No hay “ley penal más benigna” para “Chubi” López

El Tribunal Oral Federal Número 1 rechazó aplicarle el dos por uno al condenado por La Perla. A días del fallo de la Corte Suprema ya hay decisorios dispares.

Por María Viqueira

Además del revuelo político que generó el fallo de la Corte sobre el dos por uno en la causa “Muiña”; de la sanción “exprés” de una ley al respecto; de las marchas y de las opiniones divididas sobre el decisorio, la jurisprudencia ya muestra enfoques dispares.
El martes, un Tribunal de Ejecución Penal sanjuanino declaró que la aplicación de la norma que acuerda el beneficio es inconstitucional en casos de lesa humanidad. Los mismos jueces que condenaron al ex militar Alejandro Lazo a 10 años de prisión rechazaron su pedido de excarcelación, al entender que el cómputo “privilegiado” implica un tratamiento desigual respecto a quienes están detenidos con preventiva por delitos recientes y que, por eso, afecta el principio de igualdad ante la ley.
El mismo día, citando el mismo precedente, el juez federal Walter López Da Silva le concedió la prisión domiciliaria a Osvaldo Pallero.
El encartado estaba alojado cautelarmente en una unidad de La Pampa, en el marco de una causa por crímenes de la Triple A perpetrados en democracia, entre 1974 y 1975, y ahora quedará arrestado en la vivienda de un familiar, en Bahía Blanca.
López Da Silva se refirió a las consideraciones de Elena Highton de Nolasco, Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz -imputados por presunto prevaricato y con pedidos de juicio político- y tomó el argumento del voto mayoritario para hacer lugar al pedido de Pallero. “La mejor respuesta que una sociedad respetuosa de la ley puede darle a la comisión de delitos de lesa humanidad y la única manera efectiva y principista de no parecerse a aquello que se combate y se reprueba es el estricto cumplimiento de las leyes y de los principios que caracterizan el Estado de Derecho”, escribió.
También tomó en cuenta que tiene más de 70 años, que según los peritos tiene una profunda depresión y que su patología no puede ser tratada en el ámbito penitenciario.
Ahora, en Córdoba, el Tribunal Oral Federal Número 1 rechazó aplicarle el dos por uno a Arnoldo “Chubi” López, condenado a prisión perpetua en el marco de la megacausa de La Perla, en el entendimiento de que su situación jurídica es “diferente” a la de Luis Muiña.
Los vocales Julián Falcucci y Jaime Díaz Gavier consideraron que los convenios que tiene el Estado argentino establecen que las reducciones de pena son inviables en delitos de lesa.
También tomaron en cuenta que a López se le enrostran 241 hechos de desaparición de personas agravada por el resultado muerte y un hecho de desaparición forzada de un menor, opinando que se trata de “delitos permanentes” que “siguen cometiéndose”. “El caso Muiña se refería a privación de libertad y tormentos, que son instantáneos o que pueden tener efectos permanentes, pero es un categorización distinta”, alegaron.
En esa linea, entendieron que a los crímenes permanentes no se les puede aplicar el principio general de la ley penal más benigna.
Horas antes de que se conociera el fallo del tribunal local, la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional salió en defensa de Highton de Nolasco, Rosatti y Rosenkrantz.
“La independencia del Poder Judicial no admite recortes, sólo la exigencia de actuar imparcial e idóneamente”, expresó en un comunicado. “Cualquiera que sea la instancia de un juez atacado por el sentido y contenido de sus sentencias, nuestra asociación los defenderá como exigencia necesaria de convivencia republicana”, acotó.
La entidad subrayó que las solicitudes de juicio político y la denuncia penal por el contenido del pronunciamiento “Muiña”, más allá del acierto o error de éste, implican “una evidente e indebida injerencia en la actividad jurisdiccional”.

Negocio político
Al margen del “negocio político” implica para muchos sectores discutir el pasado se alzaron voces que respaldan el criterio del Alto Cuerpo o que ponen en evidencia el oportunismo que signó las últimas jornadas.
En el primer grupo figura Jaime Malamud Goti, uno de los expertos que asesoró a Ricardo Alfonsín en el diseño de la respuesta institucional a los crímenes y a la violencia de la dictadura que derivó en la conformación de la Conadep.
El ex colaborador de organizaciones como Amnesty International, Human Rights Watch y Ara Pacis, que trabajó en Bosnia, Ruanda y Sudáfrica como consejero en sus procesos de “tránsito” del conflicto a la paz, dijo que está de acuerdo con el fallo del Máximo Tribunal y que “los grupos de DDHH deben entender que no se pueden desconocer los avances en materia de garantías procesales”.
Entrevistado por un medio on line, manifestó que “nadie puede estar detenido eternamente, sin condena, como de hecho está pasando” y valoró que “hay que computar de otro modo esos años”.
“ Además, está el principio de igualdad ante la ley, que tampoco debería ser violado. Leí por ejemplo que uno de los argumentos en disidencia es que no hay peores crímenes que esos. Esa es una afirmación dogmática, digna de los tiempos políticos que vivimos, nada más”, disparó.
En tanto, dentro el segundo grupo figura Graciela Fernández Meijide, ex integrante de la Conadep y madre de un desaparecido.
La referente de los DDHH se encargó de recordar que en el 2013 la Corte Suprema dictó un fallo similar (“Simón”) y que no hubo escándalo ni se discutió.
Fernández Meijide no acata los dogmas de los grupos de DDHH y critica, por ejemplo, que no se admita la discusión sobre el número de desaparecidos (siempre se remite a las constancias documentales y al Nunca Más, que habla de una cifra menor a diez mil).
Paralelamente, se pronunció en contra de que organizaciones como Madres de Plaza de Mayo dejaran de ser neutras y se volcaran de lleno a la política partidaria.
Mucho más conciliadora y reflexiva que otros dirigentes, en su momento elogió que el secretario de Derechos Humanos, Claudio Avruj, haya recibido a los familiares de las víctimas de la guerrilla.
La autora de “La historia íntima de los Derechos Humanos en la Argentina” acuñó una frase que ya es una de sus marcas registradas, cuando se cumplieron 40 años del golpe: “Creo en la Justicia y en los Derechos Humanos si puedo pedir el mismo nivel de Justicia para mi hijo que para mi peor enemigo”.
De hecho, se manifestó varias veces a favor de que, a cierta edad, los represores puedan cumplir sus penas en sus casas. “Un criminal de lesa humanidad no deja de ser un ser humano”, dijo en varias oportunidades.