Por Yanina Passero
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El paro de transporte urbano de Córdoba ingresa en su octavo día. La exclusiva de la jornada no la aportarán, esta vez, los dramas de los vecinos para llegar a sus puestos de trabajo. Tampoco, el acampe de choferes frente a la sede de UTA Córdoba.
La atención estará puesta en la colisión inevitable que generará la respuesta oficial que brindarán la triada Nación, Provincia y municipio –con el aval de las máximas autoridades de UTA Nacional-; y la voluntad de mantener la huelga por tiempo indeterminado de un grupo de delegados trotskistas, con el activo padrinazgo del arco sindical de filiación peronista. Será un día bisagra.
Las negociaciones entre representantes de base con los interventores sindicales, arbitrados por hombres del gobernador Schiaretti y Ramón Mestre, quedaron agotadas por una sencilla razón: los promotores de la medida de fuerza desconocen la ley como marco general de un diálogo fructífero.
Los choferes liderados por Marcelo Marín (Aucor) y Sonia Beas (Tamse) rechazaron una propuesta que asomaba como imbatible. Las empresas adelantarían un bono de $6.180 que debían cobrar a fin de mes, condonarían las quitas salariales por los días de paro –que promedian más de 10 mil pesos por trabajador- y anularían los 87 despidos.
La oferta asomó como la última puerta de salida legítima. En adelante, el responsable del Palacio 6 de Julio y el paladín de los conductores de todo el país, Roberto Fernández, pondrán en marcha un operativo cerrojo para restaurar el servicio público y recuperar el control de la organización sindical, respectivamente.
Plan de emergencia
Mestre tratará de asestar un golpe de mentón a los activistas de UTA. Pondrá en marcha una jugada astuta con la complicidad de los gobiernos provincial y nacional. Aproximadamente, 150 coches custodiados por efectivos de Gendarmería, Policía Federal y Policía de Córdoba cubrirán nueve corredores troncales.
Transportarán a los pasajeros de forma gratuita, como habían sugerido los demagógicos delegados días atrás para lograr, infructuosamente, el beneplácito de sus rehenes. El poder político parece determinado a evitar que los vecinos padezcan los síntomas del síndrome de Estocolmo, trastorno que se caracteriza por la empatía de la víctima con su hostigador.
La consulta popular que realizaría Mestre es una estrategia complementaria para poner los bandos en contraste. La herramienta le permitirá contar con el consenso social para restaurar el estado de derecho sin temor a perder su capital político.
El Intendente abrió, a su vez, una vía de escape para los choferes que desean trabajar pero que por temor a represalias apoyan (desde sus domicilios) la medida de un grupo minúsculo de dirigentes, quienes ya dieron sobradas muestras de sus apetencias políticas, enmascaradas con un discurso clasista.
Si la circulación de un tercio de la flota normal de un día hábil se produce de manera exitosa, los díscolos de UTA verán dañado su poder de fuego. Habrá otros agravantes. Es real el peligro de la pérdida de la fuente laboral de los afiliados. El radical confirmó en conferencia de prensa que se clausuró la posibilidad de negociar la reincorporación de los despedidos.
Varios choferes deben haber consultado con su almohada “pro y contras” de sostener una cruzada de comprobada ilegalidad y dudosos argumentos que puede costarle el pan a sus hijos.
Expulsados
La UTA Nacional completará la embestida. El secretario del Interior, Jorge Kiener, anticipó a Alfil que este martes se realizará un plenario extraordinario con todos los secretarios generales del país. La minuta de la cumbre tendrá un único renglón. Exigirán la expulsión del cuerpo de delegados de UTA Córdoba.
Su destierro se produciría el 29 de junio, momento en el que el Tribunal de Ética de la entidad comandada por Roberto Fernández determinará la suerte del ex secretario general de la filial cordobesa, Ricardo Salerno, y su Junta Ejecutiva, destituía en septiembre de 2016.
“Que de persistir los trabajadores en el incumplimiento al acatamiento de las directivas de nuestra entidad, quedarán fuera de la cobertura gremial de UTA, debiendo asumir las consecuencias de su incorrecto proceder, por ello y en este acto, solicitamos a nuestro afiliados que depongan la actitud”, advirtió anoche el Consejo Directivo de UTA Nacional en su último llamado a la reflexión.
Respaldo de Schiaretti
El Gobernador manifestó su respaldo a una consulta popular para que los vecinos definan “si están de acuerdo con pagar un boleto más caro que en el resto del país para que la UTA Córdoba gane más plata respecto a trabajadores del trasporte de pasajeros de otras provincias”.
La Provincia enviará esta semana una ley para regular los servicios públicos, las guardias mínimas y cómo se manifiestan las huelgas que incluye al transporte. Hoy a las 15, se reunirá la Mesa Provincia-Municipios.
