Por Pablo Esteban Dávila
Caos. Anarquía. Ilegalidad. Es el tridente ofensivo de buena parte de los choferes de la UTA que, por estas horas y nucleados en torno a “delegados”, continúan privando a la ciudad del esencial servicio de transporte público.
La génesis de este paro tiene su propio argot, como corresponde a conductas marginales. Porque, detrás de las clásicas excusas del estado de las unidades o de una que otra conquista laboral relativizada por las empresas, se esconde el verdadero motivo de la protesta, que no es otro que echar al interventorLuis Arcando de la sede la de UTA Córdoba.
La Regional Córdoba se encuentra intervenida desde septiembre del año pasado cuando Nicolás Fernández, secretario general del gremio a nivel nacional, se cansó de los desaguisados locales e impuso a Arcando (un hombre de su confianza) al frente de los choferes mediterráneos. Ricardo Salerno, entonces titular del gremio, fue expulsado por “incumplimientos del estatuto”y, al menos por un tiempo, las desopilantes excusas para producir asambleas sorpresivas y paros por cualquier cosa pasaron a un segundo plano. Gran parte de la sociedad respiró aliviada por esta decisión.
Pero las fuerzas internas que supieron generar el caos con anterioridad a la gestión de Arcando no desaparecieron en absoluto. Sólo les faltaba un motivo para resurgir y comenzar, otra vez, con la insensatez que las ha caracterizado.
Este motivo fueron las elecciones a delegados que las asambleas de choferes llevaron a cabo semanas atrás. De aquellas instancias resultaron elegidos “representantes” caracterizados por su radicalización, bien lejos del paradigma cegetista del buen dirigente gremial. Esta cohorte de revolucionarios hizo suya la bandera de recuperar el gremio para sus afiliados, plantando cara a la intervención personalizada en el señor Arcando, con los resultados que se observan en las calles por estas horas.
Es, como puede colegirse, una suerte de guerra civil dentro la UTA que toma por asalto a la ciudad entera, casi como en los tiempos de Salerno. Las supuestas bases (de izquierda) enfrentadas con la supuesta burocracia sindical (en la conducción) que, para colmo de males, se tornan más duras a medida que imaginan que la normalización del gremio se encuentra más cerca. Nadie quiere perder una elección por lucir como un blando en el lejano Oeste. Como se advierte, el patrón de lucha es simple aunque, por motivos tácticos, se lo intente presentar con el disfraz de presuntas reivindicaciones laborales.
El problema no es sólo que los flamantes delegados quieran llevarse puestos a la intervención, sino que para ellos la ley no existe. Desde el Ministerio de Trabajo de la provincia se ha llamado a la conciliación obligatoria sin ningún resultado, y tampoco parece haber hecho mella la declaración de ilegalidad que ostenta desde anoche la medida de fuerza. La amenaza de las empresas de comenzar con los despidos sólo promete arrojar más leña al fuego, sin que parezca tener ningún efecto disuasorio.
La Justicia tampoco ayuda. Ayer los fiscales se pasaron la pelota con la policía durante todo el día, sin que nadie se animara a reprimir o poner las cosas en su lugar. A pesar de los bulones y pedradas arrojadas sobre el fiscal Guillermo González, sólo hubo tres detenidos en toda la jornada bajo los cargos de resistencia a la autoridad. Parece poca cosa respecto a la gravedad de lo que está en juego.
La película de delegados fuera de control ya la hemos visto. Son muchos los gremios que padecen este flagelo, especialmente en las empresas de servicios públicos. Como ninguno de ellos necesita estar preocupado por la fuente laboral (como sí lo están sus colegas del sector privado), las pretendidas reivindicaciones crecen como la espuma, sin racionalidad ni contemplaciones para con los usuarios. Bueno es recordar que, en estas internas, a los platos rotos los pagan los ciudadanos de a pie.
Es particularmente molesto tener que vérselas con dirigentes –aunque la palabra les quede grande– que saben perfectamente que sus objetivos son imposibles de satisfacer y que aun así estén dispuestos a inmolarse. Fernández no puede dar marcha atrás con la intervención sólo por el temor a los delegados. Tampoco la provincia podría aceptar tal cosa porque, en los hechos, significaría dinamitar todo el sistema de representación gremial y cedérselo a exaltados e irresponsables. La Municipalidad tampoco tiene margen de maniobra. Ceder ante estos delegados condenaría al servicio y sus empresas prestatarias a una agonía eterna y la degradación final del sistema.
Sólo alguien enfermo de ideología, para peor de las que ya no existen, podría calificar de heroico el comportamiento de esta UTA paralela que desafía a la UTA oficial. Es un hecho que los delegados no quieren un mejor servicio, ni pretenden mejores condiciones laborales. Los choferes cordobeses ganan más y trabajan menos que sus homólogos nacionales y, aunque pretendan no verlo, en los últimos años se ha verificado una masiva incorporación de nuevas unidades. Y, si el argumento es que se ponga fin a la intervención, bueno sería que recordaran que el señor Arcando está en esta posición precisamente debido a los desmanes y abusos de los propios delegados de base.
¿Hay solución posible? Claro que sí, pero es dolorosa. Despedir a trabajadores por inconductas siempre es complejo pero, en algunas ocasiones, no hay otro camino. Este parece ser el actual escenario. Hay un grupo de choferes que desconoce la ley y se coloca por sobre su imperio, arrastrando a otros compañeros a una situación insostenible. No sólo es una puja con la conducción de la UTA, sino con la propia legislación sindical y con la ciudad que paga por el servicio uno de los boletos urbanos más caros de la Argentina.
