Primer pedido de aplicación del 2×1 en megacausa de La Perla

El pedido de Arnaldo López es el primero que se realiza en la Justicia Federal cordobesa, tras el fallo de la Corte Suprema.

federalesEl fallo de la Corte Suprema en el que aplica el beneficio del “2×1” a un condenado por delitos de lesa humanidad tuvo ayer su primer efecto derivado en tierras cordobesas. La Justicia Federal de Córdoba recibió un pedido de parte de la defensa de Arnaldo “Chubi” López, condenado en la megacausa de La Perla por centenares de delitos cometidos durante la última dictadura militar. El escrito presentado por los abogados solicita la aplicación del mismo beneficio otorgado al también represor Luis Muiña.
Esta presentación caldea aún más el agitado clima político-judicial de Córdoba, a poco de concretarse la primera movilización contra el fallo de la Corte Suprema que promueven organizaciones de derechos humanos.

Arnaldo “Chubi” López fue condenado a prisión perpetua el año pasado en el marco de la megacausa de La Perla, con un historial de 281 crímenes y 383 secuestros durante el período 1976-1983. Su caso recae ahora en las manos de un juez de ejecución penal federal, que deberá decidir si aplica el criterio de la Corte Suprema.

La semana pasada, la Corte Suprema de Justicia de la Nación sacudió la opinión pública nacional con un fallo en el que establece que se le debe computar el 2×1 al represor Muiña, es decir, el beneficio a través del que se considera doble cada día que un condenado estuvo detenido en prisión preventiva antes de que se emitiera su condena.
El beneficio ya no forma parte de la legislación argentina, puesto que fue derogado en 2001. Sin embargo, estuvo vigente durante siete años a partir de 1994, coincidiendo con parte del periodo en el que Muiña estuvo detenido en prisión preventiva.
La decisión fue adoptada con el voto afirmativo de tres de los magistrados que componen la Corte Suprema: Elena Highton de Nolasco (vicepresidente del cuerpo), Carlos Rosenkranktz y Horacio Rosatti (los dos últimos ministros en incorporarse a la Corte, en 2016). Por su parte, el presidente Ricardo Lorenzetti y el juez Juan Carlos Maqueda expresaron sus respectivas disidencias en sendos votos negativos.

Fuentes judiciales aseguran que estos pedidos podrían multiplicarse en los próximos días. Mientras tanto, organizaciones de derechos humanos, partidos políticos y asociaciones gremiales presentan una marcha contra el fallo de la Corte por el centro cordobés para la tarde de mañana.

El eje de la polémica suscitada tras conocerse el fallo se encuentra en los cuestionamientos realizados por organismos de derechos humanos, políticos y referentes sociales con respecto al carácter de “lesa humanidad” que revisten los delitos del condenado.
Dicha característica se repite en el caso de López, quien fue condenado a prisión perpetua el año pasado en el marco de la megacausa de La Perla, con un historial de 281 crímenes y 383 secuestros durante el período 1976-1983.
Su caso recae ahora en las manos de un juez de ejecución penal federal, que deberá decidir si aplica el criterio de la Corte Suprema. Fuentes judiciales aseguran que estos pedidos podrían multiplicarse en los próximos días.
Mientras tanto, organizaciones de derechos humanos, partidos políticos y asociaciones gremiales presentan una marcha contra el fallo de la Corte por el centro cordobés para la tarde de mañana.

Organismo de la ONU cuestionó fallo de la Corte

La Oficina para América del Sur del Alto Comisionado de las Naciones Unidad para los Derechos Humanos (ACNUDH) se refirió ayer al fallo de la Corte Suprema de Justicia argentina, a través del cual se otorgó el beneficio del 2×1 a un represor de la última dictadura.
La ACNUDH instó a la justicia argentina a considerar “los estándares internacionales de derechos humanos” en sus fallos, agregando que “el Estado argentino, y la Corte Suprema como instancia de Estado, deben cumplir no sólo el derecho interno” sino también “los compromisos asumidos a nivel internacional” por el país.
Asimismo, expresó que, considerando la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, la Corte Suprema no debe “invocar disposiciones de derecho interno como justificación del incumplimiento de una obligación internacional”.
Distintos organismos y dirigentes nacionales están impulsando presentaciones en organismos internacionales para obtener condenas contra el fallo de la Corte, incluyendo la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que puedan forzar una reinterpretación de la jurisprudencia.