Por Yanina Passero
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En cuestión de horas, la sede de UTA Córdoba mutó de “campamento revolucionario” a un espacio de lamento colectivo. Con la certeza de que los nueve días de paro cerraron con un saldo negativo para los usuarios y, paradójicamente, para los actores de la protesta, los choferes desvinculados pidieron la protección de los interventores. Nota al pie: a los mismos responsables temporales de la seccional, a quienes desconocieron mientras confiaron en delegados que deslegitimaron sus reclamos cuando los militaron en la ilegalidad.
Mientras las unidades del servicio público circulaban de manera habitual, 207 (ex) colectiveros se presentaron en su sede sindical para analizar las posibilidades de su reincorporación. Antes del mediodía de ayer, inició una asamblea general de trabajadores que se caracterizó por la expiación de culpas.
El argumento de los cesanteados puede resumirse en la sentencia que dice que “fueron puestos entre las cuerdas por delegados irresponsables, con motivaciones políticas manifiestas”. La defensa toma los mismos componentes argumentales que utilizó Roberto Fernández, titular de UTA Nacional, cuando anticipó que no daría la espalda a los conductores despedidos.
“Buscaremos la manera de reincorporar a todos. Entiendo el nerviosismo de Mestre, pero él no es un empresario. Voy a buscar el diálogo con todos los empresarios y que no haya tantos despidos”, había dicho a Cadena 3 el mandamás de los conductores de todo el país.
Ahora bien, para emprender esta cruzada, Fernández y sus adláteres en Córdoba deberán tomar medidas internas groseras. No logrará la flexibilización de la postura de los integrantes de Fetap, núcleo que representa a las tres empresas privadas que se reparten el servicio, si antes no hay una ofrenda. Naturalmente, la moneda de cambio serán los delegados díscolos.
Serán los choferes, cómplices de sus representantes de base para sostener un paro eterno, quienes deberán cambiar de vereda para salvar su pellejo. La intentona supone ser funcionales a la UTA Nacional que se empecinaron en desconocer.
Bajo esa lupa debe leerse la decisión de la asamblea de choferes que se extendió entrada la tarde. Resolvieron pedir la renuncia formal a los delegados que llevaron la voz cantante de una huelga que tuvo como argumento la reapertura de paritarias y la normalización del gremio.
Como se evidencia, siguieron los consejos mediáticos de su secretario del Interior de UTA Nacional. Jorge Kiener instó a los choferes a destituir a sus delegados. “Ojalá se junten en asamblea y sean condenados por los propios trabajadores”, enfatizó al respecto.
La negociación no será fácil. El intendente Ramón Mestre aseguró que los choferes expulsados del sistema deberán comenzar a repartir currículos; los empresarios apoyaron, aunque saben que la última palabra sobre sus empleados la tienen ellos. El tiempo dirá si es negocio o no para las prestadoras reincorporar a algunos choferes a cambio de empujar a la UTA a renovar la representación sindical de base.
Ya en épocas del destituido Salerno se hablaba de la necesidad de formar a nuevos dirigentes que peleen por los derechos laborales, pero siempre conforme a derecho.
