Para Schiaretti, no se negocia con el vandalismo gremial

El Gobernador desautorizó el documento del PJ Capital en el que se pedía por la reincorporación de los choferes despedidos, tras la huelga de nueve días en el transporte de la ciudad de Córdoba.

Por Yanina Passero
ypassero@diarioalfil.com.ar

Al gobernador Juan Schiaretti le preocupó tanto como a al intendente Ramón Mestre el paro del sistema de transporte urbano de la ciudad. Quedó demostrado con dos hechos concretos. Puso a su disposición a sus hombres para arbitrar en un conflicto que jaqueó un servicio clave por nueve días, en un preocupante marco de anarquía sindical. También, los legisladores de Unión por Córdoba cerraron filas con sus pares del radicalismo y aprobaron la ley que amplía los servicios esenciales.
En un año electoral, la alianza entre dos espacios que competirán por la mayoría de las nueve bancas que se renueva Córdoba en la Cámara de Diputados se explica más por la crisis de representatividad que sacude a varias organizaciones sindicales (y el peligro que representa la atomización de “voceros” de los trabajadores), que por la necesidad de dar respuesta rápida al descontento social por la ausencia de una prestación clave.
Hacia la mitad del paro, generó pánico el repentino apoyo de poderosos sindicatos de Córdoba –peronistas- a delegados trotskistas que mostraron un desprecio por la organización a la que representan (en este caso, UTA Nacional). Comenzó escucharse con frecuencia alarmante el concepto de “crisis social” asociado a la amenaza de paro provincial.
Pese a las necesidades compartidas y los reproches internos que circularon puertas adentro del PJ (que tiene a sindicalistas ocupando escaños), Schiaretti dio una muestra de civilidad política. Hay puntos que son innegociables. Así se lo hizo saber a los dirigentes del PJ Capital, cuando cayeron en contradicción con el despliegue para contener la libanización de representantes de base de UTA Córdoba, apadrinados por el líder del Surrbac, Mauricio Saillén.
Cabe recordar que el pasado lunes, concejales y legisladores que responden políticamente a la esposa del Gobernador, la secretaria de Equidad, Alejandra Vigo, bregaron por la reincorporación de las dos centenas de choferes despedidos, escarmiento interno que recibieron por avalar un paro ilegal.
“En el marco de la conciliación obligatoria dictada por el Ministerio de Trabajo de la Provincia, es inminente retomar el diálogo, para recuperar las fuentes laborales afectadas por una disposición que dejó sin derecho de defensa a los trabajadores despedidos y que solo sirvió para que las empresas pudieran deshacerse de las mujeres y de los empleados con mayor antigüedad”, instaron.
La respuesta de Schiaretti fue un llamado a la coherencia partidaria. En Villa María, el mandatario provincial aseguró desconocer la circular. “La huelga de los choferes de Córdoba fue salvaje, tuvo en vilo a más de un millón trescientos mil cordobeses. Los que deben decidir en el marco de la legislación vigente si hay o no reincorporación de choferes son los empresarios y los trabajadores representados en la UTA Nacional. El Gobierno provincial no tiene porqué emitir opinión al respecto”, disparó.
El mandamás de Unión por Córdoba demostró que no permitirá un formato de comportamiento juecista entre los suyos: acumular con el desastre. Con esta desacreditación, Schiaretti buscó poner un punto final a las duras réplicas de la UCR tras el comunicado peronista; también a la posibilidad que abrieron dirigentes del PJ a los hombres boina blanca para que continúen capitalizando, en términos electorales, el cierre positivo de un conflicto gremial del que el oficialismo municipal resultó fortalecido.
Los esfuerzos del Gobernador por imponer un discurso acorde con los actos y cerrar filas en aspectos innegociables, como el vandalismo sindical, se enfrentarán a la necesidad de la UCR de marcar diferencias alentada por la próxima compulsa electoral, también por la que sigue, donde se supone que el Intendente tratará de pegar el salto hacia El Panal.
Ramón Mestre dio sobradas señales de querer sacar el máximo provecho de su actuación en la huelga de choferes. La consulta popular es un cabal ejemplo.
Schiaretti ratificó que apoya la herramienta pero que no aprueba su realización el 13 de agosto, día en el que se llevarán adelante las PASO. Azuzado por el comunicado del PJ Capital, el Concejo Deliberante se apresta a fijar una sesión especial para aprobar la consulta, este viernes. Funcionarios mestristas, como Javier Bee Sellares, niegan intencionalidad política y defienden la fecha elegida por la lógica razón de minimizar costos.
Claro, cargan la especulación electoral en la cuenta del PJ. Fue el titular del bloque radical en la Legislatura, Orlando Arduh, el responsable de dejar en claro la asociación: “¿Cómo puede el Gobernador salir a desconocer un documento realizado por quienes responden políticamente a su esposa y actual funcionaria?”, se preguntó antes de instar al gobierno de la Provincia a “poner la cara” si es que realmente desea la reincorporación de los choferes o si está en contra de la consulta popular.
“Acá lo que hubo fue una declaración de aprovechamiento electoral que en el fondo no es un política de estado sino una cortina de humo en vistas a las elecciones. Los cordobeses tienen memoria y en octubre les van a recordar que ellos -con este desopilante pedido- le dieron la espalda a la gente”, finalizó el dirigente que responde a Mestre.