A fines del año pasado, cuando se oficializó la puesta en marcha de la filial cordobesa de Justicia Legítima, el fiscal federal Enrique Senestrari, uno de los referentes del colectivo K en la ciudad, quedó relegado.
En un intento por sacarlo del foco de atención -y teniendo en cuenta sus traspiés profesionales y excesos militantes- la versión local del grupo le dio el cargo de vocal.
Un par de meses antes, mientras la actuación irregular de la procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó, comenzaba a ser cuestionada duramente en distintos ámbitos institucionales, la posibilidad de que su jefa y “compañera” dejara la función alteró a Senestrari, un hombre que parece haber olvidado que integra el Poder Judicial y no oculta su devoción casi religiosa por ciertas figuras.
En esa oportunidad, en uno de sus lapsus dogmáticos, vía Twitter, mandó al Ministro de Justicia a “lavarse la boca” porque opinó que “el zaffaronismo le hizo muy mal a la Justicia penal”.
Recientemente, su propensión a cruzar los límites del decoro lo llevó de nuevo a los medios y motivó sendos pedidos de destitución, luego de que manifestara en un programa radial su deseo de que “cayera” el gobierno de Temer”, en Brasil, y de que ese escenario se extendiera a la Argentina. No conforme, le pidió a la sociedad que “reaccione” para evitar que “volteen” a Nicolás Maduro en Venezuela.
Hasta ahora, las consecuencias no llegaron y Senestrari sigue más concentrado en la política que en su función. Esta vez eligió visitar a la multiprocesada Milagro Sala en el penal de Alto Comedero, en Jujuy, un lugar que se ha convertido en un destino casi obligatorio para el kirchnerismo residual.
“Vinimos a darle el apoyo que Justicia Legítima viene expresando. Es una detenida política. No hay razones de riesgo procesal que justifiquen que esté en prisión preventiva”, planteó.
Más allá de que podría decirse que Senestrari no parece ser un experto a la hora de medir el peligro de fuga (cabe recordar que su testigo estrella en el fallido “Narcoescándalo”, Juan Viarnes, se evaporó luego de que él lo dejara en libertad), es posible afirmar que a esta altura del partido lo único que podría sacar a Sala de la cárcel son sus fueros como parlametaria del Mercosur, tal como propicia Gils Carbó.
Igualdad ante la ley
En su momento, la Máxima Instancia jujeña consideró que la ley 27.120 no le otorga inmunidad de arresto a los parlamentarios del Mercosur, porque es una cuestión regulada por instrumentos internacionales. De forma subsidiaria, declaró la inconstitucionalidad del artículo 16 de la ley 27.120, que la equiparó con la de los diputados nacionales, y sostuvo que las inmunidades sólo pueden ser dispuestas por una Convención Constituyente. También opinó que la extensión de la figura por medio de una norma es un privilegio que vulnera el principio de igualdad.
La procuradora ya opinó y ahora la Corte tendrá la última palabra al respecto.
La situación procesal de la líder de la Tupac Amaru se complca día a día. Horas después de que el Senestrari se despidiera de ella, la Cámara Federal de Casación Penal confirmó su condena a tres años de prisión en suspenso, por daño agravado, a raíz del violento “escrache” que orquestó en el 2009 en contra del entonces senador y actual gobernador de Jujuy, Gerardo Morales. Además, revocó su sobreseimiento por amenazas y dispuso que se dicte una nueva sentencia.
La Máxima Instancia Penal enfatizó que los hechos fueron planeados y concluyó que aunque no estuvo presente ese día, Sala fue la instigadora. Entre otras pruebas, durante el juicio fue clave el testimonio del cooperativista René Arellano, ex miembro de la Tupac Amaru, quien aseguró que hubo una reunión en la casa de la dirigente para organizar la agresión. Según Arellano, en ese encuentro Sala aseguró que “la derecha venía a quitarles las viviendas” y que le dijo que si no participaba le iba a pegar un tiro.
Sala está en Alto Comedero desde el 20 de enero del 2016 y acumula varias causas; entre otras, por fraude a la administración pública, asociación ilícita y extorsión. También pesa sobre ella un procesamiento por homicidio en grado de tentativa, calificado por precio o promesa remuneratoria.
Si las 80 vidas que segó la violencia del Gobierno de Maduro no entran en el radar del fiscal, es forzoso que no registrare a las personas a las que Sala amedrentó y sometió durante años. No lo hace. Él peregrinó a Jujuy para entrevistarse con ella, para “conocer su obra” y, de paso, para seguir explotando hasta la última gota el discurso de la “persecución”.
Tal vez prepare el terreno para su propia causa, ya que no es descabellado pensar que pueda enfrentar un proceso disciplinario. Tampoco puede descartarse que esté “blanqueando” sus intenciones de dejar del Poder Judicial y lanzarse a la arena política.
Lo cierto es que el kirchnerismo insiste en su campaña a favor de la jujeña y hace gala de su sensibilidad selectiva.
El negacionismo sobre las denuncias de los damnificados ha sido y es escandaloso. Quedó en evidencia cuando la comisión de Seguridad Interior de Diputados recibió a un grupo personas que se identifican como “víctimas de violaciones a los derechos humanos” por parte de Sala y la bancada K asumió una actitud francamente refutatoria.
Esa tarde de diciembre del 2016 los testigos hablaron durante horas sobre humillaciones, agresiones físicas y verbales, ataques a sus humildes propiedades y, en general, de las penurias que soportaron mientras la Tupac Amaru se manejó como un estado paralelo, escudado por el discurso “social” y respaldada por los millonarios giros de la anterior administración.
La bancada K fue impiadosa. Casi en simultáneo, con la foto de Sala en cada asiento, el bloque de diputados solicitó la intervención de la provincia de Jujuy.
