Los concejales de Juntos por Córdoba tuvieron ayer su habitual reunión de bloque, minutos después del almuerzo. El encuentro tendría un objetivo sumarial: conocer si contaban o no con los votos propios para aprobar la consulta popular, tal como les requirió el intendente Ramón Mestre en medio del paro de los choferes del transporte de la ciudad. Las distintas líneas internas de la UCR, la dupla de macristas y la socialdemócrata se manifestaron por la afirmativa: sin demoras, fijaron una sesión especial para el viernes a las 8.
La consulta popular tendrá su aval legislativo con los votos de Juntos por Córdoba (incluída Laura Sesma). Se presume que la oposición no adherirá porque el proyecto que se someterá a votación respeta el espíritu original de la propuesta: ejes de la consulta y fecha de realización.
Fuentes del oficialismo ratificaron ayer que el cuestionario estará formado por los cuatro rubros anticipados por el Intendente: los vecinos deberán responder si están de acuerdo o no con las asambleas fuera del horario de trabajo; el funcionamiento mínimo del servicio de transporte durante una huelga; la ampliación de los datos públicos en el Portal de Gobierno Abierto y las descentralización de las reparticiones de Alumbrado Público, Obras y Mantenimiento; y Espacios Verdes.
El proyecto que se aprobará mañana sólo admitió sutiles mejoras de redacción ergo no recogió las sugerencias de la oposición, por razones naturales. El staff mestrista no admitiría un plebiscito de su gestión, como básicamente solicitaron los referentes de ADN, Unión por Córdoba, Fuerza de la Gente, Pensando Córdoba y Frente Federal. Las preguntas apuntadas pretendían indagar sobre ítems que, probablemente, no encontrarían una respuesta feliz de los vecinos.
Mestre tampoco aceptó la sugerencia del gobernador Juan Schiaretti de despegar la consulta de la elección nacional con el objetivo de “no confundir a la gente”. En el artículo 2 de la propuesta que tendrá despacho favorable en pocas horas, se indicó que los vecinos podrán fijar su posición el domingo 13 de agosto, jornada en la que se celebrarán las primarias abiertas y obligatorias para definir candidatos para las elecciones legislativas de octubre.
En el tercero renglón de la ordenanza, faculta al Ejecutivo municipal a celebrar el convenio con la Justicia Federal.
De esta manera, será el responsable del Palacio 6 de Julio quien asumirá los riesgos de la consulta. Prescindió del consenso de sus adversarios en el Concejo Deliberante, pero en especial del PJ que había adelantado su apoyo sólo si se despegaba de la compulsa nacional. Lógico: los peronistas no serían parte de un claro intento de Mestre de perpetuar las mieles por la toma de decisiones exitosas que redundaron en el fin de un paro de choferes de nueve días.
El contexto electoral no es el único condimento que alimenta la determinación del radical de realizar una consulta popular que, como máximo riesgo, puede terminar con un alto grado de apatía vecinal como sucedió con la organizada por Luis Juez.
La tensión en la UTA Córdoba está lejos de ser una etapa superada y, mientras las amenazas de los delegados díscolos continúen en el marco de las negociaciones entre FETAP y UTA por los choferes despedidos, el cuestionario de Mestre no perderá el carácter de necesidad que supo tener cuando el paro de conductores atravesaba su momento más crítico.
Ahora bien, si el municipio parece empecinado en conocer la opinión vecinal deberá actuar en consecuencia. Caso contrario, quedaría claro que se trató de un fuego de artificio electoral. Si hay voluntad de muñirse de la legitimidad social para llevar adelante cambios drásticos, todo parece indicar que Mestre está dispuesto a terminar su gestión con un alto grado de conflictividad gremial por la evidente regulación de asambleas que asoma como el paso siguiente a la consulta.
