“Causa ART” opacó rabieta de abogados por dichos de Macri

Tal como hicieron cuando se desató el escándalo por las maniobras en contra de las aseguradoras, salieron en defensa de “su derecho a trabajar”. Ahora, el fiscal pidió que se eleve a juicio otra parte de la causa que comenzó en el 2010, cuando había litigiosidad récord.

Luego de que el Colegio de Abogados de Córdoba y la Federación de Colegios de Abogados de la Provincia de Córdoba (FeCACor) lanzaran duros comunicados cuestionando los dichos del presidente Mauricio Macri -quien la semana pasada apuntó a las consecuencias negativas de la “industria del juicio laboral” para la generación de empleo-, podría haber un tercer juicio por el fraude a las ART que quedó al descubierto en el 2010 .
Ahora, el el marco de la megacausa, el fiscal provincial Enrique Gavier pidió que dos letrados, cinco médicos y dos empelados del sistema de salud y delegados gremiales se sienten en el banquillo de los acusados y respondan como miembros de una asociación ilícita dedicada a estafar a las empresas Liberty SA, Consolidar SA, Berkley International SA y Prevención SA.
A fines del 2009, mientras Córdoba lideraba el ranking de jurisdicciones con mayor litigiosidad laboral (la cámara que agrupa a las ART indicaba que cada 10 mil trabajadores, 211 generaban pleitos en el fuero), el ex titular de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, Juan González Gaviola, expuso las maniobras y se reunió con el Tribunal Superior para pedir la colaboración del Poder Judicial local.
El funcionario precisó que desde el punto de vista epidemiológico y científico no era lógico que hubiera grupos de 40 o 50 personas con las mismas patologías y sin informes de respaldo. Paralelamente, puntualizó que los ardides implicaron una pérdida anual para el sistema de más de 100 millones de pesos.
La visita del funcionario generó un escándalo y la investigación judicial confirmó una avalancha de reclamos espurios en contra de la Municipalidad y de la Provincia. Tras analizar casi seis mil procesos, se comprobó que al menos cuatro mil eran presentaciones acordadas, con certificados en los cuales figuraban las firmas de los mismos galenos, por enfermedades que se repetían.
Desde el primer momento, el Colegio de Abogados -dirigido en ese entonces por Alejandro Tejerina- discutió las objeciones de González Gaviola y la pesquisa que suscitaron y pidió el jury de los funcionarios que llevaron adelante la instrucción (Gavier, su colega Mariano Antuña y el juez de control Esteban Díaz).
Entre otras idas y venidas entre los actores involucrados, la entidad adujo que las irregularidades provenían de la superintendencia y Tejerina llegó a reclamarle a González Gaviola que en lugar de hablar de índices de litigiosidad récord (Córdoba concentraba más de 20 por ciento del total de casos en el país) se ocupara de bajar la siniestralidad. “Lo único que están haciendo es meter miedo a los trabajadores para que no reclamen lo que les corresponde”, acusó.
En suma, el colegio se limitó a reivindicar el derecho de sus colegiados a patrocinar demandas y alegó que se buscaba proteger a las ART.
Encabezado ahora por Héctor Echegaray, reaccionó en sentido similar por las manifestaciones del primer mandatario durante el acto de asunción del nuevo canciller, Jorge Faurie, cuando arremetió en contra de lo que definió como “la mafia de los juicios laborales”.
Los abogados de la capital y del interior se alinearon y desmintieron el cuadro de situación. Omitieron pronunciarse sobre el sistema legal vigente en la materia y renunciaron a la posibilidad de refutar, en su caso, que las normas impacten en contra del sector productivo.
Tampoco asumieron una posición conducente a enriquecer el debate y situaron a los empresarios como exclusivos culpables de la problemática, interpretando que los conceptos del mandatario eran un ataque a su profesión.
La entidad local objetó lo que, según entendió, fue una atribución de responsabilidad a los letrados por el cierre de Pymes, por la generación de litigios infundados y la destrucción de fuentes de empleo futuras. Además, en su misión de desmentir la existencia de una “industria”, adujo que Macri no debe desconocer “el derecho de los abogados a trabajar”.
La FeCACor, dirigida por Mauricio Paschetto, hizo un planteo similar y, escudándose en los jsuticiables, valoró que el Gobierno “pretende que los ciudadanos no presenten sus peticiones en los estrados judiciales”.
En esa línea, sostuvo que “la única causa” del incremento récord de pleitos es “la falta de cumplimiento de las leyes por parte de empresarios e industriales”.
Lo cierto es que según datos del TSJ la cantidad de demandas laborales llegó a su máximo en el 2009, con más de 35 mil reclamos, y que los índices comenzaron a bajar a partir del momento en el que salió a la luz la maquinación para defraudar a las ART.
Uno de los expedientes por el caso fue elevado a juicio hace dos años; otro está en el Juzgado de Control Número 7 y Gavier reclamó que haya debate oral para el tercer segmento de la compleja pesquisa. No obstante, es una trama compleja y quedan hechos por investigar.