Pensiones por invalidez, descontrol y fracaso del Estado

La mayor cantidad de beneficios coinciden con las zonas más pobres del país; fueron herramienta de clientelismo y para mucha gente el único camino para sobrevivir en zonas donde el desarrollo está ausente en todas sus variables.

Por Gabriela Origlia

La ministra de Desarrollo Social de la Nación, Carolina Stanley.

El gobierno nacional protagonizó una nueva polémica y un nuevo marcha atrás –como el que ya registró con las becas del Conicet y con la baja de jubilaciones- con las bajas y suspensiones de 70.000 beneficios por invalidez. Es incuestionable que detrás de la suba del 1.217% de esas pensiones entre 2003 y 2015 hay un trasfondo de irregularidades y clientelismo político. Salvo una guerra o una catástrofe, ningún país tiene –como Argentina- el 6,9% de su Población Económicamente Activa (PEA) con discapacidad por encima del 76%, el que se exige para la ayuda.
Pero, además, esos datos son la prueba del fracaso del Estado en todos sus niveles para generar desarrollo sostenible que reduzca la pobreza y cree empleo. El mapa de las pensiones por discapacidad coincide con el de la pobreza. En Córdoba -que representa el 2,9% del global país- hay pueblos del norte y noreste donde los beneficios superan el número de pobladores. Esas regiones son, también, las que sufren de pobreza estructural.
Los subsidios se usaron como asistencialismo político y a la hora de ordenar ese frente el gobierno de Cambiemos pecó de guiarse por planillas y de no llevar adelante un trabajo de campo mucho más profundo y detallado. El resultado fue la baja de beneficios a quienes realmente lo necesitan. El procedimiento desembocó en un escándalo y en la decisión de hacer, ahora, lo que no se realizó primero.
Es incuestionable que el Estado debe garantizar a las personas con discapacidad el derecho a vivir de forma independiente y a ser incluidos en igualdad de condiciones que los demás, pero eso no es compatible con que haya un millón de personas en el país que no pueden trabajar por su nivel de invalidez.
Quienes reciben estos beneficios no pueden trabajar y la superposición de números revela una alta correlación entre el porcentaje que recibe estas pensiones y la proporción de quienes, teniendo edad para trabajar, no lo hace ni busca. Así hay familias enteras que sobreviven haciendo changas.
El Estado no sólo fracasó –y peor que eso, se aprovechó- en el control de la documentación que lo llevó a otorgar este dinero, sino que hay pueblos que sin esa ayuda no tienen otra fuente de vida; no hay fábricas, las producciones del campo son marginales y sólo emplean trabajadores golondrinas y la salida pasa por emigrar a una ciudad donde serán iguales de pobres o anotarse para recibir un subsidio.
El cortoplacismo de los dirigentes empujó a muchos a tramitar subsidios en vez de pelear por inversiones productivas. No es un tema de privados, en centenas de parajes argentinos sólo hay posibilidad de que una fábrica se radique si el Estado genera el contexto acorde. ¿Cómo irían a donde no hay energía, ni caminos, ni agua potable? Las empresas no van, pero –lo que es peor- hay gente condenada a vivir allí.
En un país donde la mayoría de los sistemas tienen fisuras y la corrupción es estructural, a ningún funcionario se le ocurrió redoblar los controles. ¿Por qué si muchos de ellos también buscaban un beneficio al darlo?
¿Y los profesionales médicos que firmaron los certificados de incapacidad? Sin una “industria” en ese eslabón de la cadena era imposible construir la irregularidad. ¿Tampoco pensaron que contribuyeron a bastardear el concepto de discapacidad? Hay denuncias en 2012 denunciando esta connivencia; además de los “gestores” de siempre que cobraban uno o dos beneficios para hacer el trámite.
El retiro de las pensiones irregulares debe realizarse pero, en los casos de la gente más pobre y vulnerable, debe ser reemplazado por otra ayuda y, básicamente, el Estado debe empezar a apostar en serio al desarrollo. En algún momento el país deberá empezar a pensar en un plazo mayor al de la próxima elección y, donde no hay privados, será el sector público el que deba reemplazarlo. Esto no implica en todos lados y en todas las actividades, sino donde no hay otro camino.
Ponerle plata en el bolsillo a los más vulnerables económicamente no los saca de la pobreza; en muchos casos sólo los consolida en su situación.