El juez de “Chaco Chico” le pegó a sus pares federales

El camarista Gustavo Ispani difundió los fundamentos del fallo que dictó en el marco del proceso más importante desde que Córdoba asumió la persecución de narcomenudeo. Enviando un mensaje a sus colegas del edificio de la calle Concepción Arenal, plasmó que lejos de haber colaboración, “en algunos casos existen contrapuntos” al tiempo de avanzar en las pesquisas

narcomenudeoGustavo Ispani, a cargo de la Sala Número 1 de la Cámara 3ª en lo Criminal y Correccional, el magistrado que juzgó y condenó a 12 personas en la causa denominada “Chaco Chico”, el proceso más importante que llevó adelante el Poder Judicial local desde que Córdoba provincializó la persecución del narcomenudeo, dio a conocer los fundamentos de la sentencia.
Ispani enfatizó que se impone un trabajo conjunto de fuerzas provinciales y federales para luchar contra el narcotráfico, razonando que, de lo contrario, “los eslabones superiores continuarán gozando del dinero que extraen de los consumidores y de los rehenes que trabajan a su antojo”.
El camarista también argumentó que sin la integración y colaboración que propugnaba, la Fuerza Policial Antinarcóticos (FPA) será una gran herramienta para cortar la última fase de la cadena del tráfico, mientras los eslabones superiores continuarán impunes, como hasta ahora.
Además, lamentó que no haya acuerdos de cooperación entre la fuerza provincial y la Policía Federal para llevar adelante investigaciones.
Enviando un mensaje a sus colegas del edificio de la calle Concepción Arenal, plasmó que lejos de haber colaboración “en algunos casos existen contrapuntos” al tiempo de avanzar en las pesquisas. En ese sentido, alegó que según lo manifestado por los instructores locales “hay dificultades a la hora de determinar la competencia”.
El vocal insistió en que la FPA está actuando independientemente de la Policial Federal y que “solo se está atacando el último eslabón de la cadena de tráfico”.
Sobre el caso que debió juzgar, resaltó las condiciones los acusados y de la gran mayoría de los individuos incriminados en causas similares. “Son todas personas sin trabajo y en su mayoría con escasa instrucción, lo que nos muestra que hemos estamos luchando solo contra la clase social más baja”, aseguró.
Además, expuso que si bien la división de la investigación en los casos de narcotráfico no es recomendada por la doctrina especializada ni se sigue en los países con mayor índice de tráfico, ya que se optó por ese sistema, necesariamente debe darse un trabajo mancomunado.
En esa dirección, intimó a los funcionarios federales para que “persigan a los verdaderos responsables” del flagelo, opinando que, de los contrario, la Justicia deberá conformarse sólo por atrapar a “personas sin instrucción, sin trabajo, componentes -en definitiva- del estrato inferior de la sociedad, que por unos pesos arriesgan su libertad so pretexto de conseguir alguna salida a su paupérrima condición vital y cuando no, utilizar ésta ‘actividad’ para el consumo personal”, disparó.
El juez se refirió también a su decisión de declarar constitucionales los mínimos de las escalas penales (cuatro años para la comercialización y seis para la figura agravada), sin tomar en cuenta lo resuelto por el TSJ en el precedente “Loyola”.
Cabe recordar que, por mayoría, en octubre del año pasado el Alto Cuerpo fijó una pena en abstracto de tres a diez años para esos delitos. Aída Tarditti, Sebastián López Peña, Domingo Sesin y María de las Mercedes Blanc de Arabel señalaron que la decisión del Congreso de sustraerlos de la competencia Federal obedece a que los consideró de menor gravedad.
Por consiguiente, entendieron que la falta de reflejo de esa circunstancia en una menor escala configuró una “omisión legislativa”, lo que determinaba su desproporcionalidad.
La minoría -integrada por María Marta Cáceres de Bollati, Luis Rubio y Carlos García Allocco-, en consonancia con otras posturas jurisprudenciales, argumentó que la desfederalización del comercio minorista no evidenció un cambio de valoración sobre la gravedad del delito, sino que se debió a una variación de la política criminal, para darle mayor eficacia a la persecución del “último eslabón”.
El camarista siguió el punto de vista del voto minoritario y precisó que a escasos días del pronunciamiento de la Máxima Instancia local el Congreso ratificó el mínimo y aumentó el monto punitivo relativo a la pena conjunta de multa para el tipo delictivo. “Esta manifestación parlamentaria corrobora de manera clara y contundente la intensión legislativa no solo de mantener la escala penal prevista para este flagelo social, sino de profundizar y continuar batallando en contra de este tipo conductas”, subrayó.
Los conceptos de Ispani se basan en datos de la realidad cordobesa. Actualmente, la mayoría de los procedimientos por drogas los lleva adelante el Poder Judicial provincial y hace años que los peces gordos se le escapan al fuero federal.
Cuando Ispani dictó su sentencia, el fiscal de Cámara Marcelo Hidalgo también le pasó factura a las fuerzas federales y pidió que “hagan lo que deben hacer”.
En tanto, en referencia a la tarea que lleva adelante el fuero especializado y la FPA, sostuvo que el esfuerzo es “gigantesco” y destacó los avances que se dieron en la investigación para desbaratar a la banda que operaba entre los barrios General Bustos y Residencial América, que permitieron “salir del molde”, dejar de lado el abordaje “caso por caso” y dar con los proveedores, afirmando que el nuevo enfoque se proyectará a otras instrucciones.