Críticas a litigiosidad laboral, otro posible frente Provincia-Nación

Desde que llegó al Gobierno, el presidente Mauricio Macri sostiene que la legislación laboral vigente desalienta le generación de empleo. También comenzó su gestión con duras criticas hacia el régimen de riesgos de trabajo e impulsó cambios que, finalmente, prosperaron.
La mala racha que enfrentó el oficialismo en el Congreso Nacional en noviembre del año pasado puso en riesgo su plan tendiente a modificar aquella legislación. Cabe recordar que los abogados de la CGT emitieron un informe crítico en el Senado sobre el proyecto del Poder Ejecutivo y quedó en duda la posibilidad de que la iniciativa pudiera abordarse. Sin embargo, se llegó a un acuerdo y el articulado recibió media sanción de la Cámara Alta antes de fin de año y en febrero Diputados lo convirtió en ley.
Entre otras modificaciones, a partir de la reforma el afectado debe agotar la vía administrativa antes de acudir al Poder Judicial. También estableció a las comisiones médicas como instancia obligatoria y previa a los reclamos, con el fin de reducir la litigiosidad en la materia.
Mientras se gestaba la reforma del sistema, Juan Schiaretti manifestó que compartía el punto de vista de Macri y se pronunció a favor del proyecto.
El gobernador aseguró que la normativa que estaba vigente era uno de los impedimentos para generar empleo. En esa tesitura, opinó que la modificación del 2012 incentivó “la industria del juicio” y que los únicos beneficiados fueron los abogados laboralistas.
El respaldo político a la intención del Gobierno por parte del mandatario de la segunda provincia del país generó la reacción de la Asociación de Abogados Laboralistas, que difundió un comunicado en el cual planteó que se pretendía “reducir la litigiosidad a costa de las víctimas”.
El punto de vista de los letrados no tuvo eco en el resto de los sectores involucrados en el debate. Cuando se conoció el visto bueno de la CGT, el Foro de Convergencia Empresarial respaldó el cambio normativo y aseguró que sería una “herramienta eficaz para destrabar la conflictividad laboral”. También destacó que atendía a los reparos constitucionales que se le hicieron al régimen anterior, al impulsar un mecanismo de adhesión voluntaria de las provincias.
La nueva normativa de ART fue una victoria parlamentaria para el oficialismo y sus aliados y el presidente dejó pasar un tiempo antes de referirse a otro de los factores que, según entiende, desalienta el empleo.
La tregua duró hasta el lunes. Durante el acto de asunción del nuevo canciller, Jorge Faurie, arremetió en contra de lo que definió como “la mafia de los juicios laborales” y sindicó a Héctor Recalde, el jefe de la bancada kirchnerista en la Cámara Baja, como el líder de “un grupo de estudios y de jueces”, como Enrique Arias Gibert y Graciela Marino (integrantes de la Cámara Nacional del Trabajo), que lucran con los reclamos, sean o no legítimos.
En este contexto, aseguró que la “banda” encabezada por el abogado ultrakirchnerista persuade a los empleados a emprender litigios indebidos porque “tienen armadita la cosa, para llevarse la mayor parte del juicio ellos” y que, como consecuencia, “dejan a siete, ocho, diez o doce trabajadores en la calle, porque la pequeña empresa cierra”.
Además, indicó que la proliferación de pleitos ocasiona que mucha gente no acceda a un trabajo, porque el que debe tomar decisiones “tiene miedo de que su esfuerzo se le vaya”.
Ayer, el titular de la Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios (COPAL) y vicepresidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), Daniel Funes de Rioja, se hizo eco de los dichos de Macri y dijo que el sistema de juicios laborales “es perverso” y que “frena la llegada de inversiones extranjeras”.
En tanto, precisó que la situación afecta principalmente a las pequeñas y medianas firmas, “que no contratan” porque no logran aguantar los reclamos. En ese sentido, graficó que si tienen cinco dependientes, el juicio de uno “las termina”.
“Cuanto más rígido es el sistema para contratar se generan menos empleo, menos consumo y menos bienestar social y se mantienen los niveles de pobreza. Hay que buscar fórmulas que protejan, no hay que borrar la legislación laboral. No hay peor borrada laboral que tener 30% o 40% de informalidad”, advirtió, sin embargo, Funes de Rioja.
Por su parte, el titular de la Asociación de Pequeñas y Medianas Empresas (Apyme), el cordobés Eduardo Fernández, estimó que si bien los juicios “son un problema”, el mayor perjuicio lo genera el no poder pagar las tarifas y apuntó al costo de la energía eléctrica en Córdoba.

El caso de las ART en Córdoba
Teniendo en cuenta que Schiaretti respaldó a Macri cuando se analizaba reformar el sistema de riesgos de trabajo, con la “industria del juicio” en la mira del oficialismo como uno de los factores que atentan contra la generación de empleo y con un referente del anterior gobierno acusado directamente como partícipe de las maniobras, el escenario de apoyo podría repetirse.
Es del caso recordar que en Córdoba, según datos del TSJ, la cantidad de demandas laborales llegó a su pico máximo en el 2009, con más de 35 mil reclamos. El Alto Cuerpo precisó que desde hace seis años los planteos comenzaron a bajar. Los “tiempos” coinciden con el momento en el que salieron a la luz las maniobras de abogados y médicos para defraudar a la ART Provincia, en el 2010.