Un momento bisagra

No es momento para andarse con eufemismos. O el municipio pone en caja este aquelarre o, como dicen los brasileños, que “el último que se vaya apague la luz del aeropuerto”.

Por Pablo Esteban Dávila

¿Quién será capaz de ponerle el punto final al guion absurdo que, en la última semana, han escrito los delegados de la UTA? ¿Cómo ponerle sentido a un argumento que nunca estuvo del todo claro? ¿Cómo escapar de esta encerrona operativa y dialéctica que tiene en vilo a la segunda ciudad de la Argentina? Son preguntas que, al cabo de una semana de paro del transporte, todavía no pueden ser respondidas con certeza.
Los motivos para la esperanza no sobran. Hoy será un día caótico, que certificará el desasosiego público respecto al desaguisado. Los tres gremios municipales –el SUOEM, el SURRBAC y los rebeldes de la UTA– están dispuestos a profundizar la protesta mediante movilizaciones y asambleas. Detrás de esta solidaridad se esconde, como siempre, la puja de poder con el poder concedente (el municipio) y la obtención de crecientes beneficios por las mismas tareas.
La radicalización gremial tendrá su correlato de parte de las autoridades públicas. Ayer, en un inusual domingo, el intendente Ramón Mestre ofreció dos conferencias de prensa en un intento de reasumir un liderazgo ante la crisis que se había desdibujado en los últimos días. Junto al llamado a una consulta popular sobre el tema, probablemente el anuncio más importante haya sido la prestación de un servicio gratuito de emergencia a lo largo de los corredores troncales a partir de esta mañana, que se brindará con 150 unidades de transporte conducidas por choferes de relevo y protegidas por un fuerte aparato policial. Esta es la primera iniciativa con visos de eficacia para contrarrestar el paro de los delegados.
Esta decisión municipal estará secundada por la posición de la UTA nacional de no dar marcha atrás respecto a los díscolos que desafían la autoridad. Su secretario de Interior, Jorge Kiener, fue muy claro al respecto. Si es necesario, enfatizó, las 24 regionales pedirán en forma unánime la expulsión del sindicato de los delegados elegidos recientemente en Autobuses Córdoba y en la Tamse, el origen del incendio troskista que consume al sistema de transporte urbano.
Las empresas también están dispuestas a mantener su posición de apartar a los choferes que hubieren incurrido en causales de despido. Explican (como si hiciera falta hacerlo) que ceder en este punto sería perder cualquier capacidad de imponer orden a sus respectivas poblaciones laborales, especialmente en el punto al que ha llegado el conflicto. El hecho de terminar consintiendo estos excesos supondría, en el corto plazo, abdicar a favor de ellos la conducción virtual de sus concesiones y, con tal cosa, la pérdida de cualquier viabilidad en el negocio.
Es claro que el municipio, la UTA nacional y los empresarios del transporte no están unidos por el amor sino por el espanto. Puede que la algarada de los choferes rebeldes se encuentre asentada en razones incomprensibles, pero no hay dudas que se trata de un desafío directo en contra de ellos. La claridad de esta provocación logra la rareza de un entendimiento estratégico en actores que, en tiempos normales, tendrían interpuestos sus propios intereses.
A esta entente se enfrenta la triple alianza de los gremios con directa incumbencia municipal. Junto con Luz y Fuerza sueñan con un Cordobazo posmoderno, que reivindique el overol de Agustín Tosco y otorgue algún sentido al setentismo sin ideología que protagoniza el delegado Marcelo Marín con el patrocinio de Mauricio Saillén y Rubén Daniele. No es, como puede adivinarse, una agenda del siglo XX.
Es difícil comprender qué reclaman exactamente el Surrbac y los municipales. Ambos gremios ya cerraron paritarias en términos relativamente ventajosos y no se caracterizan por tener regímenes de trabajo particularmente severos. Argumentar solidaridad de clase con los choferes (titulares a su vez de salarios por sobre el promedio y jornadas laborales reducidas) es un pretexto por continuar marcándole la cancha al intendente de turno.
En cualquier escenario es evidente que estos sindicatos desean condicionar, en adelante, la autonomía del poder político municipal y de su agenda pública. No hay otra explicación posible. Dentro del SUEOM, especialmente, anida la esperanza de terminar de consolidar el poder nacido durante el tormentoso mandato de Germán Kammerath y consolidado en los años de oro de Luis Juez, en los que el propio Intendente fungió como amanuense de las ambiciones de Daniele. El conflicto con la UTA es una nueva oportunidad para demostrar que, en los hechos, es el sindicato el que conduce las riendas del municipio y no las autoridades electas.
Como fuere, se trata de un momento bisagra. Si el anunciado sistema de transporte de emergencia realmente progresa, las partes en pugna comenzarán a jugar una partida largamente dilatada. En efecto, la consolidación de este esquema precario y gratuito tendría consecuencias potencialmente gravosas para Marín y sus seguidores, que dejarían de tal suerte de tener la llave para solucionar el problema. Con el paso de los días su protesta comenzaría a diluirse irremediablemente. Tampoco sería inocuo para sus aliados gremiales, pues sería difícil explicar de cómo el Suoem y el Surrbac pudieran oponerse a que los usuarios tuvieran un conato de solución a sus actuales padecimientos sin caer en groseras contradicciones.
Pero, así como un éxito de la entente forjada entre el municipio, la UTA oficial y las empresas significaría la simétrica extinción de la protesta de los choferes rebeldes, el escenario opuesto tendría una lectura decididamente ominosa respecto al futuro de las instituciones. No es difícil imaginar un momento semejante y su legado para la inmediata posteridad. Con el intendente y la representación gremial vencidos, la caja de Pandora se abriría con insondables consecuencias. Ningún reclamo tendría más límite, ninguna conducta sería ilegal y cualquier excusa tendría el efecto de catalizar las reivindicaciones más caprichosas. Peor aún: los Marín proliferarían sin solución de continuidad, cada uno con su caterva de improvisaciones y sus estériles asambleas, incapaces de decidir nada que no fuera la continuidad del pataleo adolescente.
No es momento para andarse con eufemismos. O el municipio pone en caja este aquelarre o, como dicen los brasileños, que “el último que se vaya apague la luz del aeropuerto”. No es otro el dilema al que se enfrenta la ciudad a menos que, ciertamente, se prefiera el gobierno de sindicatos antes que las autoridades votadas por el pueblo.