La última huelga de choferes del transporte urbano mostró, en nueve días, las serías dificultades que tienen los dirigentes de UTA Córdoba para sostener su liderazgo en el tiempo. Los mandatos son efímeros por las presiones permanentes de los opositores que quedaron con los pies fuera del plato en las compulsas electorales o, en el caso extremo, por los propios choferes que ungen a nuevos reemplazantes, incluso antes que caduque la potestad de representación de aquellos que eligieron a través del voto directo.
Esto explica, parcialmente, porqué un secretario general termina avalando protestas ilegales con tal de retener su bastión de poder. Ejemplos son Alfredo “Cuchillo” Peñaloza y Alfredo Salerno. El primero, perdió su reelección por 66 votos, los miso que engrosaron la cosecha del ex mecánico de Coniferal que venía de perder la elección de delegados de su empresa. El segundo ungido, cayó en las mismas prácticas que su antecesor pese a expresar públicamente que respetaría el estatuto y el esquema de poder vertical de la UTA, que depende de una central de choferes nacional con oficina en Buenos Aires.
La ilegalidad como marco de la defensa de sus derechos es una constante entre los referentes de los colectiveros cordobeses, empujados por la ardua empresa de retener adhesiones internas para lograr imponer sus caprichos. Los delegados electos durante la intervención de la seccional dispuesta por el mandamás de UTA Nacional, Roberto Fernández, se entusiasmaron con ese pequeño impulso en las urnas.
Pese al apoyo del interventor Luis Arcando, resolvieron morder su mano y jaquear el servicio con un paro que resultó siendo altamente costoso para los promotores de la medida (entre ellos, Luis Marín de Aucor; y Sonia Beas, de Tamse). La lista de la derrota abre con 207 empleados despedidos cuya reincorporación depende de un milagro. Continúan con pérdidas salariales, unos 14 mil pesos en promedio, para más de tres mil choferes. Cierra con la avanzada de proyectos legislativos para regular las asambleas y declarar el transporte como servicio esencial.
Estos delegados que tenían la oportunidad de trabajar orgánicamente con sus referentes nacionales, de cara a la normalización de la UTA Córdoba, engrosarán las filas de Salerno y sus colaboradores que escucharán el veredicto del congreso extraordinario de delegados de todo el país que se llevará adelante este jueves, en Moreno, Buenos Aires.
Altas fuentes del gremio aseguran que deberán prepararse para el peor final: su expulsión. Si bien la empatía de sus pares podría jugar a su favor, el cierre del conflicto reciente no es la mejor carta de salvación. Por el contrario, las dos centenas de choferes despedidos serán una mancha en la historia de la organización que, hasta el momento, podía hacer gala de sus importantes conquistas.
En la jornada de hoy, se realizará una reunión preparatoria del congreso. Luego de esta cumbre, podrían registrarse algunas pistas de la resolución. Lo cierto es que las máximas autoridades del gremio ya pusieron en circulación sus preferencias, pero saben que son los representantes de base quienes tienen la última palabra.
De hecho, el secretario del Interior de UTA, Jorge Kiener, había pedido a los choferes cordobeses que pidieran la renuncia de sus delegados, a quienes calificó de “payasos”.
CGT Córdoba pidió por la incorporación de los choferes
A pocos días de finalizado el paro del transporte urbano de pasajeros en Córdoba, la CGT Regional Córdoba exigió la reincorporación de los conductores despedidos. “Sin perjuicio del reconocimiento a la instancia abierta en el Ministerio de Trabajo de la Provincia, esta central entiende que ningún argumento puede justificar estas cesantías que sólo servirán para agravar la ya de por si crítica situación social de nuestra ciudad”, comienza el comunicado firmado por su titular, José Pihen.
A renglón seguido, afirman que las desvinculaciones fueron ilegales por “telegramas de intimación con plazos irracionales de cumplimiento imposible y el criterio de elección “aleatoria” de los cesanteados por parte de los empresarios.
Luego de fijar posición, la CGT Córdoba apunta contra el intendente Mestre, a quien señalan como “responsable oculto”. Cabe recordar que el responsable del Palacio 6 de Julio resultó ungido socialmente por la resolución del paro en el transporte de nueve días.
Pihen le reprocha al radical su insistencia en mantener los despidos “porque la mayoría de los cesanteados no son empleado municipales” y dispara contra la calidad de la prestación. Recién hacia el final del apoyo epistolar de la CGT Córdoba a los colectiveros, arremete contra los dirigentes que se empecinaron en sostener un paro en el marco de la ilegalidad.
“Esto permitió acciones oportunistas del poder político, como la sanción de una ley provincial o la convocatoria a una Consulta Popular Municipal que intentan limitar en forma ilegal el ejercicio del derecho de huelga”, facturaron desde la central obrera.
La semana pasada el PJ de Capital realizó el mismo pedido. A las pocas horas, fue el gobernador Juan Schiaretti quien salió a cuestionar a los concejales y legisladores que responden a su esposa, Alejandra Vigo. El presunto doble discurso, enardeció a los radicales.
