Tras el polémico fallo del “dos por uno”, el presidente de la Corte, Ricardo Lorenzetti, busca capitalizar su voto en disidencia y apadrinó a los jueces federales del país, que conformaron una nueva agrupación.
El nacimiento de la Asociación de Jueces Federales de la República Argentina (AJuFe) es una de las novedades judiciales más importantes en lo que va del año.
El comunicado oficial dice que el objetivo de la entidad es el fortalecimiento institucional y “favorecer la seguridad jurídica mejorando el servicio de Justicia”, pero, entre otras cosas, los más de 200 funcionarios que la integran buscan contrarrestar el peso del Gobierno en el Consejo de la Magistratura, en donde tiene mayoría, conformando un nuevo foco de poder para fortalecerse ante iniciativas que podrían atentar en contra de sus intereses (y de los cargos de varios).
En el acto de lanzamiento, que se llevó a cabo en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, unos 80 jueces federales de variadas filiaciones ideológicas dieron el presente y coexistieron en armonía. Conservadores, progresistas, liberales e integrantes del colectivo K Justicia Legitima se reunieron en el mismo espacio para vigorizar su rol.
Se destacó la afluencia de los jueces federales del interior. En representación de Córdoba viajó el camarista Abel Sánchez Torres, quien falló en contra del “tarifazo” del gas y revocó la sentencia de Ricardo Bustos Fierro, que lo avaló.
Uno de los objetivos que plantea la nueva asociación es “darle voz” a los federales de las provincias y, con ese fin, el territorio del país se dividió en seis regiones: Provincia Buenos Aires; Ciudad Autónoma de Buenos Aires; Norte (Jujuy, Salta, Catamarca, Tucumán, Chaco y Formosa); Litoral (Entre Ríos, Corrientes, Misiones y Santa Fe); Centro y Cuyo (Mendoza, San Juan, San Luis, Córdoba, La Rioja y Santiago del Estero) y Sur (La Pampa, Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego).
También se definió que la AJuFe será dirigida por vicepresidentes seccionados por zonas y vocales de Buenos Aires. De 19 autoridades, 12 son del interior.
La asamblea fue presidida por el juez Ariel Lijo- que será el secretario general-, quien leyó una carta de adhesión de Julio Piumato, de la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación. “Conocemos los ataques que viene sufriendo la Justicia a manos de sucesivos gobiernos, que más allá de sus discursos no cesan en pretender influir sobre las decisiones y las investigaciones”, consignó el sindicalista en uno de los párrafos del texto que envió.
La conformación de la nueva entidad también busca mitigar al impronta de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional, que reúne a los nacionales y a los federales.
Ahora, la influencia ante el Consejo de la Magistratura será clave. Como es sabido, el Gobierno impulsa el traspaso de la Justicia nacional a la órbita de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cuenta con una ley de la Legislatura porteña y le fata la luz verde del Congreso, pero si su plan prospera los jueces nacionales dejarían de tener representatividad allí y los federales ocuparían su espacio
La relación de Lorenzetti con el Poder Ejecutivo se tensó durante el 2016, cuando la Corte falló en contra de la suba de tarifas. Este año, tras la catarata de acusaciones de la diputada Elisa Carrió tuvo un respiro con las repercusiones de la sentencia “Muiña”.
Ahora, el nuevo “partido judicial” que promueve apuntala su posición dentro del Poder Judicial y la conformación de la nueva agrupación es un reconocimiento formal de su “jefatura”.
La buena racha para el titular de la Máxima Instancia se consolidó con las consecuencias negativas que aquel decisorio generó para Elena Highton de Nolasco, Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz, que terminaron imputados por presunto prevaricato y con pedidos de juicio político.
Cabe recordar que horas antes de que se conociera el fallo del Tribunal Oral Federal Número 1 de Córdoba que rechazó aplicarle el dos por uno a Arnoldo “Chubi” López, condenado a perpetua en el marco de la megacausa de La Perla, y mientras la mayoría de los colegas de los ministros del voto matoritario guardaba silencio, la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional emitió un comunicado. “La independencia del Poder Judicial no admite recortes, sólo la exigencia de actuar imparcial e idóneamente”, expresó.
La entidad subrayó que las solicitudes de juicio político y la denuncia penal por el contenido del pronunciamiento “Muiña”, más allá del acierto o error de éste, implicaban “una evidente e indebida injerencia en la actividad jurisdiccional”.
En el Gobierno hay preocupación por el nacimiento del “grupo de los federales”, ya que podrían cerrar filas en defensa de jueces que están bajo la lupa del Consejo de la Magistratura por mal desempeño funcional.
