Un paro con formato propio que excedió al transporte

La maximización del conflicto en ámbitos en donde los riesgos son escasos le viene como anillo al dedo a la izquierda sindical, que puede reclamar por las cosas más delirantes sin preocuparse ni por la fuente de trabajo ni por las reales posibilidades del sistema (sea de transporte o de higiene urbana) de pagar en forma sustentable por tales pretensiones.

Por Pablo Esteban Dávila

Es necesario decirlo con todas las letras: ya no se trata de un paro del transporte urbano. La revuelta de los delegados de la UTA se ha transformado, con el paso de los días, en algo mucho más viscoso, más denso, que excede cualquier reclamo sectorial para transformase en una suerte de huerta de reclamos en la que cada cual puede seleccionar el fruto que más le plazca. Gracias a una combinación de audacia en los huelguistas y de desconcierto en las autoridades que debían manejar el asunto, la protesta parecía, al menos hasta anoche, sacudir los cimientos de la institucionalidad gremial del país.
Nadie ignora, menos aún los sindicatos más peronistas del sector privado, el riesgo de dejar librado una medida de fuerza a las vertientes más troskistas del sector gremial. Prácticamente desde su institucionalización, allá por las épocas fundacionales del entonces coronel Perón, el sindicalismo fue blindado para que sólo tuviera conductores justicialistas. Pero el avance del tiempo, las nuevas formas del trabajo y las amenazas que la globalización plantea sobre el mercado del trabajo han determinado el surgimiento de elementos mucho más combativos dentro de las filas gremiales.
Este fenómeno tiene mucha mayor nitidez en sindicatos estatales o entre aquéllos que nuclean a trabajadores de empresas de servicios públicos, en donde el riesgo de perder el trabajo a causa de un quebranto es prácticamente nulo. En todos los casos, el Estado es siempre una suerte de garante para conservar la estabilidad en el empleo, más allá que quién pague los salarios sea un privado. Tal hecho determina que, en términos potenciales, una protesta pueda continuar casi hasta las últimas consecuencias sin que esto genere demasiado riesgo a quienes la impulsan, como se advierte en el caso de marras.
La maximización del conflicto en ámbitos en donde los riesgos son escasos le viene como anillo al dedo a la izquierda sindical, que puede reclamar por las cosas más delirantes sin preocuparse ni por la fuente de trabajo ni por las reales posibilidades del sistema (sea de transporte o de higiene urbana) de pagar en forma sustentable por tales pretensiones. En el genoma de la típica dirigencia troskista se encuentran los cromosomas del Cordobazo, un determinismo genético que la impele a añorar, cada vez que aparece un conflicto, la reedición de aquél mito purificador.
Esta especial característica hizo que un paro impulsado por un sector de la UTA en una única ciudad se haya terminado nacionalizando de una forma sorprendente. Si se repara que hasta el ministro de Trabajo de la Nación ha debido intervenir en mayor o menor grado se cae fácilmente en la cuenta que hasta el propio presidente de la Nación podría, llegado el momento, involucrarse en el problema. Parece un exceso, especialmente cuando la Municipalidad, la Provincia y la UTA nacional se encuentran trabajando a destajo para encontrar alguna vía de solución al desaguisado.
No obstante, y aunque la concurrencia de actores se antoje sobredimensionada, existen factores que aconsejan obrar con la mayor presteza. Uno de ellos, quizá el más relevante, es que muchos gremios están observando esta algarada como un formato adecuado para reabrir las discusiones paritarias. A nadie escapa que la mayoría de los acuerdos salariales celebrados a comienzos de año se quedarán cortos ante una inflación superará por cierto margen las metas oficiales. No llama la atención, por lo tanto, que la CGT local y otros sindicatos estatales o paraestatales se hayan solidarizado con los delegados de UTA y sus pretensiones. Los imaginan, en otras palabras, como el Caballo de Troya de sus propios intereses.
Con esta dinámica en marcha es perfectamente posible que este paro pueda escalar a otros niveles, en donde su contención sea una operación mucho más compleja y plagada de imponderables. Uno de los primeros en advertirlo fue el gobernador Juan Schiaretti quien, desde su descanso brasileño, ordenó a Gabriel Bermúdez, su secretario de Transporte, que se pusiera al frente de las negociaciones. No contento con ello comenzó a telefonear a los principales dirigentes gremiales del peronismo para alertarlos sobre las consecuencias que podrían tener para ellos mismos la propagación de la medida de fuerza. –“No juguemos con fuego”, les recomendó.
El consejo tiene sentido a la luz de los que sucede dentro de la UTA. Cuando asumió la intervención de la Regional Córdoba, Luis Arcando tenía un mandato explícito de la conducción nacional: evitar que el sindicato fuera copado por los delegados de izquierda, tal como sucedió en los subterráneos de la ciudad de Buenos Aires. Todo apunta a que será muy difícil que logre cumplir con el cometido, dado el grado de avance que han tenido estos dirigentes en los últimos días sobre el delicado damero interno. Incluso podría retirarse devolviendo el poder a versiones mucho más radicales que las protagonizadas por Ricardo Salerno antes de su eyección. Tal realidad debería servir de advertencia a otros dirigentes sindicales que, de tanto soñar con épicas laborales, podrían llegar a dejarles servidas en bandeja a los exaltados sus propias organizaciones. La llegada anoche del “Pollo” Sobrero es un recordatorio de que el riesgo existe y que no debe ser soslayado alegremente.
Ramón Javier Mestre es otro de quienes necesitan que todo vuelva a la normalidad en forma imperiosa. Más allá de la buena voluntad del gobernador y de su gabinete, el transporte urbano es un servicio municipal por el que los vecinos pagan. La dinámica, en estos casos, es siempre la misma: al principio, la culpa es de los choferes pero, a las 72 horas,es el propio intendente quien no está haciendo las cosas que debe. Puede que la percepción no sea del todo justa, pero es la estricta realidad para los usuarios del sistema, condenados como lo están a llevar una vida miserable mientras el conflicto permanece en las calles.

La maximización del conflicto en ámbitos en donde los riesgos son escasos le viene como anillo al dedo a la izquierda sindical, que puede reclamar por las cosas más delirantes sin preocuparse ni por la fuente de trabajo ni por las reales posibilidades del sistema (sea de transporte o de higiene urbana) de pagar en forma sustentable por tales pretensiones.

Esta situación puede traducirse, al mediano plazo, en fuga de votos. Mestre necesita mostrarle al Presidente que gobierna una ciudad invariablemente macrista, y que es él (y no Baldassi) su conductor. Pero episodios como éstos ponen de cabeza a la estrategia local y distancian a Mauricio Macri de su socio radical. El hecho que Jorge Triacca termine siendo el factótum de un arreglo con los choferes –tal como parecía suceder anoche– puede significar tanto un pase de facturas desde la Casa Rosada como una demostración que a ningún dirigente de Cambiemos, por más importancia que se endilgue, le es dable prescindir de la ayuda del jefe de la coalición. Es natural, en consecuencia, que el intendente sospeche tanto sobre el daño que esta situación pueda haberle provocado a su imagen como por las potenciales críticas respecto a su manejo que sus propios socios pudieran enrostrarle.
Tal vez el paro haya llegado a su fin o tal vez sea sólo un impasse que preludie un nuevo conflicto en torno al poder de la UTA. Pero una cosa es evidente: desde que se inició nunca tuvo un final claro, tanto por la indeterminación de sus consignas como por sus pretensiones clasistas, casi revolucionarias. La adhesión de otros sindicatos y el apoyo de conocidos referentes de la izquierda gremial lo transformaron en un símbolo de resistencia combativa, un formato que debería preocupar a los gremios tradicionalmente peronistas. También puso en duda la operatividad de las instituciones para manejar un conflicto generado por delegados con responsabilidades difusas y sin mucho que perder y el poder efectivo de los gremios nacionales para manejar las cuitas de sus regionales. Las lecciones, como se advierte, son muchas, aunque las soluciones no sean tantas.