión entre los actores involucrados cedió. Luego de que la Secretaría de Ambiente avalara los trabajos, los residentes de la zona sur evaluaron hacer presentaciones judiciales para frenarlos, pero ese escenario no se dio.

El inmueble era un predio militar nacional que se transfirió a la Provincia.
En el 2007, el ex gobernador José Manuel de la Sota se lo vendió al grupo Eurnekian.
Durante la administración del ex intendente Luis Juez fue declarado “reserva verde”.
A fines del 2012, Ramón Mestre, vía convenio urbanístico, autorizó el cambio de uso de suelo, permitiendo la construcción de 440.000 metros cubiertos (el 40 por ciento del terreno).
Además, establece que podrá construir viviendas en altura de hasta seis pisos y que, como contraprestación, la mitad del bien deberá ser un espacio público y conectar al Parque Sarmiento con la avenida Cruz Roja.

Durante el 2016 la polémica por el proyecto de desarrollo inmobiliario en el predio del ex Batallón 141 tuvo varios capítulos. Si bien se especulaba que el inicio de los trabajos iba a demorarse por los planteos de los vecinos de la zona sur de la ciudad, ese escenario no se dio, ya que desistieron de acudir ante la Justicia.
Es posible que el temor a perder el pleito y enfrentar un posible juicio por daños y perjuicios, ya que se trataba de iniciar una acción y pedir una cautelar para una obra de 440 m2 cubiertos, haya desalentado a quienes tenían intenciones de litigar.
A ello cabe sumar el comprensible cansancio de los miembros más activos del grupo y al previsible surgimiento de diferencias en torno a la estrategia a seguir y otros asuntos.
Lo cierto es que no hubo litigio y el conflicto -que incluyó una causa en la Justicia Federal, que, cautelar mediante, paralizó la actividad, mientras se investigaba la presunta comisión del delitos de lesa humanidad en el lugar- llegó a su fin.
Esta semana la Corporación América lanzó oficialmente las obras, confirmó que la inversión rondará los millones de dólares y que generará dos mil puestos de trabajo.
Se estima que en menos de 10 años el espacio edificado albergará a unas 12 mil personas. El plan incluye viviendas y oficinas, un centro de salud, un hotel y una capilla, entre otras construcciones.
En agosto del año pasado, la Secretaría de Ambiente de la Provincia se pronunció en sentido favorable a las pretensiones del Grupo Eurnekian, basándose en el dictamen de la Comisión Técnica Interdisciplinaria, que le recomendó aprobar el emprendimiento. La repartición citó en las conclusiones de factibilidad emitidas por dependencias municipales y empresas de servicios.
La tensión entre los derechos de propiedad y ambiente signó el tono de los cruces entre los defensores de la iniciativa empresarial y los residentes del barrio.
Además, Eduardo Mondino, vocero de la corporación en Córdoba, sugirió que la cuestión se estaba usando para “dar una batalla política”. También aseguró que fue durante la administración de Luis Juez, posterior a la adquisición del predio, cuando se lo declaró “reserva verde” y sostuvo que el espacio jamás fue un “pulmón”.
Mientras los vecinos de los barrios Jardín; Jardín Espinoza; Rogelio Martínez y Revol pidieron que los terrenos se anexaran al Parque Sarmiento, los ejecutivos de Corporación América hicieron hincapié en que el Grupo Eurnekian era el dueño legítimo del bien.
En la audiencia pública no vinculante previa al aval para las obras la directora del Iplam municipal, Elvira Fernández, hizo su presentación en su carácter de docente de la Facultad de Arquitectura y se pronunció a favor de la densificación de la ciudad.
Por su parte, el titular de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), Rubén Urbano, resaltó las oportunidades laborales en juego.
En general, los planteos en respaldo de la postura de la firma giraron en torno a la importancia de la inversión que se pactó y a los riesgos judiciales que enfrentaría la Municipalidad en caso de que se afectara un derecho adquirido.
En tanto, los expositores que se manifestaron en contra del plan citaron argumentos vinculados a la forma en que se vendió el predio y al cambio del uso de suelo. También expresaron su preocupación por la problemática del tránsito y las implicancias demográficas.
Una vez que se conoció la decisión de Ambiente, los vecinos reclamaron precisiones, presentaron recursos administrativos y anunciaron que harían presentaciones judiciales para detener el proyecto, pero finalmente desistieron.