Dilación judicial deja al borde de la disolución a Cormecor

El TSJ ordenó a la Cámara Contencioso Administrativa una “pronta resolución” en la causa iniciada por amparistas que se resisten la apertura de la nueva planta de tratamiento de residuos.

basuraLos magistrados parecen haber tomado nota de las repercusiones sociales de sus fallos. Testimonio de ello son las masivas manifestaciones en todo el territorio nacional por la aplicación del “2×1” para delitos de lesa humanidad y el debate posterior sobre los límites tácitos al derecho garantista. Funcionarios judiciales y políticos se encargaron de mostrar empatía con el repudio general con acciones concretas.
Parece que la tendencia se aplica en materia de derecho ambiental. Ocurrió con el fallido desembarco de la multinacional Monsanto; y las mismas dudas pesan sobre el futuro del nuevo enterramiento sanitario, a cargo de la Corporación Intercomunal para la Gestión Sustentable de los Residuos del Área Metropolitana Córdoba (Cormecor).
El Tribunal Superior de Justicia se expidió, tal como exigían los intendentes del Gran Córdoba presionados por la negativa del organismo (que tienen como socio mayoritario al municipio cordobés) de prohibir el ingreso de sus residuos al predio de Piedras Blancas.
La resolución fue adversa. El Alto Cuerpo ratificó parcialmente la medida cautelar vigente y, en consecuencia, Cormecor deberá “abstenerse de emprender obras civiles” en las hectáreas adquiridas por la provincia entre las rutas 36 y 5. La licitación que terminaría con la adjudicación de la deposición final de los desperdicios de 20 ciudades por las próximas tres décadas, también deberá quedar en suspenso por razones naturales. No puede proceder a la consumación de la concesión para evitar litigios futuros.
“En el presente caso es indudable que la cuestión discutida repercute directamente sobre el interés general y la salud pública de parte de la población, en tanto el conflicto de intereses podría poner en riesgo el derecho constitucional a gozar de un ambiente sano (Constituciones nacional, art. 41, y provincial, art. 66), por lo que conforme dicha proyección -en principio- resulta pertinente la confirmación parcial de la medida cautelar oportunamente dispuesta”, justificó el TSJ la decisión que destapó otro conflicto en medio del proceso electoral por la renovación de nueve escaños en la Cámara de Diputados.
En la misma dirección, los magistrados advierten que “resulta imposible desconocer lo delicado de la situación cuando las obligaciones emanadas de la legislación vigente son las que se encuentran en el centro del debate público”.
Y finalizan: “Esto demuestra la relevancia, seriedad y gravedad de los riesgos y responsabilidades en juego respecto de todas las partes involucradas en este delicado proceso ambiental”.
La resolución de la cuestión de fondo recaerá ahora sobre la Cámara Contencioso Administrativa de 1ª Nominación. El Alto Cuerpo rechazó parcialmente el recurso de apelación que había promovido Cormecor y recomendó “su pronta resolución”.
El desconcierto reinó en el directorio de Cormecor, que sottovoce, aseguraban que no había un “plan b” para relocalizar los residuos que, por una decisión desafortunada durante la gestión del ex intendente Daniel Giacomino, terminaron dentro del ejido urbano. La ausencia de una alternativa encontraba su fundamento en la viabilidad del proyecto que contaba con licencias ambientales y la voluntad política de dar una solución a largo plazo entre varios actores: Provincia y municipios.
Al parecer, Cormecor mostró sus insuficiencias para buscar una salida cooperativa al problema ambiental.
Durante el fin de semana, un grupo de mandatarios que sienten las brasas calientes entre sus manos, mantuvieron una reunión con funcionarios schiarettistas para buscar una solución alternativa. La Nación, es otra vía de contacto con la que se reflotaron las conversaciones. Incluso, la ampliación del actual vertedero comenzó a sonar como única alternativa.
Lo cierto es que todas ellas implican una salida al problema, pero a largo plazo. El intendente Ramón Mestre prometió zanjar un conflicto de vieja data, apenas comenzó su primer mandato. Fue una importante apuesta política que está a punto de quedar en jaque.