Promueven que plan Empalme incluya a beneficiarios de programas provinciales

La iniciativa apunta a que el impacto regional en el empleo alcance a zonas con altos niveles de informalidad del empleo y pobreza.

empalmeEl gobierno espera incorporar 80 mil personas por año al empleo formal con el plan Empalme, pero –según un trabajo privado- un problema a resolver es que se debe aplicar en el marco de una distribución preexistente de programas de empleo y asistencia social que no guarda proporciones equitativas entre provincias, teniendo en cuenta parámetros como los que surgen de las Necesidades Básicas Insatisfechas.
Por ejemplo, el 69 % de los recursos del programa Argentina Trabaja se aplican en Buenos Aires, provincia que aglutina el 39% de la población del país. Y, hacia Tucumán, que tiene el 3,7 % de la población del país, se canaliza el 11 % de esos recursos.
Para los economistas Marcelo Capello, Gerardo García Oro y María Laura Caullo del Ieral de la Fundación Mediterránea una forma de compensar estas asimetrías es incluir programas que actualmente son financiados por las provincias y ejecutar acciones complementarias en capacitación de los beneficiarios; sensibilización de potenciales empleadores bajo el nuevo régimen; y neutralización de las trabas u obstáculos que puedan provenir del ámbito político, dado el manejo espurio de planes sociales que se ha detectado.
Del informe de los economistas se desprende que el impulso del plan Empalme sobre una distribución de programas de empleo inequitativamente distribuidos a nivel regional podría acabar ratificando (y acentuando) esas distorsiones, por lo que proponen que programas provinciales sean contemplados bajo esta iniciativa.
Según el presupuesto de este año de Argentina Trabaja, detrás de Buenos Aires aparece Tucumán (11% de los recursos del programa y en donde habita el 3,7% de la población del país) y CABA, aunque ésta estaría subrepresentada respecto a su dimensión poblacional (3,9% de los recursos y un 7% de la población total allí radicada). Chaco se sitúa en cuarto lugar en la distribución de recursos (2,4% del total). En contrapartida, un total de nueve jurisdicciones no presentan beneficiarios inscriptos.
Para los economistas, a partir de esos datos, podría concluirse que la iniciativa podría tener un impacto formalizador fundamentalmente en el Gran Buenos Aires, pero escaso poder de fuego sobre buena parte del interior del país, especialmente en aquellas provincias que fueron discriminadas por el gobierno anterior en materia de planes sociales, si es que esa asignación se mantiene en el tiempo.
En ese marco indican que, sin un verdadero replanteo de la administración de los recursos que son destinados a programas de empleo y protección social es difícil esperar que puedan alcanzarse resultados efectivos para contrarrestar las problemáticas planteadas.
La corrección de tales disparidades regionales requiere la contextualización de la problemática de la informalidad laboral y los diferenciales en condiciones de vida enfrentados por los habitantes en los distintos puntos del país.
Señalan que la presencia de problemas de empleo acaba repercutiendo sobre indicadores sociales (tales como la presencia de Necesidades Básicas Insatisfechas como manifestación de pobreza estructural). Esto resalta la importancia de repensar los criterios de abordaje territorial de las políticas de empleo y desarrollo social.
A lo largo de los últimos años la creación de empleo formal en el ámbito privado acabó deteniéndose, y en algunos sectores se evidenció destrucción de puestos de empleo. Este contexto devino tanto de una coyuntura económica intermitente como de una creciente presión de los costos laborales, evidenciado en una brecha cada vez mayor entre el costo laboral enfrentado por los empleadores y la retribución neta percibida por los asalariados formales.
Frente a esta realidad, el plan Empalme promueve una significativa reducción en los costos laborales relacionados a estos empleos por lo que consideran que la extensión de la iniciativa a otros programas de empleo actuales (por los cuales el Estado ya otorga subsidios) podría resultar en un aspecto positivo.